Juzgado en Lleida por prevaricaci¨®n el ex delegado del Gobierno del PP

La Audiencia de Lleida inici¨® ayer el juicio por la trama de corrupci¨®n descubierta en 2003 en la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa. Est¨¢n implicados Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno durante el mandato del PP; Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo; el polic¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa Vieites, y Salvador Puy, asesor de Barios. El fiscal solicita para los acusados 10 a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos.

Adem¨¢s de los 10 a?os de inhabilitaci¨®n para cargos p¨²blicos por un presunto delito de prevaricaci¨®n, el fiscal pide para Vieites otra pena de cuatro a?os de prisi¨®n y 1.200 euros de multa por falsedad en documento oficial. El sumario consta de m¨¢s de 7.000 folios y est¨¢ previsto que declaren unos 50 testigos durante los cuatro d¨ªas que durar¨¢ el juicio.

Los cuatro ex altos cargos del PP comparten banquillo con otros cuatro acusados de un delito de estafa: Fernando Canalejo, Cristina Da Silva, Antonio Amador y Resudan Khotivari. ?stos actuaban como intermediarios entre empresarios y ciudadanos extranjeros, a los que cobraban fuertes sumas de dinero por tramitar permisos de trabajo y de residencia. Los cuatro negaron haber estafado a ning¨²n inmigrante, aunque reconocieron que aceptaron propinas por gestionar los documentos que les ped¨ªan.

El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para juzgar a los ex altos cargos del PP por su participaci¨®n en la trama de corrupci¨®n descubierta en la Oficina de Extranjer¨ªa de Lleida, donde, seg¨²n los investigadores se tramitaron entre agosto de 2001 y diciembre de 2003 m¨¢s de 300 expedientes de inmigrantes de forma irregular, dando trato de favor a solicitudes que llegaron con notas manuscritas de Barios y Puy.

El funcionamiento de la oficina estuvo bajo sospecha durante todo el anterior mandato del PP, sobre todo a partir de febrero de 2003, cuando un funcionario de la misma, Miguel R. M. fue acusado de prevaricaci¨®n y falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos. La Guardia Civil descubri¨® que una veintena de permisos de residencia de inmigrantes se tramitaron de forma irregular, algunos de los cuales correspond¨ªan a mujeres que ejerc¨ªan la prostituci¨®n en locales de alterne de la provincia. El juez acab¨® archivando el caso por falta de pruebas.

Algunos de los expedientes analizados por los Mossos d'Esquadra se resolvieron en tiempo r¨¦cord -entre un d¨ªa y un mes-, cuando el proceso legal no pod¨ªa ser inferior a tres meses. La oficina de Extranjer¨ªa de Lleida ten¨ªa s¨®lo 13 funcionarios para resolver unos 37.000 expedientes. En el periodo investigado se llegaron a aprobar hasta 8.214.

De 1.772 expedientes revisados, 1.522 hab¨ªan sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron pr¨¢cticas irregulares de los responsables de la Administraci¨®n. Este supuesto trato de favor se conced¨ªa, principalmente, a empresas de trabajo temporal, una de ellas vinculada a un militante del PP.