La oposici¨®n exige al Gobierno que ampl¨ªe las ayudas por reci¨¦n nacido y cubra todo 2007

El Gobierno se enfrenta a un fren¨¦tico final de la legislatura, con varias negociaciones complejas abiertas en el Congreso. La m¨¢s urgente es la del anuncio estrella del debate del estado de la naci¨®n, los 2.500 euros por hijo. La ley que desarrolla esta medida est¨¢ en plena negociaci¨®n en el Congreso, y el Ejecutivo se enfrenta a un problema. La mayor¨ªa de los grupos -la pr¨¢ctica totalidad, entre ellos el PP, CiU, el PNV, ERC e IU-ICV- exigen que la ayuda sea v¨¢lida desde el 1 de enero de 2007, cuando comienza el a?o fiscal, y no desde julio, cuando lo anunci¨® el presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. El Gobierno se niega por las resistencias de Econom¨ªa, que calcula un sobrecoste de 600 millones de euros, y est¨¢ negociando otras contrapartidas sociales menos costosas.

El portavoz del PSOE, Diego L¨®pez Garrido, es una de las personas m¨¢s ocupadas del partido del Gobierno en este final de la legislatura. Por su mano, y las de los ministerios correspondientes, pasan todas las negociaciones abiertas para cerrar los 43 proyectos de ley pendientes que a¨²n est¨¢n en tramitaci¨®n en el Congreso y el Senado, a los que ahora se suma las nuevas medidas en pol¨ªtica de vivienda, que tambi¨¦n pasar¨¢n por las Cortes.

L¨®pez Garrido y Jes¨²s Caldera, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, est¨¢n enfrascados en la negociaci¨®n de la medida estrella de Zapatero este a?o: el llamado cheque-beb¨¦, los 2.500 euros que los ciudadanos con residencia legal en Espa?a recibir¨¢n como desgravaci¨®n fiscal al tener un hijo, que afectar¨¢ a 480.000 madres al a?o.

En este momento, la mayor¨ªa de los grupos mantienen la exigencia de ampliar la medida e incluir a todos los ni?os nacidos desde el 1 de enero de 2007, cuando comienza el a?o fiscal, y olvidarse del d¨ªa en que Zapatero anunci¨® la medida. "En este pa¨ªs, el presidente no es fuente del derecho. Una medida como esta no puede depender del d¨ªa en que el presidente la anuncia, eso es de rep¨²blica bananera", sentencia Carles Campuzano, de CiU.

Consciente de esta dificultad, el Gobierno negocia a varias bandas para tratar de convencer a los grupos de que abandonen esta exigencia, con un coste extra de unos 600 millones. En realidad, la medida es para siempre, con lo que el pr¨®ximo a?o habr¨¢ que pagarlo entero, aunque en este el Ejecutivo logre ahorrarse la mitad. El coste anual, seg¨²n Caldera, es de unos 1.500 millones de euros.

A cambio de que desistan de esa reclamaci¨®n, el Ejecutivo ofrecer¨¢ como alternativa menos costosa una serie de complementos de pol¨ªticas sociales a desarrollar en los pr¨®ximos meses. Fuentes socialistas no concretan en qu¨¦ consistir¨ªan estas medidas pero explican que sus destinatarios ser¨ªan colectivos muy necesitados.

El Gobierno est¨¢ absolutamente convencido de que, con esta alternativa o con otras f¨®rmulas, la ley va a salir adelante, porque nadie, ni siquiera el PP, se opone realmente a la medida y est¨¢ dispuesto a votar en contra. "Incluso los que criticaron mucho la medida desde el primer d¨ªa, como el PP, est¨¢n ahora proponiendo ampliarla, con lo que se aprobar¨¢ sin duda", explica un portavoz del Ministerio de Trabajo. El nuevo clima creado con los grupos catalanes tras el pacto presupuestario que supone un aumento del 25% en el gasto de infraestructuras podr¨ªa ayudar a la negociaci¨®n.

Sin embargo, la tramitaci¨®n podr¨ªa complicarse si el PP quisiera dificultar el trabajo del Gobierno. Los populares podr¨ªan presentar una enmienda a la totalidad de la norma que retrasar¨ªa toda la tramitaci¨®n, que ya est¨¢ declarada urgente. De momento, y a pesar de esas te¨®ricas prisas, el Congreso ya ha ampliado dos veces el plazo de enmiendas, una demostraci¨®n clara de que el acuerdo con los socios del Gobierno a¨²n no est¨¢ cerrado.

Los plazos, como para todas las dem¨¢s leyes pendientes, son muy estrechos, porque la legislatura se acaba en Navidades y antes hay que tramitar los Presupuestos, la norma m¨¢s compleja e importante de cada a?o que, como tal, tiene prioridad en las Cortes.

En la exigencia de incluir a todos los ni?os nacidos desde el 1 de enero de 2007 coinciden los principales socios del Gobierno que, sumados al PP, pueden conforman una mayor¨ªa alternativa, ya que el PSOE se qued¨® a 12 diputados de la mayor¨ªa absoluta. Bastar¨ªa con que todos votaran juntos una de las enmiendas que se presentar¨¢n para reclamar esa ampliaci¨®n hasta el 1 de enero para que ese cambio, a la que el Gobierno insiste en oponerse, se convirtiera en ley. Los negociadores de los grupos est¨¢n convencidos de que Trabajo estaba dispuesto a ceder en este asunto para sacar la ley pero Econom¨ªa ha parado esta idea por su alto coste.

Algunos grupos, como el PP, CiU, ERC y el PNV, ponen m¨¢s ¨¦nfasis en la exigencia de ampliar hasta el 1 de enero la medida. Otros, como IU-ICV, apoyan esta idea, seg¨²n explica Joan Herrera, pero sostienen que su prioridad es la de lograr que la ayuda sea progresiva, esto es, que no reciban los mismos 2.500 euros todos los padres, independientemente del nivel de renta, tal como propone el Gobierno. ERC tambi¨¦n reclama esta progresividad.

En una comparecencia sobre esta iniciativa, Caldera tambi¨¦n rechaz¨® la progresividad: "Este es un pa¨ªs de clases medias. Las madres menores de 45 a?os con m¨¢s de 60.000 euros de renta son 67.000. Esto es, s¨®lo el 1,09% de las madres en edad f¨¦rtil superan ese umbral. S¨®lo la complicaci¨®n de gestionar esa progresividad costar¨ªa m¨¢s dinero", explic¨®.

ERC est¨¢ negociando con el Gobierno otras mejoras posibles, como la de ampliar hasta 3.500 euros la ayuda para hijos de familias numerosas, de familias monoparentales y a los ni?os discapacitados. IU-ICV, muy cr¨ªtica con la medida, reclama que se implante ya la educaci¨®n gratuita y p¨²blica de 0 a 3 a?os, una medida que consideran mucho m¨¢s importante para las familias. Emilio Olabarria, del PNV, reclama otras medidas de conciliaci¨®n de la vida familiar y ve "problemas jur¨ªdicos" a la iniciativa por su improvisaci¨®n.

Mientras, el Consejo Econ¨®mico y Social (CES) aprob¨® ayer un informe, citado por Europa Press, en el que critica la medida por su "car¨¢cter aislado" y reclama un marco global de apoyo a las familias que, entre otros aspectos, garantice el acceso universal a las guarder¨ªas. El Instituto de Pol¨ªtica Familiar (IPF) apoy¨® las conclusiones de este informe.