Voltios sin control

?Qu¨¦ tienen en com¨²n los polic¨ªas locales de los Ayuntamientos canarios de Arona, Telde o Santa Br¨ªgida, los de la Generalitat Valenciana, los agentes del Grupo de Intervenci¨®n Especial de los Mossos d'Esquadra, o un guardia civil de Roquetas de Mar, en Almer¨ªa? Respuesta: la posibilidad de usar armas que descargan 50.000 voltios contra detenidos.

Para reducir al agricultor Juan Mart¨ªnez Galdeano, que se present¨® el 24 de julio de 2005 en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas presa de una fuerte excitaci¨®n, los agentes usaron medios reglamentarios y no reglamentarios, incluida una defensa el¨¦ctrica, utilizada al menos por uno de los funcionarios. La autopsia que se practic¨® a Galdeano revela la utilizaci¨®n de un arma inmovilizadora o "pistola para aturdir", calific¨¢ndola como "concausa (de la muerte) directamente relacionada con la detenci¨®n". Se conden¨® a tres de los ocho agentes inicialmente procesados, pero la sentencia obvia las consecuencias penales de que uno de ellos usara un arma prohibida.

El caso Roquetas presenta similitudes con casos de otros pa¨ªses que alimentan serias preocupaciones de derechos humanos y muchas dudas sobre los efectos m¨¦dicos de los dispositivos paralizantes de electrochoque, entre los cuales se encuentran las pistolas Taser. Los fabricantes presentan estas pistolas como "no letales", y como alternativa a la utilizaci¨®n de armas de fuego para el control de individuos peligrosos. Estas armas de alta tecnolog¨ªa, que disparan dardos que producen una descarga de 50.000 voltios durante cinco segundos, son instrumentos con capacidad de infligir dolor y susceptibles de ser utilizadas de forma abusiva. Tambi¨¦n arrastran un inquietante historial all¨ª donde su uso se ha extendido, como es el caso de Estados Unidos o Canad¨¢.

En EE UU, las pistolas tipo Taser se utilizan con demasiada frecuencia en situaciones en las que no est¨¢ justificado el uso de fuerza letal -ni siquiera el de las porras- por parte de la polic¨ªa. Las recientes im¨¢genes del estudiante taseado por agentes de seguridad el pasado 17 de septiembre en plena conferencia del senador John Kerry en la Universidad de Florida son un ejemplo de ello. No era un peligroso delincuente ni quer¨ªa atentar contra el senador. Le aplicaron 50.000 voltios por insistir demasiado en hacer una pregunta.

Existe un creciente n¨²mero de muertes de personas sobre las que se utilizaron armas tipo Taser por parte de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Entre junio de 2001 y junio de 2007, un total de 269 personas han muerto all¨ª tras recibir descargas por armas tipo Taser utilizadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En 39 casos, los forenses encontraron que el empleo de las armas tipo Taser fue causa o factor contribuyente de la muerte. Tambi¨¦n utiliz¨® estas armas la 800? Brigada de la Polic¨ªa Militar, acusada de cometer abusos graves en la prisi¨®n de Abu Ghraib, en Irak.

?Y en la Uni¨®n Europea? Aqu¨ª se avanza en la regulaci¨®n y control del comercio de tales instrumentos, pero cuerpos de seguridad de al menos nueve pa¨ªses europeos cuentan con defensas el¨¦ctricas o tienen planes de adquisici¨®n.

En Espa?a, la situaci¨®n es inquietante porque nadie sabe cu¨¢ntos polic¨ªas llevan en su cintura esta arma que aplica 50.000 voltios. La normativa proh¨ªbe la publicidad, compraventa, tenencia y uso de defensas el¨¦ctricas salvo en el caso de funcionarios habilitados y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas, pero existen serias y fundadas dudas sobre su aplicaci¨®n. Y aunque en nuestro pa¨ªs el uso no se encuentra generalizado por el momento, y los principales cuerpos de seguridad mantienen objeciones a su uso, la realidad exhibe una intolerable falta de control y descoordinaci¨®n, hasta el punto de que el Gobierno central es incapaz de ofrecer datos sobre el n¨²mero de defensas el¨¦ctricas a disposici¨®n del conjunto de las fuerzas de seguridad en Espa?a.

Este descontrol se hace patente cuando analizamos las comunidades aut¨®nomas. En algunas, las defensas el¨¦ctricas se excluyen expl¨ªcitamente de la dotaci¨®n; en otras, la reglamentaci¨®n es ambigua o inexistente, y en otras, las permiten. Por ejemplo, en Canarias y Valencia estas pistolas est¨¢n autorizadas para formar parte del equipamiento de las polic¨ªas locales, pero queda en manos de los Ayuntamientos la decisi¨®n sobre su utilizaci¨®n. En Catalu?a, la Generalitat ha reconocido la adquisici¨®n de pistolas Taser para el Grupo de Intervenci¨®n Especial de los Mossos d'Esquadra.

Aunque los fabricantes y distribuidores de estas armas minimicen los riesgos advertidos por la experiencia mundial, el m¨¢s elemental sentido com¨²n pide una suspensi¨®n inmediata de su empleo, a la espera de una investigaci¨®n que eval¨²e con rigor sus efectos m¨¦dicos, y que por supuesto sea independiente de los intereses comerciales y pol¨ªticos que lamentablemente rodean a las defensas el¨¦ctricas.

El Gobierno espa?ol debe impulsar con car¨¢cter de urgencia medidas para hacer efectiva esta suspensi¨®n, pero hasta que esto ocurra, debe hacer cumplir al menos las regulaciones y controles contemplados por la actual legislaci¨®n. De lo contrario, es probable que en un futuro no muy lejano el uso de armas de descarga el¨¦ctrica, incluidas las pistolas Taser, se haya extendido entre las fuerzas de seguridad, como en otros pa¨ªses, y hayamos tenido que lamentar m¨¢s malos tratos y muertes. Son un peligro letal, pero perfectamente evitable.

Esteban Beltr¨¢n es director de Amnist¨ªa Internacional Espa?a.