Contra el ruido en la playa
Lepe proh¨ªbe el trabajo ruidoso en la construcci¨®n antes de las 10.00
La contaminaci¨®n ac¨²stica es uno de los problemas que m¨¢s da?o hace a la calidad de vida en Espa?a. Desde hace a?os colectivos sociales y vecinos han mostrado su rechazo al ruido. Y las administraciones se han hecho eco de estas protestas en algunas ocasiones. Una de las iniciativas m¨¢s significativas en este sentido ha sido la tomada por el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), que ha emitido un bando en el que proh¨ªbe en la playa de La Antilla el trabajo en la construcci¨®n que genere ruidos antes de las diez de la ma?ana. El Ayuntamiento busca con esta medida "compatibilizar la actividad tur¨ªstica con la construcci¨®n en La Antilla".
La alcaldesa accidental del municipio, Josefa Cristo, explica en el bando que el objetivo principal es "ordenar el conflicto de intereses que puede producirse entre los usos tur¨ªsticos y la actividad de la construcci¨®n, por lo que se establecen unas medidas horarias con vigencia durante la temporada estival y hasta el 15 de septiembre". En el bando se insiste en prohibir, en la playa de La Antilla y aleda?os de establecimientos hoteleros del n¨²cleo de Lepe, "la realizaci¨®n de toda actividad generadora de ruidos procedentes de obras que resulten molestos para los conjuntos residenciales e instalaciones hoteleras, incluyendo el pilotaje y movimiento de tierras". As¨ª, se especifica que "el resto de las actividades derivadas de la construcci¨®n deber¨¢n desarrollarse en horario comprendido de 10.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas".
Tribunal Supremo
Y en esta lucha contra la contaminaci¨®n ac¨²stica el Tribunal Supremo no ha admitido a tr¨¢mite el recurso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz), que fue condenado por permitir unas concentraciones de motos, coincidiendo con las carreras en el circuito de Jerez, cuyo ruido "intolerable" vulnera el derecho de los vecinos a la salud. Los denunciantes informaron de que el alto tribunal no ha admitido a tr¨¢mite el recurso municipal, por una cuesti¨®n formal al no ser competencia de ninguna normativa de ¨¢mbito estatal, y ha condenado al Consistorio a pagar las costas de esta apelaci¨®n.
De esta manera, se ha convertido en firme la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que en 2005 conden¨® al Ayuntamiento a pagar al vecino afectado 769 euros, equivalente a los 167 euros que le cost¨® la pensi¨®n durante los d¨ªas de concentraci¨®n de motos frente a su casa y otros 602 euros por los da?os morales sufridos. Estas cantidades se ver¨¢n incrementadas en el inter¨¦s legal por el tiempo transcurrido, a?adieron las fuentes.
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