La subdelegada del Gobierno en Alicante abrir¨¢ un expediente por la vigilancia privada
La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, anunci¨® ayer que abrir¨¢ un expediente sobre el servicio de vigilancia privada en la urbanizaci¨®n de la Dehesa de Campoamor, en la costa de Orihuela. Esta iniciativa ya fue ilegalizada en 2005 por el Gobierno por desarrollarse en un espacio p¨²blico. Sin embargo, la entidad que gestiona la urbanizaci¨®n ha vuelto a contratar el servicio con la misma firma, la empresa Securitas, aunque en este caso para desempe?ar funciones misiones de "custodia de llaves".
Un informe de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, fechado el 17 de julio, tambi¨¦n considera ilegal ese servicio y propone una multa de 6.300 euros para la empresa. "Sobre este nuevo informe de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa que ha llegado a la Subdelegaci¨®n revisaremos el expediente y, si procede, suspenderemos el servicio", se?al¨® Llinares. "Est¨¢ claro que la vigilancia privada tiene que desarrollarse en los ¨¢mbitos que marca la ley", a?adi¨®.
Por el servicio de vigilancia privada, la entidad pas¨® a cobro a la comunidad de propietarios el pasado a?o 483. 000 euros. Un grupo de propietarios se niega a abonar las cuotas porque el servicio ya lo presta el Ayuntamiento desde 1998, cuando recepcion¨® la obra.
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