Los derechos civiles de los musulmanes

A los dos a?os del dictamen realizado, en junio de 2005, por la Comisi¨®n de Investigaci¨®n del Congreso de los Diputados sobre los atentados del 11-M, y en la recta final del juicio por la misma causa, hay que lamentar que algunas conclusiones importantes de aquel trabajo parlamentario no hayan progresado un ¨¢pice. Dado mi total desconocimiento de los asuntos de seguridad, mi reflexi¨®n se centra en las recomendaciones realizadas por la Comisi¨®n en relaci¨®n con la pol¨ªtica cultural y religiosa, y en particular en lo relativo a los derechos civiles de los ciudadanos musulmanes.

La creciente presencia del islam en Espa?a genera recelos entre amplios sectores de la poblaci¨®n, recelos agravados por los terribles atentados de Atocha. ?ste es un hecho que no podemos pasar por alto, y que debemos esforzarnos por resolver lo antes posible. La integraci¨®n pasa por una doble v¨ªa. Por un lado, debemos trabajar por la difusi¨®n positiva entre los musulmanes de los valores comunes que hacen ciudadan¨ªa: democracia, derechos humanos, libertad de conciencia e igualdad de g¨¦nero. En este punto, nuestra visi¨®n coincide con los cr¨ªticos de cierto multiculturalismo. No es v¨¢lido el invocar el derecho a la diferencia cultural para vulnerar estos principios, que como fundamento de la convivencia son innegociables. Ante cualquier vulneraci¨®n de la legalidad, la acci¨®n policial y judicial debe ser rigurosa.

Por otro lado, debemos trabajar en la normalizaci¨®n del islam como una opci¨®n espiritual m¨¢s dentro del espacio laico. En este sentido, constituyen un referente de primer orden las recomendaciones de la Comisi¨®n del 11-M, su llamada a promover la integraci¨®n social, econ¨®mica y cultural de la comunidad musulmana en Espa?a.

La primera de estas recomendaciones es el desarrollo integral de los Acuerdos de Cooperaci¨®n firmados por el Estado espa?ol y la Comisi¨®n Isl¨¢mica de Espa?a. Se trata de una ley de m¨¢ximo nivel, ratificada por el Parlamento y firmada por su Majestad el Rey en 1992. A trav¨¦s de 14 art¨ªculos se abordaron asuntos clave: el estatuto de los dirigentes religiosos isl¨¢micos e imames; la asistencia religiosa en el ej¨¦rcito, centros penitenciarios, hospitales y establecimientos p¨²blicos; la protecci¨®n jur¨ªdica de las Mezquitas o lugares de culto; la atribuci¨®n de efectos civiles al matrimonio celebrado seg¨²n el rito isl¨¢mico; la ense?anza religiosa en los centros docentes p¨²blicos y concertados; la conmemoraci¨®n de festividades religiosas; la regulaci¨®n de enterramientos y cementerios; el registro del sello de garant¨ªa de alimentos Halal; la participaci¨®n de las comunidades musulmanas en la conservaci¨®n del patrimonio hist¨®rico y art¨ªstico isl¨¢mico.

Esta ley fue saludada en su momento como un hito. A pesar de estar desfasada en algunos puntos, nos ofrece un excelente marco para lograr la tan ansiada integraci¨®n. Tras los atentados de Atocha, se ha hecho evidente la necesidad de aplicar estos derechos, no s¨®lo porque se trata de una ley, sino tambi¨¦n por motivos de seguridad. Otorgar al islam un lugar digno dentro de nuestra sociedad es el mecanismo m¨¢s eficaz para aislar a los violentos.

Sin embargo, y a pesar de la urgencia que esto representa, la lectura de los acuerdos pone en evidencia que no han sido hechos efectivos. Quince a?os despu¨¦s de su firma, constatamos que el desarrollo de la libertad religiosa de los ciudadanos musulmanes est¨¢ en una situaci¨®n precaria. Gozamos de un marco jur¨ªdico apropiado, pero no de los instrumentos necesarios ni de la voluntad pol¨ªtica para su consiguiente desarrollo. Una cosa es enunciar derechos, y otra muy distinta favorecer su cumplimiento.

Sabemos que existen sectores contrarios al reconocimiento de los derechos civiles de los ciudadanos musulmanes, que invocan el peligro que el islam puede suponer para la convivencia. Frente a estas posturas, los dem¨®cratas debemos tener muy claro cuales son los t¨¦rminos reales del problema. El discurso que se?ala a "los musulmanes" como un problema est¨¢ negando el hecho de que "los musulmanes" no son una masa, sino ciudadanos sujetos a la norma com¨²n, y cuya plena participaci¨®n pasa por el reconocimiento de sus deberes y derechos.

La libertad de religi¨®n y de conciencia es uno de los valores que hemos calificado como innegociable, un sine qua non de la democracia. Si esto es as¨ª, ?c¨®mo podemos explicar a los ciudadanos de confesi¨®n musulmana la vulneraci¨®n de sus derechos religiosos? ?C¨®mo podemos negar la apertura de una mezquita en nombre de una libertad que se siente amenazada, cuando es esta misma libertad la que deber¨ªa garantizar el derecho a abrir una mezquita? ?C¨®mo podemos negar derechos que son inherentes a la ciudadan¨ªa, y precisamente en nombre de esos mismos derechos, de ese mismo concepto de ciudadan¨ªa?

Tras la conmoci¨®n del 11-M, es comprensible que el Estado haya centrado su respuesta en el aspecto policial. Sin embargo, debemos ser conscientes de que se trata de una respuesta insuficiente. Como puso de manifiesto la Comisi¨®n del 11-M, es precisamente la discriminaci¨®n lo que conduce a las comunidades a adoptar actitudes victimistas, a darle la espalda a una sociedad en la cual no son reconocidos como ciudadanos. El desarrollo de los derechos civiles de las minor¨ªas es el mejor mecanismo para hacerlas part¨ªcipes del consenso colectivo. Si nuestros derechos religiosos no son respetados por el propio Estado, ?qu¨¦ autoridad moral puede tener para reclamar nuestros deberes?

Abdennur Prado es presidente de Junta Isl¨¢mica Catalana y autor del libro El islam en democracia.