La Euroc¨¢mara expresa su "m¨¢s en¨¦rgica condena" al dislate urban¨ªstico espa?ol

El Parlamento Europeo conden¨® ayer de nuevo los dislates urban¨ªsticos en Espa?a, encarnados en el enladrillado de la costa mediterr¨¢nea. La resoluci¨®n —propuesta por socialistas, liberales, verdes e izquierda, y carente de valor vinculante— expresa su "m¨¢s en¨¦rgica condena y oposici¨®n a los macroproyectos de urbanizaci¨®n" en Espa?a y advierte de la indefensi¨®n que sufren los residentes espa?oles y europeos.

La censura de la Euroc¨¢mara a las pr¨¢cticas urban¨ªsticas en Espa?a -que se aprob¨® por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones— se sostiene en el informe aprobado el pasado mes de abril por la Comisi¨®n de Peticiones y cuyo contenido sirvi¨® como base del debate celebrado el pasado martes en el Parlamento.

Las pesquisas de los europarlamentarios en torno al urbanismo en Andaluc¨ªa, Madrid y Valencia fueron motivadas por las quejas de ciudadanos que se ve¨ªan obligados a ceder propiedades adquiridas legalmente y a sufragar lo que consideraban costes arbitrarios por la urbanizaci¨®n de los terrenos. Durante la inspecci¨®n, los europarlamentarios se toparon con un peculiar urbanismo espa?ol de "proyectos que no responden a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad hist¨®rica y cultural de las zonas afectadas", como se?ala la resoluci¨®n aprobada ayer.

La Euroc¨¢mara "expresa su m¨¢s en¨¦rgica condena y oposici¨®n a las macroproyectos de urbanizaci¨®n" y pone "en tela de juicio los m¨¦todos de selecci¨®n de los promotores y agentes urbanizadores, as¨ª como las competencias, a menudo excesivas, que en la pr¨¢ctica les otorgan las autoridades locales" a expensas de los intereses del ciudadano.

La resoluci¨®n pinta un cuadro de Salvaje Oeste al hablar de corrupci¨®n en la administraci¨®n local y de "interferencias en el registro de la propiedad".

Tambi¨¦n recuerda el Parlamento los procedimientos de infracci¨®n abiertos por la Comisi¨®n Europea ante las deficiencias en la contrataci¨®n p¨²blica de proyectos urban¨ªsticos en la Comunidad Valenciana, que llevar¨¢n la pr¨®xima semana a Espa?a al Tribunal de Justicia de la UE, y propone soluciones. La primera es reclamar "a las autoridades espa?olas, a los gobiernos auton¨®micos y, en particular al valenciano, que reconozcan el derecho leg¨ªtimo de las personas a su propiedad adquirida legalmente y establezcan por ley criterios m¨¢s precisos para la aplicaci¨®n del art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n espa?ola con respecto a la utilidad p¨²blica y el inter¨¦s social, con el fin de prevenir y prohibir que las decisiones de las autoridades locales y regionales vulneren los derechos de propiedad de las personas".

Los eurodiputados instan, adem¨¢s, a la creaci¨®n de "comisiones especiales que cuenten con la participaci¨®n de los defensores del pueblo locales" y dotadas de "poderes de arbitraje sobre los conflictos relacionados con los proyectos urban¨ªsticos". Finalmente, piden que en caso de expropiaci¨®n, las compensaciones se efect¨²en a partir de "tasaciones adecuadas y conformes a la jurisprudencia" europea. Para un PP dolido, la resoluci¨®n "es una invasi¨®n de competencias sin precedentes de la Euroc¨¢mara, que busca sustituir decisiones de Parlamentos auton¨®micos, del Parlamento espa?ol e incluso del Tribunal Constitucional", dijo ayer el eurodiputado popular Carlos Iturgaiz. El valenciano Juan Manuel Garc¨ªa-Margallo subray¨® que los ciudadanos apoyaron el pasado 27-M al PP con mayor¨ªas absolutas en Madrid y Valencia.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, respondi¨® que cada vez m¨¢s ciudadanos reclaman un urbanismo sensato, y lament¨® que haya otros que con su voto "parecen haber aceptado" el modelo de urbanismo insostenible que denuncia la UE. La Generalitat Valenciana insisti¨® en que se cumple la legalidad urban¨ªstica.