La fiesta de cumplea?os que termin¨® en 'muerte dulce'

Patricia pudo no haber estado all¨ª. Su presencia en la fiesta fue resultado de un c¨²mulo de coincidencias. Visit¨® la comarca para tratar sobre un contrato de trabajo. Y muri¨®. Patricia Jim¨¦nez Merchante, de 21 a?os, fue una de las 18 personas que perdieron la vida en el albergue de San Crist¨®bal, en La Todolella (Castell¨®n). Todas ellas, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 a?os, fallecieron el 6 de febrero de 2005 por inhalaci¨®n de mon¨®xido de carbono mientras dorm¨ªan en el albergue rural.

La utilizaci¨®n de una estufa de uso industrial en una habitaci¨®n cerrada fue mortal. La conocida como muerte dulce acab¨® con la vida de todos ellos en el lapso aproximado de una hora, seg¨²n desvelaron las autopsias. Mucho m¨¢s largo fue aquel fr¨ªo domingo y, sobre todo, las horas que transcurrieron desde que se conoci¨® la tragedia hasta que los familiares pudieron identificar los cuerpos de sus seres queridos. Mucho m¨¢s largo est¨¢ siendo el procedimiento judicial abierto de oficio aquella misma noche, cuando la juez de Vinar¨°s que se hizo cargo de las diligencias decret¨® el secreto del sumario.

La calefacci¨®n no funcionaba, y alguien busc¨® una fuente de calor que result¨® mortal

Los familiares critican la "pasividad" judicial en los dos a?os y medio transcurridos

Los 18 cad¨¢veres fueron trasladados a la ciudad de Castell¨®n, tras un trayecto de cerca de 100 kil¨®metros, hasta el Instituto de Medicina Legal, a donde acudieron los familiares. M¨¢s de 25 psic¨®logos tuvieron que atender aquella noche a unas 250 personas, entre familiares y amigos de los fallecidos.

"Iba a volver el mismo s¨¢bado, pero llam¨® y la esper¨¢bamos el domingo". Dos a?os y medio despu¨¦s, a la madre de Patricia, Carmen Merchante, le cuesta hablar de lo ocurrido. Consciente de que ya nada ser¨¢ igual, afronta el procedimiento judicial con la esperanza de que se investigue y de que la justicia determine si existe alguna responsabilidad. Ella cree firmemente que la hay.

Al igual que Carmen, familiares de otros fallecidos se organizaron en la Asociaci¨®n V¨ªctimas de La Todolella y se personaron en la causa como acusaci¨®n particular. Fue apenas un mes despu¨¦s de la tragedia y, desde entonces, apenas han conseguido que se practiquen algunas de las pruebas que han solicitado.

"Nuestras peticiones son l¨®gicas", apunta Carmen, "pero nos hemos encontrado con un continuo 'no' por parte del juzgado que, despu¨¦s, la Audiencia provincial ha ido resolviendo a nuestro favor", explica. Estos tr¨¢mites suponen la interposici¨®n de recursos y meses de espera. Adem¨¢s, por el juzgado que instruye las diligencias han pasado ya tres jueces.

"Pasiva" es la palabra que m¨¢s utiliza Carmen para calificar la actuaci¨®n judicial. "Estamos decepcionados, pero no cansados", afirma rotunda y sabedora de que habla, tambi¨¦n, por todos los familiares que se han personado en la causa. Su "queja" no va s¨®lo dirigida a los jueces, sino tambi¨¦n a la Fiscal¨ªa. Al margen de que la posici¨®n del Ministerio P¨²blico sea distinta a la de la acusaci¨®n particular, Carmen no puede entender, al igual que el resto de miembros de la asociaci¨®n, c¨®mo el fiscal no ha acudido a los interrogatorios que se han practicado hasta el momento. "Su presencia es potestativa, pero trat¨¢ndose de vidas humanas, aunque fuera por ¨¦tica, no deber¨ªa faltar", razona. Y es que, despu¨¦s de m¨¢s de dos a?os, la madre de Patricia, adem¨¢s de llevar se?alado el sufrimiento en el rostro, ha adquirido un conocimiento poco com¨²n de los procedimientos judiciales.

A media tarde de aquel 6 de febrero son¨® el tel¨¦fono en casa de los Jim¨¦nez Merchante. "Dime, nena", contest¨® Carmen, segura de que Patricia llamaba para anunciar la hora a la que llegaba el tren que, seg¨²n cre¨ªa, hab¨ªa tomado en Castell¨®n para llegar a Valencia, donde estudiaba y resid¨ªa. Pero al otro lado s¨®lo escuch¨® llantos y una voz que alcanz¨® a decir: "Patricia est¨¢ muerta". Era uno de sus amigos, de los muchos que hab¨ªa hecho en la comarca de Els Ports durante unas pr¨¢cticas laborales en una emisora de radio local. Uno de los que sab¨ªan que Patricia hab¨ªa acudido a una fiesta de cumplea?os organizada en el albergue de San Crist¨®bal.

El lugar contaba con un patio interior a cuyo alrededor se hallaban la iglesia, la cocina y dos habitaciones, cada una capaz de albergar a una veintena de personas. Las heladas de la semana anterior en la zona hab¨ªan causado una aver¨ªa en el sistema de calefacci¨®n central. Las tuber¨ªas hab¨ªan reventado. Por eso la calefacci¨®n no funcionaba. Y por eso se busc¨® otra fuente de calor que result¨® inapropiada y mortal.

Era una estufa industrial, propia de granjas, que precisaba, para la correcta combusti¨®n del butano, mucha ventilaci¨®n. Ventilaci¨®n que no ten¨ªa la habitaci¨®n en la que se acostaron de madrugada y que cerraron a cal y canto para evitar la entrada del fr¨ªo ma?anero de principios de febrero. Una habitaci¨®n en la que hab¨ªa instalado un gran radiador que no funcionaba. Y a la que tampoco trasladaron alguna de las "m¨²ltiples estufas m¨®viles" que s¨ª funcionaban y que, seg¨²n se comprob¨® despu¨¦s, hab¨ªa en otras dependencias del albergue.

"Yo no considero culpable a quien llev¨® la estufa, me da igual quien lo hizo", dice Carmen. El colectivo que encarna la acusaci¨®n particular pone especial ¨¦nfasis en que el albergue de San Crist¨®bal "no reun¨ªa las condiciones exigidas".

El hecho es que el establecimiento es de titularidad municipal y, en aquel momento, funcionaba a trav¨¦s de una concesi¨®n a una empresa privada. El albergue hab¨ªa sido dado de baja del registro oficial de la Generalitat Valenciana aunque la p¨¢gina web de la administraci¨®n auton¨®mica segu¨ªa ofert¨¢ndolo.

Las pruebas por las que ha estado "peleando" la acusaci¨®n particular se ce?¨ªan a la repetici¨®n de los interrogatorios a los dos supervivientes de la tragedia (el anfitri¨®n y su pareja, que durmieron en otra habitaci¨®n), a los que les fue tomada declaraci¨®n horas despu¨¦s de descubrir los cad¨¢veres. "Es imposible que bajo ese impacto se pueda declarar sin estar en un estado de shock", argumenta Carmen. La acusaci¨®n particular tambi¨¦n reclam¨® que se repitiera el interrogatorio a los responsables de la empresa concesionaria y al alcalde, que ha ofrecido versiones contradictorias sobre su conocimiento de la celebraci¨®n del evento en un municipio de apenas 150 habitantes. Adem¨¢s, la acusaci¨®n solicit¨® un informe pericial, que tambi¨¦n le fue denegado.

En las diligencias, la muerte de Patricia "no es m¨¢s que la historia n¨²mero 6". Para Carmen, la muerte de su hija es mucho m¨¢s que un n¨²mero.