El juez sostiene que Olivo pag¨® 600.000 euros para que le levantaran un precinto

Seg¨²n el juez, desde el Ayuntamiento de Marbella no s¨®lo se vulner¨® la legalidad, sino que se impidi¨® que se restaurara incluso cuando hab¨ªa ¨®rdenes de suspensi¨®n de los tribunales, y se obstaculiz¨® la labor de control de la Junta.

Un caso sintom¨¢tico es el de las licencias de las nueve naves construidas por Tom¨¢s Olivo junto a La Ca?ada, impugnadas y suspendidas por el TSJA. El 14 de septiembre de 2004, la ex alcaldesa incoa expediente de paralizaci¨®n de obras, que comunica tres meses despu¨¦s, e inicia proceso de revisi¨®n de las licencias, todo ello cuando la Junta hab¨ªa comunicado que se subrrogaba competencias municipales para sancionar. Pero las licencias no se revocan y se deja caducar el expediente, y en diciembre de 2005 Yag¨¹e dicta un decreto de suspensi¨®n de la paralizaci¨®n y permite que sigan una sobras que un juez hab¨ªa mandado parar. Para entonces Olivo hab¨ªa hecho una aportaci¨®n a la caja de Roca. "En este momento toma sentido la anotaci¨®n del pago de 600.512 euros que produce una serie de resoluciones y actos favorables con la caducidad del procedimiento de revisi¨®n incoado", sostiene el juez.

Y agrega: "Se trata de dilatar lo m¨¢ximo posible la asunci¨®n por la Junta de Andaluc¨ªa de las responsabilidades urban¨ªsticas evitando la ejecuci¨®n de las ¨®rdenes de suspensi¨®n y posibilitando la terminaci¨®n de las obras y la ocupaci¨®n por terceros de buena fe".

El juez instructor del caso Malaya sostiene en el auto de procesamiento que una vez que en julio de 2003 la Comisi¨®n Provincial de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo de M¨¢laga deneg¨® definitivamente la aprobaci¨®n del PGOU propuesto por el Ayuntamiento de Marbella, ¨¦ste "debi¨® proceder a revisar todas y cada una de las licencias de obras otorgadas en contra del PGOU de 1986, absteni¨¦ndose de provocar nuevos actos ilegales como la aprobaci¨®n de proyectos de ejecuci¨®n o la concesi¨®n de licencias de primera ocupaci¨®n".

Pero lejos de ello, Roca ide¨® un sistema cuya validez jur¨ªdica es cuestionada por el juez, la concesi¨®n de permisos por silencio positivo, en contra del criterio de los asesores jur¨ªdicos municipales. No as¨ª el secretario de la corporaci¨®n, Leopoldo Barrantes, que lo aval¨® con un certificado por el que el juez sostiene que cobr¨® 18.000 euros, por lo que tambi¨¦n lo ha procesado.