El ex interventor de Orihuela atribuye el dinero que se llev¨® a "pr¨¦stamos"

El ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, Jos¨¦ Manuel Espinosa, acudi¨® ayer a declarar como imputado por un presunto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Espinosa atribuy¨® los 30.000 euros con los que en 2005 se fue a Zaragoza antes de confesar irregularidades en el Ayuntamiento a "pr¨¦stamos" personales. El ex interventor declar¨® tambi¨¦n sobre la emisi¨®n de facturas por intereses de demora a dos empresas proveedoras del Ayuntamiento. Seg¨²n su abogado, los pagos est¨¢n contemplados en la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas.

La investigaci¨®n se inici¨® despu¨¦s de que el ex interventor confesara en 2005 en una comisar¨ªa de Zaragoza haberse apropiado de dinero de las arcas municipales, aunque su abogado, Jos¨¦ Luis Bernab¨¦, asegur¨® ayer que ese dinero "nunca sali¨® del Consistorio" y que correspond¨ªa a un pr¨¦stamo personal otorgado por una de las empresas imputadas.

El ex interventor prest¨® ayer declaraci¨®n durante unos 40 minutos y, al finalizar, sali¨® por la puerta de atr¨¢s del Palacio de Justicia para evitar a los medios de comunicaci¨®n. Tambi¨¦n estaban citados a declarar los responsables de dos empresas proveedoras del Ayuntamiento, beneficiarias de las supuestas facturas irregulares, pero no acudieron al no haber sido localizadas.

Tras la comparecencia de Espinosa, el abogado del ex interventor, Jos¨¦ Luis Bernab¨¦, explic¨® a Efe que el Consistorio emiti¨® a las citadas empresas facturas por los trabajos realizados y por los intereses de demora correspondientes a los atrasos en los pagos, algo que, seg¨²n matiz¨®, no era "doble facturaci¨®n". El abogado record¨® que la f¨®rmula de pago de intereses de demora, cuyo objetivo es que "los proveedores puedan cobrar" y agilizar los pagos, hab¨ªa sido propuesta por el propio ex interventor y que est¨¢ contemplada en la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas. "Estas facturas eran contabilizadas", resalt¨® Bernab¨¦, quien destac¨® que ¨¦l desconoce si "se pagaban o no".

En esta causa est¨¢n personadas, junto al Ayuntamiento de Orihuela, las entidades bancarias Caja Mediterr¨¢neo (CAM) y Caja Rural. El letrado explic¨® que las dos empresas imputadas hab¨ªan solicitado p¨®lizas de cr¨¦dito a las citadas entidades mediante certificaciones de pago del Ayuntamiento, mientras ¨¦ste no pagaba el dinero correspondiente a los trabajos. Los cr¨¦ditos corresponden a cantidades superiores a 60.000 euros que ambas entidades no han cobrado, por lo que reclamaron por la v¨ªa de lo contencioso-administrativo que el Consistorio se hiciera cargo del pago. "Las cajas buscan la responsabilidad civil del Ayuntamiento", explic¨® Bernab¨¦, quien asegur¨® desconocer por qu¨¦ el Ayuntamiento se niega a pagar.

La acusaci¨®n p¨²blica la ejerce el fiscal Anticorrupci¨®n, Felipe Briones, que tambi¨¦n mantiene abiertas otras seis denuncias contra el Ayuntamiento por supuestas irregularidades urban¨ªsticas y contables.