No fue detenci¨®n ilegal

El derecho no es una ciencia exacta, pero lo razonable era esperar que el Tribunal Supremo saliera al paso del descomunal disparate jur¨ªdico de considerar detenci¨®n ilegal la actuaci¨®n policial en el caso de los dos militantes del Partido Popular, inicialmente sospechosos de agredir al entonces ministro de Defensa, Jos¨¦ Bono, durante una manifestaci¨®n convocada en 2005 por la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) y a la que dieron su apoyo los ¨®rganos directivos de los populares madrile?os. La Sala Segunda del Supremo ha anulado por una amplia mayor¨ªa de cuatro magistrados frente a uno -incluido entre los primeros el presidente de la Sala- la estrafalaria y jur¨ªdicamente insustancial sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que conden¨® a penas de entre tres y cinco a?os de prisi¨®n a los tres polic¨ªas que actuaron en aquella ocasi¨®n para esclarecer el supuesto delito cometido contra Bono.

A pesar de la inmediata y acerada campa?a desatada por el PP contra la actuaci¨®n de la polic¨ªa -alg¨²n alto dirigente lleg¨® a compararla con la Gestapo-, era dif¨ªcil hacer pasar por ilegal una actuaci¨®n policial cuyo objetivo era esclarecer un posible delito. Y m¨¢s todav¨ªa si se tiene la atenci¨®n -algo que casa mal con una detenci¨®n ilegal- de citar telef¨®nicamente a los sospechosos para que presten declaraci¨®n en comisar¨ªa, acompa?ados de su abogado, de enviarles un coche policial a su domicilio y de retornarles nuevamente a ¨¦l una vez concluida la diligencia. No es, desde luego, esa cortes¨ªa extrema el modo habitual de comportarse de la polic¨ªa con los sospechosos de cometer un delito, siendo irrelevante, como sucedi¨® con los militantes del PP, que su declaraci¨®n no confirmara las iniciales sospechas y fueran puestos en libertad cuatro horas despu¨¦s.

Una vez anulada la sentencia de la Audiencia de Madrid, las cosas vuelven donde corresponde en un terreno tan esencial para la seguridad ciudadana y el orden p¨²blico como la actuaci¨®n policial frente al delito. El error de esa sentencia fue aplicar de manera indebida a la polic¨ªa un tipo delictivo -la detenci¨®n ilegal- especialmente dise?ado para los particulares y que la polic¨ªa s¨®lo puede cometer cuando act¨²a "fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito". En la no aclarada agresi¨®n a Bono hubo indicios de delito, por lo que la actuaci¨®n policial entraba dentro de los casos permitidos por la ley. Lo inaceptable es que el PP pasara por alto este elemental an¨¢lisis jur¨ªdico y se lanzara a una campa?a de desprestigio policial que en un partido conservador, defensor de la ley y el orden, resultaba rid¨ªcula. De m¨¢s grave que rid¨ªcula, sin embargo, cabe tachar la estrategia del partido de Rajoy de judicializar la pol¨ªtica manejando sin reparo jueces y sentencias para desgastar al Gobierno y a sus ministros. A Alonso, responsable de Interior cuando sucedieron los hechos, se le exigi¨® desaforadamente la dimisi¨®n; Constantino M¨¦ndez, delegado del Gobierno en Madrid, la present¨® y dej¨® el cargo. Alguien deber¨ªa ahora pagar por ello.