Problema de Estado

La estad¨ªstica es terrible: como media, cada semana mueren tres trabajadores en los tajos espa?oles. Tan siniestro balance se aceler¨® durante la semana pasada con dos nuevos muertos en el estadio Vicente Calder¨®n, de Madrid, mientras desmontaban el escenario del concierto de los Rolling Stones y con cuatro muertos en la cementera de la multinacional Holcim en Carboneras (Almer¨ªa). Otro trabajador muri¨® el primer domingo de julio en el t¨²nel de circunvalaci¨®n de las torres en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Esta acumulaci¨®n tr¨¢gica de accidentes en un corto periodo de tiempo sit¨²a de nuevo a la sociedad espa?ola ante la responsabilidad de poner fin a la verg¨¹enza de la siniestralidad laboral, que se repite una y otra vez sin que los gobiernos y las empresas sean capaces de aplicar un remedio eficaz.

Sin embargo, los diagn¨®sticos ya est¨¢n hechos. Los casos del Vicente Calder¨®n y Carboneras, aparentemente tan distintos, tienen en com¨²n el elevado n¨²mero de subcontratas -en el desmontaje del concierto participaban hasta 10 empresas-, con la confusi¨®n y la falta de planificaci¨®n que cabe imaginar. Los sindicatos llevan d¨¦cadas denunciando la clamorosa conexi¨®n entre subcontratas y accidentes de trabajo, a pesar de lo cual las tibias normas que limitan el n¨²mero de empresas que pueden subcontratarse ni siquiera se aplican con rigor. Si, adem¨¢s, las empresas agobian a t¨¦cnicos, capataces y peones para que ejecuten tareas complejas y peligrosas de forma acelerada, ya tenemos casi completo el cuadro de factores que explican la persistencia en Espa?a de una siniestralidad muy por encima de la media europea.

Las circunstancias de las muertes en las obras deben investigarse a fondo. Va de suyo. Pero el esfuerzo principal debe encaminarse a evitar muertes y lesiones. Por esa raz¨®n, un tratamiento serio contra los accidentes laborales debe empezar por un plan de choque de la Administraci¨®n que al menos triplique la plantilla de los inspectores de Trabajo, con instrucciones precisas para que act¨²en con toda la severidad de la ley en la denuncia de las empresas responsables de incumplir o regatear las normas m¨¢s estrictas de seguridad. Y debe continuar con la acci¨®n implacable de los fiscales en la persecuci¨®n penal de las negligencias laborales. Las muertes en el tajo son hoy un problema de Estado, y mientras no se vuelque todo el peso pol¨ªtico y administrativo de la naci¨®n en acabar con ellas, la sociedad espa?ola tendr¨¢ que sufrir esta tragedia, y este bochorno.