El Gobierno acepta que la ley de memoria condene la represi¨®n contra los cat¨®licos

A pesar de los escas¨ªsimos plazos de que dispone, el Gobierno avanza lentamente en la negociaci¨®n de la Ley de Memoria Hist¨®rica. Ya ha aceptado condenar los desmanes en el bando republicano contra ciudadanos cat¨®licos, como pide CiU (los democristianos de Uni¨® exist¨ªan en 1936). Adem¨¢s, CiU pide que el art¨ªculo 3.2, que declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas, incluya a los jurados populares que ordenaron fusilamentos en el bando republicano. El Gobierno no ha hecho ning¨²n nuevo intento de acuerdo con IU-ICV, que exige la condena expl¨ªcita del franquismo.

El l¨ªder de Uni¨®, Josep Antoni Duran, ha tomado el mando de la negociaci¨®n, que lleva personalmente con el equipo de la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, principal art¨ªfice de la ley. Los acuerdos no parecen lejanos -aunque los plazos apremian- pero Duran ha dejado muy claro a sus interlocutores que para CiU es fundamental que tambi¨¦n el PNV, con quien le unen lazos hist¨®ricos y filiaci¨®n democristiana, apoye esta ley. Los nacionalistas vascos reclaman alg¨²n compromiso para la devoluci¨®n a Euskadi de los documentos del Gobierno vasco en el exilio.

El Gobierno ha enviado una ¨²ltima propuesta en la que se contempla la idea de los democristianos de incluir en la ley el terror en el bando republicano, especialmente contra ciudadanos cat¨®licos. As¨ª, el art¨ªtulo 2.1, que dec¨ªa "se declara el car¨¢cter radicalmente injusto de todas las condenas [...] por razones pol¨ªticas o ideol¨®gicas", ahora a?ade "o de creencia religiosa"; y en el 3.2, que declara ileg¨ªtimos todos los tribunales franquistas (Tribunal de la Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo, Tribunal de Orden P¨²blico) y los consejos de guerra, se agrega "por motivos de creencia religiosa" para contemplar el terror republicano.

Jurados republicanos

CiU quiere ir un poco m¨¢s all¨¢, y ayer el equipo de Duran envi¨® a Moncloa una propuesta para incluir, entre los tribunales ileg¨ªtimos, a los jurados populares que en plena guerra sancionaron la mayor¨ªa de los desmanes en el bando republicano.

Con CiU la negociaci¨®n parece avanzar, y eso podr¨ªa arrastrar al PNV, que en ning¨²n momento ha mostrado una oposici¨®n frontal a esta ley, aunque s¨ª quiere corregir algunas cosas. Pero la situaci¨®n est¨¢ bloqueada con IU-ICV, a la que el Ejecutivo no ha ofrecido apenas avances en los asuntos que ten¨ªan pendientes desde que lograron un preacuerdo en abril.

Uno de los puntos de desacuerdo es la exposici¨®n de motivos. IU-ICV -la negociaci¨®n la llevan al alim¨®n Joan Herrera y Gaspar Llamazares- exige una condena expl¨ªcita del franquismo. El texto que ofrece el Gobierno, que se ha a?adido a la exposici¨®n de motivos que se propuso inicialmente, se?ala: "Cumple recordar que el 20 de noviembre de 2002 la Comisi¨®n Constitucional del Congreso de los Diputados aprob¨® por unanimidad una Proposici¨®n de Ley en la que el ¨®rgano de representaci¨®n de la ciudadan¨ªa reiteraba que 'nadie puede sentirse legitimado, como ocurri¨® en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones pol¨ªticas y establecer reg¨ªmenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos', y, en fechas m¨¢s recientes, en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en Par¨ªs el 17 de marzo de 2006 se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en Espa?a por el r¨¦gimen pol¨ªtico establecido tras la Guerra Civil entre los a?os 1939 y 1975".

Herrera y Llamazares quieren un texto m¨¢s claro, que condene expresamente el franquismo y el golpe militar, de una vez y para siempre, en una ley. Adem¨¢s reclaman otra cuesti¨®n m¨¢s de fondo. El art¨ªculo 3, la gran novedad que se pact¨® en abril entre el PSOE e IU-ICV, declara "ileg¨ªtimas las condenas y sanciones dictadas por motivos pol¨ªticos". Herrera y Llamazares interpretan que eso tiene consecuencias jur¨ªdicas que podr¨ªan llevar a anular alguna sentencia en los tribunales. El Ejecutivo interpreta que no. Para evitar dudas, IU-ICV exige que la exposici¨®n de motivos lo aclare, pero el texto que propone el Ejecutivo no lo incluye.