El Gobierno reabre la lucha contra la corrupci¨®n en los ayuntamientos

La lucha contra la corrupci¨®n ser¨¢ uno de los objetivos prioritarios de los nuevos ayuntamientos que se constituyeron el pasado s¨¢bado. El Gobierno quiere facilitar los instrumentos legales para que ese empe?o sea m¨¢s eficaz. El ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, retomar¨¢ esta misma semana las conversaciones con los partidos para aprobar antes de que acabe la legislatura la reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local. En su intento anterior, la crispaci¨®n pol¨ªtica le hizo desistir. Esta ley, junto con la reci¨¦n estrenada Ley del Suelo, ofrecer¨¢ mecanismos de democratizaci¨®n municipal y medidas directas contra la corrupci¨®n. El ministro plantear¨¢ propuestas para garantizar la financiaci¨®n local, cuya insuficiencia ha abierto paso a las irregularidades.

Una vez pasadas las elecciones municipales y constituidos los nuevos ayuntamientos, el ministro de Administraciones P¨²blicas se reunir¨¢ esta semana con la directiva de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes de los partidos para tratar de sacar adelante, en lo que queda de legislatura, la reforma de Ley de Bases de R¨¦gimen Local, aparcada desde fines de a?o, en el arranque en el periodo preelectoral.

El primer problema de los ayuntamientos es su insuficiencia financiera, origen de numerosas irregularidades urban¨ªsticas. Son numerosos los casos y han afectado a municipios como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx. En estas y otras localidades, empresarios de la construcci¨®n y la promoci¨®n inmobiliaria han pagado comisiones a miembros de los equipos municipales a cambio de tratos de favor.

Sevilla pretende, en la renegociaci¨®n de la Ley de Bases con los partidos y la FEMP, introducir una cl¨¢usula espec¨ªfica que garantice la participaci¨®n de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades aut¨®nomas. "Los ayuntamientos quieren que su financiaci¨®n est¨¦ regulada por una ley del Estado y no depender de la voluntad de las comunidades aut¨®nomas", se?ala Sevilla.

Paralelamente, con motivo de la inminente negociaci¨®n de la financiaci¨®n auton¨®mica entre todas las comunidades, Administraciones P¨²blicas tambi¨¦n pretende que la consiguiente reforma de la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) recoja y precise esta participaci¨®n municipal en la ley de financiaci¨®n auton¨®mica. El ministro plante¨® la propuesta en la Comisi¨®n Delegada de Asuntos Econ¨®micos de la pasada semana y fue tenida en cuenta por el vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes.

La participaci¨®n municipal en los ingresos de las comunidades se justifica en que el 30% del gasto de las corporaciones corresponde al ejercicio de competencias propias de las comunidades, que en la pr¨¢ctica se ven obligados a ejercer los ayuntamientos. Sevilla est¨¢ convencido de que su interlocutora del PP, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, respaldar¨¢ la propuesta, ya que coincide con la "segunda descentralizaci¨®n" -de las comunidades aut¨®nomas a los municipios- que en 2002 plante¨® Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, entonces presidente del Gobierno.

Adem¨¢s de garantizar la financiaci¨®n a los ayuntamientos, Sevilla concede especial importancia, como instrumentos en la lucha contra la corrupci¨®n, a las medidas de democratizaci¨®n municipal y de control del poder, que recoger¨¢ la nueva ley, y que se complementar¨¢n con las de la Ley del Suelo, reci¨¦n aprobada y que entrar¨¢ en vigor a finales de mes. Los nuevos ayuntamientos contar¨¢n con estos instrumentos.

As¨ª, la ley endurece las incompatibilidades de los concejales y las iguala a las de los miembros de las Administraciones central y auton¨®mica. Los ediles, tras su cese, no podr¨¢n desempe?ar durante dos a?os sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. De este modo, se evitar¨ªan casos como el del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herr¨¢ez, del PP, que al cesar en su cargo fich¨® a la semana siguiente como vicepresidente de una constructora. Herr¨¢ez, a pesar de su pol¨¦mica decisi¨®n, no conculc¨® la ley al no existir una legislaci¨®n de incompatibilidades que afecte a los concejales.

Para combatir la corrupci¨®n se favorecer¨¢ la transparencia y ser¨¢n los plenos municipales, y no los equipos de gobierno, los que aborden las licencias urban¨ªsticas, las permutas de terrenos y los convenios urban¨ªsticos entre promotores o propietarios y el Gobierno municipal. Esta medida se complementa con un registro de ediles tr¨¢nsfugas que controlar¨¢ Administraciones P¨²blicas.

La Ley de Bases de R¨¦gimen Local ampl¨ªa el control sobre el poder municipal con medidas como la concesi¨®n a la minor¨ªa de la oposici¨®n de la exigencia de responsabilidad pol¨ªtica al gobierno municipal. De tal modo que, adem¨¢s de los concejales, tengan que responder en pleno o comisi¨®n, si la minor¨ªa lo requiere, los directivos de los organismos p¨²blicos y de servicios municipales. Los ciudadanos tambi¨¦n podr¨¢n presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con excepci¨®n de las fiscales, antes de que se aprueben en pleno.

La regulaci¨®n de la iniciativa popular tambi¨¦n figura en el proyecto de ley. Los ciudadanos podr¨¢n presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal. Bastar¨¢ con el 20% de la poblaci¨®n de los municipios de hasta 5.000 habitantes. El texto recoge la posibilidad de la consulta popular ante asuntos de competencia municipal propia y de car¨¢cter relevante si bien requiere autorizaci¨®n previa de la mayor¨ªa del pleno y del Gobierno aut¨®nomo.