El Senado cita al vicepresidente Cheney por escuchas ilegales
Un comit¨¦ de la C¨¢mara alta de EE UU convoca a altos cargos de la Casa Blanca
El comit¨¦ de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos remiti¨® ayer formalmente solicitudes de comparecencia para prestar testimonio bajo juramento a la Casa Blanca, a la oficina del vicepresidente, Dick Cheney, al Consejo Nacional de Seguridad y al Departamento de Justicia en relaci¨®n con un caso de escuchas telef¨®nicas sin autorizaci¨®n judicial. Pese a ello, hay prerrogativas legales que permiten al presidente bloquear estas comparecencias.
Se trata de uno de los muchos casos de actuaci¨®n sospechosa en los que se encuentra envuelta esta Administraci¨®n como secuela de su estrategia de lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Casos como ¨¦ste, que ahora empiezan a volverse contra el Gobierno de George W. Bush y que pueden llegar a convertir sus ¨²ltimos meses de gesti¨®n en una aut¨¦ntica pesadilla.
Particularmente para Cheney, a quien todos identifican como el poder en la sombra de este periodo y contra el que se dirigen los dardos m¨¢s envenenados. Adem¨¢s de la citaci¨®n de ayer, el vicepresidente puede encontrarse hoy con una petici¨®n de la mayor¨ªa dem¨®crata de la C¨¢mara de Representantes para que se le corten los fondos hasta que acceda a revelar a los organismos pertinentes qu¨¦ documentos tiene archivados como secretos. ?se es otro episodio delicado que muestra el secretismo de estos gobernantes.
Pero el que surgi¨® ayer, el de las escuchas, tiene de por s¨ª suficiente carga explosiva. El comit¨¦ de Asuntos Judiciales del Senado est¨¢ trabajando en la investigaci¨®n de un programa de escuchas telef¨®nicas que la Casa Blanca puso en marcha despu¨¦s del 11-S sin el apoyo expreso del Departamento de Justicia, encabezado entonces por John Ashcroft.
Ese comit¨¦ ha o¨ªdo ya testimonios que revelan que la Casa Blanca presion¨® a trav¨¦s del entonces asesor legal, Alberto Gonzales, para que legalizaran el programa. La propia presidencia lo hizo finalmente sin autorizaci¨®n de Justicia, aunque lo corrigi¨® despu¨¦s para evitar las dimisiones con las que amenazaban Ashcroft y todo su equipo.
El comit¨¦ del Senado estaba buscando responsabilidades por este asunto sin conseguir avances por el permanente obstruccionismo de los responsables en el entorno presidencial.
Prerrogativas
El presidente del comit¨¦, el dem¨®crata Patrick Leahy, ha decidido finalmente cortar por lo sano y mandar citaciones a los cuatro estamentos involucrados. "Nuestros intentos para obtener informaci¨®n a trav¨¦s de testimonios de testigos de la Administraci¨®n s¨®lo han encontrados evasivas", dijo ayer Leahy. Eso no significa que los citados vayan ahora a declarar.
El presidente puede hacer uso de prerrogativas legales que le permiten proteger a sus colaboradores ante este tipo de declaraciones, y es muy probable que las utilice. "Es desafortunado que los dem¨®cratas en el Congreso sigan escogiendo la v¨ªa de la confrontaci¨®n", coment¨® ayer un portavoz de la Casa Blanca, anticipando lo que va a ser la respuesta oficial.
Hace apenas unas semanas, la Casa Blanca ya se opuso a la comparecencia ante el mismo comit¨¦ de Asuntos Judiciales del principal asesor presidencial, Karl Rove, en relaci¨®n con el caso de los ocho fiscales despedidos por razones pol¨ªticas.
Como se ve, la madeja de asuntos oscuros sobre los que tiene que responder esta Administraci¨®n se enreda constantemente. Cada d¨ªa aparece un nuevo caso que deja en evidencia hasta qu¨¦ punto Bush ha gobernando en el l¨ªmite justo de la ley, sino m¨¢s all¨¢.
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