El alcalde y el edil imputados en Alhaur¨ªn fijaron una "tasa de soborno" a promotores
Seg¨²n la polic¨ªa, cobraban 80 euros por metro y 6.000 por vivienda de m¨¢s que permit¨ªan
El alcalde de Alhaur¨ªn el Grande, Juan Mart¨ªn Ser¨®n, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, llegaron a fijar una "tasa de soborno" para permitir a determinados promotores de la ciudad construir con mayor edificabilidad de la estipulada en la normativa municipal: 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de m¨¢s y 6.000 euros por cada vivienda extra eran el baremo para las d¨¢divas, seg¨²n consta en un informe policial en el que se concluye que ambos tejieron una red de corrupci¨®n "generalizada" y "prolongada en el tiempo en el municipio malague?o.
Mart¨ªn Ser¨®n y Guerra, ambos del PP, est¨¢n imputados de presuntos delitos de prevaricaci¨®n y cohecho. Tambi¨¦n est¨¢n encausados 19 promotores, el asesor jur¨ªdico y el arquitecto municipal, que con sus informes t¨¦cnicos favorables a los incrementos de los aprovechamientos urban¨ªsticos, colaboraron en la red, y el propietario de una empresa constructora con el que el alcalde mantiene una estrecha relaci¨®n y que era la encargada de cobrar los cohechos, siempre en efectivo y nunca a cambio de factura, todo lo m¨¢s un recib¨ª.
El informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol, existen datos contundentes y objetivos que "acreditan, sin ambages, la existencia generalizada, extendida y prolongada en el tiempo, de una situaci¨®n de evidente corrupci¨®n vinculada al Ayuntamiento de Alhaur¨ªn el Grande, instalada en pr¨¢ctica habitual de la gesti¨®n urban¨ªstica llevada a cabo por el t¨¢ndem formado por el alcalde y su concejal de Urbanismo".
En los registros practicados en el despacho de Gregorio Guerra, la polic¨ªa intervino un documento manuscritos y un archivo inform¨¢tico, en los que se relacionan una serie de promociones urban¨ªsticas con datos de la superficie del suelo, el ¨ªndice de edificabilidad aplicable seg¨²n la normativa municipal, el n¨²mero de viviendas correspondiente y los finalmente autorizados. Todos ellos con una cantidad de dinero, la inscripci¨®n pagado, pagado todo o pendiente y el nombre de una persona o entidad. En el primero de la lista, figuran dos proporciones: 80 euros/metro cuadrado de techo y 6.000 euros/1 vivienda.
Del an¨¢lisis de todos los proyectos relacionados y su cotejo con los expedientes urban¨ªsticos correspondientes, la polic¨ªa ha podido concluir que dichas cantidades eran la "tasa del soborno" que el alcalde y el concejal de Urbanismo hab¨ªan fijado y aplicaban en todos los casos. Y as¨ª concuerdan en 14 expedientes analizados por los agentes, en los que se pudieron exigir comisiones por un total no inferior a 700.000 euros, cantidades seg¨²n la polic¨ªa no se justifican porque no tienen correspondencia con las tarifas de las licencias de obras.
Un primer ejemplo es el de Juan Burgos, el promotor por cuya denuncia se inici¨® la investigaci¨®n en noviembre de 2006, y que fue autorizado a construir 14 viviendas en un solar donde la normativa s¨®lo posibilitaba 4,5 y a quien el concejal de Urbanismo pidi¨® a cambio 122.600 euros. El incremento permitido fue de 820 metros cuadrados de techo edificado, que multiplicado por 80 euros suma 65.600 euros, y 9,5 viviendas de m¨¢s que a raz¨®n de 6.000 euros por cada una hacen 57.000 euros. En total, los 122.600 euros exigidos que el concejal de Urbanismo pidi¨® que fueran entregados a Conextram, la empresa de Manuel M¨¢rquez, amigo del alcalde que lleg¨® a figurar como suplente en la candidatura municipal del PP y cuya mujer trabaja en la gestor¨ªa que dirige la esposa de Mart¨ªn Ser¨®n.
Este mismo c¨¢lculo coincide en el resto de proyectos analizados por la polic¨ªa. En todos ellos aparece adem¨¢s el nombre de la empresa a la que deb¨ªa abonarse el dinero pedido por el incremento de aprovechamiento. En varios supuestos, seg¨²n la polic¨ªa, las cantidades recaudadas ten¨ªan como destino una sociedad "vinculada a la mujer del alcalde". Teresa Santos dirige una gestor¨ªa que recientemente ha sido registrada por la polic¨ªa. Cuando Mart¨ªn Ser¨®n fue detenido el 18 de enero, la polic¨ªa encontr¨® en su vivienda 64.780 euros en efectivo, dinero que el alcalde aleg¨® que era provisi¨®n de fondos de empresas clientes de la gestor¨ªa de su esposa para la liquidaci¨®n de impuestos. Un informe policial posterior determin¨® que la procedencia del dinero no estaba justificada, motivo por el que el juez deneg¨® la devoluci¨®n del mismo en resoluci¨®n adoptada el 29 de enero.
Mart¨ªn Ser¨®n y Gregorio Guerra fueron detenidos la tarde del 18 de enero pasado cuando sal¨ªan de un almuerzo-mitin en Marbella con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. Aquella misma ma?ana, el denunciante, que en la causa figura como testigo, se entrevist¨® con Gregorio Guerra en el despacho de ¨¦ste. La conversaci¨®n fue grabada por la polic¨ªa con autorizaci¨®n judicial. En ella, el concejal de Urbanismo admiti¨® que le hab¨ªan concedido una licencia "ilegal" y como Burgos se neg¨® a pagar, le dijo que la iba a parar la obra y hacer una revisi¨®n de licencia.
La polic¨ªa sostiene que hay "evidencias concluyentes sobre la existencia de una situaci¨®n continuada que ha creado en Alhaur¨ªn el Grande una realidad de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio inter¨¦s p¨²blico, a promotores, constructores e inversores que con ¨¢nimo de lucro y a cambio de d¨¢divas pod¨ªan vulnerar la normativa urban¨ªstica".
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