C¨®mo construir una casa y cometer dos delitos

En las oficinas de la Polic¨ªa Auton¨®mica en C¨¢diz se guarda, casi como una reliquia, el primer atestado sobre viviendas ilegales que este cuerpo de seguridad detect¨® con el m¨¦todo de falsificaci¨®n de certificado de obra nueva. Fue en octubre de 2003. Desde entonces, los agentes han comprobado que bajo esa f¨®rmula se han tratado de legalizar muchas m¨¢s casas en la provincia gaditana. De hecho, m¨¢s de la mitad de los 240 delitos por casas irregulares descubiertos por la Polic¨ªa Auton¨®mica en los ¨²ltimos cuatro a?os utilizaron estos documentos falsificados. Aquel primer caso acaba de recibir sentencia. Los promotores y el arquitecto han sido condenados. Es el primer fallo judicial en este sentido que dicta la Audiencia Provincial de C¨¢diz.

Condena al arquitecto y los promotores del primer caso que se detect¨® en C¨¢diz

En diciembre de 2002, Antonio R.G. compr¨® una parcela en El Marquesado (Puerto Real). La finca estaba en suelo r¨²stico y en ella s¨®lo exist¨ªa una caseta de labranza. En 2003 la compra de esos terrenos se document¨® en escritura p¨²blica par Jos¨¦ Emilio A.G.. En esa operaci¨®n aparec¨ªa un certificado de obra que hab¨ªan solicitado ambos promotores y que firmaba el arquitecto Antonio F.V. El profesional constataba la existencia de una vivienda de 194 metros cuadrados y databa su antig¨¹edad en 1998, m¨¢s de cuatro a?os antes, tiempo suficiente para que el delito urban¨ªstico por construir en suelos no permitidos hubiera prescrito, por lo que la casa era legalizable. De hecho, los dos promotores dividieron la finca y construyeron dos chal¨¦s, que llegaron a vender. La Polic¨ªa Auton¨®mica se hizo cargo del caso y pudo averiguar que el sost¨¦n legal al que se agarraban los originarios propietarios, el certificado de obra, estaba falsificado. La Audiencia Provincial notific¨® esta semana la sentencia que condena a promotores y al arquitecto por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio, estafa y falsedad documental.

Para la Polic¨ªa Auton¨®mica este fallo judicial es algo m¨¢s. Es el resultado de aquel primer caso detectado hace ahora m¨¢s de cuatro a?os, pero tambi¨¦n la constataci¨®n de que el esfuerzo investigador realizado desde entonces comienza a dar sus frutos. "Te llena de satisfacci¨®n ver que lo que has instruido lo has hecho bien", explica orgulloso el inspector ?lvaro de Ory, jefe del grupo operativo del ¨¢rea de Ordenaci¨®n del Territorio y Medio Ambiente de la Polic¨ªa Auton¨®mica en C¨¢diz. En el grupo trabajan siete agentes apoyados por otros seis. Funcionan como polic¨ªas judiciales. En su labor ha desarrollado los m¨¦todos de investigaci¨®n y han mejorado los medios, con un potente equipo inform¨¢tico para el rastreo de las casas ilegales.

Su trabajo ha permitido desde 2003 detectar 240 delitos relacionados con el urbanismo e imputar a 330 personas. Seg¨²n De Ory, m¨¢s de la mitad de los casos utilizan ya el m¨¦todo de falsificaci¨®n de certificado de obra para tratar de legalizar lo construido irregularmente. Tambi¨¦n se usa lo que se conoce como proindivisos, consistentes en dividir parcelas unitarias, o reconstrucciones, levantar nuevas edificaciones con la excusa de una rehabilitaci¨®n.

En estas operaciones es necesaria la participaci¨®n de arquitectos t¨¦cnicos o aparejadores, que sellen esos certificados falsos. Los investigadores calculan que pueden llegar a cobrar 6.000 euros por cada uno. El colegio profesional que los ampara ya ha tomado medidas. Los certificados de obra nueva requieren ahora de m¨¢s pruebas documentales, como fotograf¨ªas a¨¦reas que antes no se demandaban. "Hay muchas viviendas ilegales pero el 99% de los arquitectos cumple la ley. Los otros son garbanzos negros", defiende el presidente del colegio, Jos¨¦ Arcos. Una circunstancia que corrobora la Polic¨ªa Auton¨®mica que ha visto repetirse los nombres de unos pocos arquitectos t¨¦cnicos en multitud de casos descubiertos adem¨¢s en diferentes municipios.

La primera sentencia ha condenado a los promotores a seis meses de prisi¨®n por el delito contra la ordenaci¨®n del territorio. Por falsedad documental deber¨¢n pagar tres meses de multa con cuota diaria de seis euros, lo mismo que el arquitecto. Una condena que la Fiscal¨ªa reconoce como leve pero que cambiar¨¢. En los nuevos casos de certificados falsos de obra el Ministerio P¨²blico ya est¨¢ reclamando hasta dos a?os de c¨¢rcel.