Verdades silenciadas del aborto

Durante mucho tiempo se ha hablado del recurso al aborto como una prestaci¨®n casi exclusiva de la sanidad privada debido a que las cl¨ªnicas acreditadas para el aborto en Espa?a vinieron a cubrir una necesidad social que ning¨²n otro colectivo se atrevi¨® a solucionar. De hecho, fue un grupo de profesionales el que decidi¨® atender esta necesidad y soportar individualmente los posibles problemas legales, civiles y penales, creando una serie de centros m¨¦dicos que dieran una soluci¨®n digna a la demanda de unas mujeres que hasta ese momento ten¨ªan que hacer turismo abortivo o arriesgar su vida para abortar. Esta realidad innegable nos lleva a preguntarnos acerca de las causas que han propiciado que el 97% de los abortos se realice en cl¨ªnicas privadas.

En estos veinte a?os, la mortalidad por aborto en Espa?a ha sido casi nula y el nivel de complicaciones es uno de los m¨¢s bajos

El modelo de concertaci¨®n andaluz ha dado magn¨ªficos resultados frente a otras comunidades donde las mujeres sufren un periplo intolerable

Para la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI), la ambig¨¹edad de las dos principales leyes que regularon la interrupci¨®n del embarazo (la Ley del Aborto 9/1985, de 5 de julio, y el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre) ha sido un elemento clave para que fueran las cl¨ªnicas privadas, y no los hospitales p¨²blicos, las que llevaran a cabo esta prestaci¨®n. La ambig¨¹edad procede de que la ley s¨®lo autoriza la interrupci¨®n del embarazo en los casos de violaci¨®n, malformaci¨®n del feto y grave peligro f¨ªsico o ps¨ªquico de la embarazada, y exige para ello unos requisitos basados en dict¨¢menes preceptivos.

La valoraci¨®n que los fiscales, m¨¦dicos, forenses y jueces realizaron los primeros a?os de vigencia de esta ley de dichos dict¨¢menes provoc¨® que fueran utilizados de manera recurrente en los juicios contra los m¨¦dicos, profesionales sanitarios y mujeres, propiciando en muchos casos la condena de los implicados. Es decir, frente a los verdaderos motivos (supuestos legales) que conducen a una mujer a interrumpir su embarazo se favorecieron los requisitos formales.

Estas circunstancias legislativas, unidas a la objeci¨®n de conciencia de determinados profesionales y sectores sanitarios, dieron lugar a que pr¨¢cticamente ning¨²n gran hospital p¨²blico o privado se atreviera a poner en pr¨¢ctica unidades de aborto. Por otra parte, desde la sanidad p¨²blica siempre se ha hecho un an¨¢lisis restrictivo de la ley (especialmente en relaci¨®n con la salud ps¨ªquica de la embarazada), no as¨ª en las cl¨ªnicas privadas, donde se ha intentado favorecer el derecho y la voluntad de la mujer.

Pese a esta dif¨ªcil coyuntura, los/as profesionales que atendemos esta prestaci¨®n hemos dado un servicio excelente a miles de mujeres, no s¨®lo sanitario y t¨¦cnico, sino de calidad humana. En nuestros centros hay ginec¨®logos, pero tambi¨¦n psic¨®logos, psiquiatras, trabajadores sociales, anestesistas... de reconocido prestigio.

El esfuerzo que las cl¨ªnicas privadas vienen realizando dura ya m¨¢s de 20 a?os. En todo este tiempo, la mortalidad por aborto en Espa?a ha sido casi nula y nuestro nivel de complicaciones es uno de los m¨¢s bajos de los pa¨ªses desarrollados. El n¨²mero de denuncias a nuestro colectivo por mala praxis es irrelevante y mucho menor que el de cualquier centro p¨²blico de ginecolog¨ªa y obstetricia.

Sin embargo, adem¨¢s de la presi¨®n judicial y social, las cl¨ªnicas privadas hemos sido acusadas de encubrir un beneficio econ¨®mico desmedido gracias al aborto. En las cl¨ªnicas de ACAI siempre ha primado el inter¨¦s social frente a cualquier inter¨¦s lucrativo. De hecho, si comparamos el precio de una interrupci¨®n del embarazo con cualquier prestaci¨®n no cubierta por la Seguridad Social, ¨¦stas siempre son mucho m¨¢s costosas.

Un aborto de menos de 12 semanas, es decir, el 87% de los que se realizan en Espa?a, cuesta entre 280 y 400 euros. Este precio incluye una consulta de trabajo social, otra con el equipo de salud mental, una consulta ginecol¨®gica con ecograf¨ªa, una extracci¨®n sangu¨ªnea, premedicaci¨®n, una intervenci¨®n quir¨²rgica con anestesia local y/o sedaci¨®n y su medicaci¨®n correspondiente, control ecogr¨¢fico intra y posoperatorio, y un seguimiento posterior durante 24 horas.

Si comparamos la interrupci¨®n del embarazo (incluidas todas sus prestaciones) con los precios que se cobran por una ecograf¨ªa de diagn¨®stico prenatal, que puede ascender a 200 euros, o una inserci¨®n de un Diu, 300 euros, o una intervenci¨®n de est¨¦tica que puede costar 4.000 o 6.000 euros, la acusaci¨®n de mercantilismo queda desmontada. Adem¨¢s, el 20% de los abortos que realizamos se hace de forma gratuita o con cuantiosos descuentos, muchos derivados por los servicios sociales.

Pese al evidente servicio que venimos prestando, nuestro colectivo siempre ha defendido que los obst¨¢culos que un d¨ªa impidieron que el recurso al aborto fuese realizado en el ¨¢mbito p¨²blico fuesen eliminados. Por tanto, estamos de acuerdo con que se regule la objeci¨®n de conciencia y se eliminen las barreras que impiden que el aborto sea un recurso equitativo y universal, dispensado por la sanidad p¨²blica; estamos tan de acuerdo que constantemente denunciamos las barreras que impiden esta apuesta.

Sin embargo, adem¨¢s de los condicionantes que antes hemos se?alado, coexisten otras circunstancias que impiden que el aborto sea una prestaci¨®n sanitaria p¨²blica generalizada. No podemos obviar que durante m¨¢s de veinte a?os, mientras los profesionales de las cl¨ªnicas privadas se formaban e investigaban en el conocimiento de esta prestaci¨®n, los profesionales de la sanidad p¨²blica permanec¨ªan estancados. Hoy por hoy, la sanidad p¨²blica no contempla la formaci¨®n de los profesionales en esta materia. Para realizar correctamente esta prestaci¨®n en la sanidad p¨²blica es necesario montar unidades espec¨ªficas multidisciplinares y formarlas.

Estas unidades especializadas ya funcionan en Espa?a desde hace 22 a?os y han demostrado su profesionalidad y eficacia: son las cl¨ªnicas privadas, acreditadas y especializadas en abortos voluntarios. Por todos estos motivos defendemos que, tal y como ocurre en la mayor parte de los pa¨ªses de nuestro entorno, se refuerce el concierto con estas unidades independientes, especializadas y multidisciplinares. Al menos de momento, ¨¦sta es la ¨²nica v¨ªa v¨¢lida para asegurar la equidad y la igualdad de las mujeres en el acceso al aborto.

De hecho, el modelo de concertaci¨®n andaluz ha dado magn¨ªficos resultados frente a otras comunidades donde las mujeres sufren un periplo m¨¦dico y vital intolerable porque su Administraci¨®n no ha incluido el aborto entre sus prestaciones y no existen recursos, ni p¨²blicos ni concertados. Se da adem¨¢s la circunstancia de que algunos de los centros p¨²blicos creados han acabado cerrando y volviendo a derivar a las cl¨ªnicas especializadas. Otros procedimientos m¨¦dicos y quir¨²rgicos est¨¢n concertados y son considerados como intervenciones p¨²blicas. Desde ACAI no podemos entender que si dichas intervenciones no son desprestigiadas, deban serlo las prestaciones concertadas relativas al aborto, cuando su coste es en la mayor¨ªa de los casos muy inferior al que resulta en un centro p¨²blico.

La concertaci¨®n en la prestaci¨®n del aborto es un procedimiento p¨²blico, abierto, transparente, que nos obliga a cumplir la normativa y a someternos a inspecciones peri¨®dicas. Carece, por tanto, de sentido seguir considerando la concertaci¨®n del aborto como algo privado, desprestigiado, de mala calidad y costoso. Miles de mujeres reclaman una atenci¨®n que no admite demora, que debe ser atendida. Es una responsabilidad de todos. Debemos aunar esfuerzos, compartir conocimientos, avanzar en la universalizaci¨®n y equidad de esta prestaci¨®n. Las cl¨ªnicas acreditadas apostamos porque as¨ª sea, si bien el testigo no se encuentra ahora en nuestras manos.

Eva Rodr¨ªguez Armario es presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo.