Restricciones nacionales
Mientras el comisario de Justicia europeo, Franco Frattini, anuncia que la Uni¨®n deber¨¢ acoger 20 millones de inmigrantes en las dos pr¨®ximas d¨¦cadas, los Gobiernos del Reino Unido y Francia sugieren o aprueban medidas restrictivas para la llegada y permanencia de los trabajadores extranjeros. Frattini est¨¢ estudiando la creaci¨®n de una carta azul europea equivalente a la carta verde que existe en Estados Unidos, con la que, seg¨²n con sus previsiones, se podr¨ªa corregir la relaci¨®n entre trabajadores cualificados y no cualificados que acoge la Uni¨®n, aumentando de manera sustancial el porcentaje de los primeros.
Coincidiendo con estos proyectos, el nuevo primer ministro brit¨¢nico, Gordon Brown, ha sugerido a las empresas y empleadores de su pa¨ªs la conveniencia de contratar trabajadores del Reino Unido, contribuyendo a reducir as¨ª una bolsa de marginalidad en la que se encuentra medio mill¨®n de brit¨¢nicos. Aunque Brown se ha limitado a invitar a que se adopte este criterio, el razonamiento que subyace es en buena medida concomitante con la "preferencia nacional" y, desde esta perspectiva, hace que el discurso democr¨¢tico, y el europeo, pierda parte de su efectividad ante unas pr¨¢cticas con las que resulta incompatible. Frente a la sugerencia de Brown, los partidos xen¨®fobos no tardar¨¢n en proclamar que los Gobiernos democr¨¢ticos hacen lo que ellos dicen, s¨®lo que de forma t¨ªmida y vergonzante.
Ni la timidez ni la verg¨¹enza constituyen, sin embargo, el principal inconveniente de las nuevas medidas adoptadas por el presidente franc¨¦s, Nicolas Sarkozy. El objetivo de deportar a 25.000 extranjeros que residan ilegalmente en Francia, ni uno m¨¢s ni uno menos, puede formar parte del arsenal propagand¨ªstico de un presidente que idolatra la eficacia, pero no de los instrumentos pol¨ªticos para abordar el fen¨®meno de la inmigraci¨®n. La deportaci¨®n es el ¨²ltimo eslab¨®n de un procedimiento en el que participan jueces y tribunales, cuya tarea es dictar resoluciones justas, no un mayor o menor n¨²mero de resoluciones. Pero el Gobierno franc¨¦s se propone, adem¨¢s, incluir an¨¢lisis gen¨¦ticos financiados por los propios demandantes de visado para resolver los expedientes de reagrupaci¨®n familiar.
Si hasta ahora el establecimiento de una pol¨ªtica com¨²n en materia de inmigraci¨®n era una tarea urgente en Europa, hoy empieza a perfilarse como un ant¨ªdoto imprescindible para evitar que las ocurrencias imaginativas de los Gobiernos se ceben con los trabajadores extranjeros. En vez de establecer una pol¨ªtica com¨²n que tome en consideraci¨®n los intereses coincidentes de los pa¨ªses receptores y los de origen, as¨ª como el escrupuloso respeto a los derechos humanos y a la igualdad ante la ley, cada uno de los pa¨ªses miembros tiende a lanzarse demag¨®gicamente a experimentar con ideas que satisfagan a las opiniones nacionales.
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