El PP recurre ante el Constitucional la ley que le impide controlar el alto tribunal

El PP present¨® ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (LOTC) que le priv¨® del control de ese alto tribunal el pasado 24 de mayo al establecer la pr¨®rroga del mandato de su presidente -en este caso de la progresista Mar¨ªa Emilia Casas- hasta el pr¨®ximo nombramiento de magistrados, que tendr¨¢ lugar en enero. El voto de calidad de la presidenta ser¨¢ decisivo en caso de empate entre conservadores y progresistas en otros recursos de gran trascendencia pol¨ªtica, como el del Estatuto catal¨¢n.

El recurso del PP impugna el art¨ªculo 16.3 de la LOTC, en donde, mediante enmienda pactada por todos los grupos salvo el PP y el PNV, se introdujo la pr¨®rroga del mandato del presidente y el vicepresidente del Constitucional en caso de que su final no coincidiera con el nombramiento de nuevos magistrados. "Si el mandato de tres a?os para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, tal mandato quedar¨¢ prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovaci¨®n se produzca y tomen posesi¨®n los nuevos magistrados", dice el inciso final de ese art¨ªculo.

El precepto, muy discutido durante su tramitaci¨®n parlamentaria y al que los populares llegaron a calificar de "cacicada legislativa", vino a dar rango legal a una costumbre muy arraigada en el alto tribunal y que pretend¨ªa evitar que los nuevos magistrados tuvieran un presidente elegido en parte por los reci¨¦n cesados. Los magistrados del Constitucional tienen un mandato de nueve a?os y el tribunal, formado por 12 miembros, se renueva por tercios cada tres. Tres a?os es tambi¨¦n la duraci¨®n del mandato del presidente, elegido entre los magistrados.

El PP considera que convertir en ley la pr¨®rroga de la presidencia vulnera frontalmente el art¨ªculo 160 de la Constituci¨®n, que establece que "el presidente del Tribunal Constitucional ser¨¢ nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres a?os". El recurso asegura que ese plazo no puede ser modificado o ampliado mediante una norma con rango de ley, ya que el precepto constitucional establece "un tiempo delimitado y conceptualmente un¨ªvoco", seg¨²n el escrito.

"Los miembros del tribunal, los que lo compongan en cada momento, deben elegir un presidente cada tres a?os", mantienen los populares en su recurso. "El legislador no puede sustraer al pleno del Tribunal esa competencia constitucional, como no podr¨ªa tampoco, por ejemplo, limitarla fraccionando los tiempos de mandato o restringiendo el n¨²mero o nombre de los elegibles", contin¨²a el escrito.

El tribunal, aunque indirectamente, ya ha debatido este asunto. El pasado 4 de julio, dos magistrados conservadores, Roberto Garc¨ªa Calvo y Jorge Rodr¨ªguez Zapata, propusieron que el pleno del Constitucional debatiera si Mar¨ªa Emilia Casas deb¨ªa continuar como presidenta a pesar de que as¨ª lo establece la ley. Esa ofensiva contra la nueva ley del tribunal fracas¨® por diez votos a dos. Garc¨ªa Calvo y Rodr¨ªguez Zapata ni siquiera contaron con el apoyo de los otros cuatro magistrados propuestos por el PP.

El recurso tambi¨¦n carga contra la capacidad de propuesta de magistrados que la reforma legal dio a los Parlamentos aut¨®nomos. "Los magistrados propuestos por el Senado ser¨¢n elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las comunidades aut¨®nomas en los t¨¦rminos que determine el Reglamento de la C¨¢mara", establece el inciso final del art¨ªculo 16.1 de la LOTC.

Perversi¨®n constitucional

Esa disposici¨®n, seg¨²n el recurso del PP, resta competencias constitucionales al Senado al limitar los candidatos entre los que puede elegir miembros del alto tribunal. "Que el legislador ordinario modifique la estructura del Estado, atribuyendo a los Parlamentos aut¨®nomos una intervenci¨®n decisiva en una atribuci¨®n del Senado pervierte de ra¨ªz el modelo constitucional y abre perspectivas ins¨®litas para la progresiva sustituci¨®n de los poderes del Estado por las instituciones auton¨®micas y para la autodisoluci¨®n misma de los ¨®rganos de representaci¨®n nacional", afirma el documento.

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego L¨®pez Garrido, calific¨® de "poco consistente" y "carente de base jur¨ªdica" el recurso del PP, al entender que "es de sentido com¨²n" que las comunidades puedan participar en el Tribunal Constitucional. IU, por su parte, encuadr¨® la impugnaci¨®n en "la obsesi¨®n del PP frente al Estatuto de Catalu?a", seg¨²n la interpretaci¨®n de su coordinador general, Gaspar Llamazares.