La indiferencia de los vecinos

El esc¨¢ndalo de RCTV en Venezuela comprende varias aristas. Desde la sorprendente movilizaci¨®n de estudiantes de universidades p¨²blicas y privadas en contra del cierre, hasta la inesperada tibieza de la comunidad internacional, e incluyendo la creciente estridencia de Hugo Ch¨¢vez: hay mucha tela de donde cortar. Pero tres facetas dominan a las dem¨¢s: primero, lo que sucedi¨® en los hechos con el canal de televisi¨®n; segundo, la reacci¨®n de varios sectores de la izquierda internacional; y en tercer lugar, la ausencia de reacci¨®n de los gobiernos de la regi¨®n.

Lo que sucedi¨® en Caracas es muy claro, y el exceso de explicaciones brindadas por el Gobierno de Ch¨¢vez disipa cualquier duda que pudiera subsistir. Efectivamente, un Gobierno tiene el derecho de no renovar una concesi¨®n cuando ¨¦sta se vence; pero Ch¨¢vez anunci¨® desde diciembre que no iba a renovar la de RCTV por dos razones expl¨ªcitas y una t¨¢cita: primero, la complicidad de la televisora con el golpe de Estado de abril de 2002; segundo, el car¨¢cter lamentable, antipatri¨®tico y de vil basura, seg¨²n ¨¦l, de los contenidos de la empresa; tercero y subliminalmente, su postura cr¨ªtica ante el Gobierno. Las dos primeras razones caen por su propio peso; queda en realidad la tercera.

Suponiendo que hubiera sido delito la complicidad con el golpe de 2002 y suponiendo que el c¨®digo penal venezolano castigara ese comportamiento, el Gobierno debi¨® de haber denunciado el delito en el momento y no cinco a?os despu¨¦s, y no s¨®lo contra uno de los c¨®mplices, sino contra todos, incluyendo empresas como Venevisi¨®n, que en ese momento fue tan adversaria de Ch¨¢vez como RCTV. Sin embargo, la licencia de Venevisi¨®n fue renovada en fast track hace un mes. La segunda raz¨®n tampoco se sostiene: las dem¨¢s televisoras venezolanas no son precisamente la BBC o ARTE, pero s¨®lo RCTV fue sacada del aire. Ch¨¢vez hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer: eliminar a uno de los principales focos masivos de oposici¨®n a su socialismo del siglo XXI.

Para cualquiera que hubiera esperado que el paso del tiempo, el advenimiento de la democracia, y la renovaci¨®n generacional transformar¨ªan ipso facto a la izquierda latinoamericana, no puede ser m¨¢s que decepcionante su postura frente al caso RCTV. Gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, y Evo Morales en Bolivia todos aplaudieron la decisi¨®n de Ch¨¢vez, sin hablar, por supuesto, del r¨¦gimen de La Habana. En M¨¦xico, el PRD, dentro de sus infinitas divisiones, o bien apoy¨® abiertamente el cierre de la televisora o bien acept¨® las explicaciones chavistas. Fueron muy pocos los integrantes de la izquierda latinoamericana, en su acepci¨®n m¨¢s amplia, que le hayan puesto el cascabel al gato: se trata de un caso de libertad de expresi¨®n y de censura autoritaria. El contenido de la expresi¨®n y el recurso a argucias legales arbitrarias no debieran convencer a militantes o intelectuales de izquierda que padecieron y combatieron esos mismos fen¨®menos en su propio pa¨ªs durante tantos a?os. Lo ¨²nico que falta es que retroactivamente la izquierda latinoamericana apruebe la censura y represi¨®n de la derecha de anta?o... por haberse llevado a cabo de acuerdo con la letra de la ley. Lo m¨¢s preocupante, sin embargo, es lo que esta postura significa para pa¨ªses donde esa izquierda gobierna, o aspira a hacerlo. ?Qu¨¦ le espera a una oposici¨®n medi¨¢tica masiva, en ocasiones irresponsable y a veces incluso incendiaria?

Sobre todo a la luz de la tibia y timorata reacci¨®n latinoamericana. De un tiempo a esta parte, los pa¨ªses de la regi¨®n hab¨ªan fortalecido las instituciones regionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, y crearon nuevos instrumentos de defensa de la democracia, de manera muy destacada la Carta Democr¨¢tica Interamericana (CDI), firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Cada vez m¨¢s, los gobiernos de la regi¨®n y la comunidad internacional en su conjunto han reconocido que las violaciones a los derechos humanos fundamentales son objeto de una normatividad internacional que rebasa el ¨¢mbito de la soberan¨ªa. El cierre de RCTV no es un asunto interno de Venezuela, o por lo menos eso parec¨ªan pensar los reg¨ªmenes de la regi¨®n hasta hace poco. Ya no.

En efecto, muchas voces se han alzado en los ¨²ltimos d¨ªas para lamentar la pasividad y el silencio latinoamericano al respecto. Publicaciones como The Economist y The Financial Times en Europa, el ex presidente del Per¨², Alejandro Toledo, en un art¨ªculo publicado en The New York Times, el periodista argentino-americano Andr¨¦s Oppenheimer, y muchos m¨¢s, han criticado la indiferencia de la comunidad internacional y regional ante la acci¨®n de Ch¨¢vez. Citan justamente el primer p¨¢rrafo del art¨ªculo cuatro de la CDI, firmada por Venezuela, contra la censura o el acotamiento de la libertad de expresi¨®n. Se?alan que la indiferencia de los vecinos regionales de Ch¨¢vez s¨®lo podr¨¢ alentar al propio Ch¨¢vez y a sus correligionarios en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y algunos otros pa¨ªses, para perseverar por este sendero.

Desgraciadamente, la principal censura a la censura provino de Estados Unidos, tanto en la Asamblea General de la OEA celebrada en Panam¨¢, como en los medios y otras instituciones. Ciertos grupos legislativos -el Senado brasile?o, la C¨¢mara de Diputados en M¨¦xico- manifestaron su desacuerdo con la decisi¨®n chavista, pero en su gran mayor¨ªa, los gobiernos de la regi¨®n -que debieron haberse expresado de manera clara y contundente- no lo han hecho.

Dos casos destacan por su importancia. El primero, por las dimensiones del pa¨ªs y por la trayectoria anti-autoritaria de sus gobernantes, es Brasil. La declaraci¨®n de Lula recientemente en Alemania no puede m¨¢s desconcertar a cualquiera que lo haya admirado por su combate a la dictadura militar de su pa¨ªs desde lo a?os ochenta: "El mismo Estado que da una concesi¨®n es un Estado que puede no dar una concesi¨®n". Partiendo de los enormes intereses econ¨®micos de Brasil en Venezuela, y de la supuesta afinidad ideol¨®gica de la izquierda brasile?a con el bolivarianismo chavista, tal vez se explica, aunque no se justifica, esta ins¨®lita postura.

Pero la situaci¨®n de M¨¦xico es quiz¨¢s m¨¢s incomprensible y lamentable, ya que en teor¨ªa un Gobierno compuesto esencialmente por integrantes de un partido que fue v¨ªctima de este tipo de atropellos durante m¨¢s de medio siglo, deber¨ªa ser el primero en denunciarlos en otras latitudes. Por desgracia, el Gobierno de Felipe Calder¨®n ha conservado un ensordecedor silencio frente a los acontecimientos en Caracas, buscando a toda costa evitar un nuevo enfrentamiento verbal con su hom¨®logo venezolano. Es evidente que la actual restauraci¨®n pri¨ªsta en materia de pol¨ªtica exterior puede m¨¢s que la tradici¨®n democr¨¢tica panista, y que para Calder¨®n el af¨¢n de deslindarse de su predecesor en la presidencia tiene prioridad sobre las convicciones democr¨¢ticas. Es una l¨¢stima, porque si Brasil y M¨¦xico no dicen esta boca es m¨ªa, nadie m¨¢s lo har¨¢; y si nadie lo hace, se abre el camino para que otros sigan el ejemplo de Ch¨¢vez.

Jorge Casta?eda fue secretario de Relaciones Exteriores de M¨¦xico desde 2000 a 2003 y es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.