El ¨²ltimo viaje

A todos los cerdos les llega su San Mart¨ªn. Esto dice el refr¨¢n castellano. Pero no se refiere a la tradicional fiesta rural de la matanza del puerco, del d¨ªa del santo, el 11 de noviembre, sino al optimista vaticinio de que a todos los personajes despreciables les aguarda, inexorablemente, el d¨ªa de su derrota definitiva. Y es curioso esto, porque, como es sabido, el refr¨¢n, como "dicho sentencioso de uso com¨²n", seg¨²n define el diccionario oficial, es expresi¨®n condensada de experiencia popular, y como tal, generalmente desconfiada y poco dada al optimismo.

Hablando de final de dictaduras, y de destino de dictadores, nuestro refr¨¢n contendr¨ªa un voluntarismo positivo, un augurio favorable que, desgraciadamente, no expresa una ley hist¨®rica ineluctable.

Cuantas leyes o condenas generen las dictaduras, merecen la censura democr¨¢tica

Los dictadores son personajes despreciables. Es decir, se hacen merecedores de la mayor desestimaci¨®n, se han granjeado una falta de aprecio tan profunda como la que ellos han mostrado y ejercido sobre sus s¨²bditos y v¨ªctimas.

Las dictaduras no son actividad de una sola persona. Tras el individuo que personifica y protagoniza el poder absoluto hay siempre un soporte social, econ¨®mico, consecuentemente institucional, que, cuanto menos amplio es, m¨¢s f¨¦rreo se muestra.

Este soporte social e institucional resulta ser un part¨ªcipe del poder absoluto, que lo ejerce en beneficio de sus intereses propios, frente a grupos sociales y pol¨ªticos oponentes, a los que tiende a acallar, neutralizar y, en su caso, eliminar.

Aqu¨ª cabe apreciar, objetivamente, la criminalidad de los dictadores, de las dictaduras, de sus instituciones y de sus sectores de apoyo, constituidos en grupo u organizaci¨®n delictiva, con sus jefes, sus bases violentas, y sus c¨®mplices y encubridores aparentemente apacibles y silenciosos. La corrupci¨®n econ¨®mica, y la corrupci¨®n pol¨ªtica, que en supuestos extremos va desde el gansterismo hasta el genocidio, son frutos de esa tr¨¢gica forma de criminalidad. Todos los fujimoris tienen su montesinos.

La criminalidad, de origen y de ejercicio, trasciende a cuantas actividades derivan de ella. Sus leyes, sus decisiones, sus actuaciones. Todo ello, por tener un origen espurio, debe ser condenado por la historia de la democracia, y debe ser tenido por inexistente desde el punto de vista jur¨ªdico democr¨¢tico.

Esta es la construcci¨®n jur¨ªdica de la llamada "teor¨ªa de los frutos del ¨¢rbol envenenado", seg¨²n la cual cuantos frutos nazcan de ¨¦l son incomibles, por hermosos que se presenten. Cuantas leyes, decisiones, sentencias o condenas generen las dictaduras, los dictadores, sus instrumentos o sus tribunales, en cuanto procedan del ¨¢rbol envenenado de su criminalidad de origen o de ejercicio, merecen la censura democr¨¢tica, y deben tenerse por inexistentes desde el punto de vista jur¨ªdico democr¨¢tico.

Los dictadores, en ocasiones, afortunadamente, llegan a ser espectadores de su propio final. Cuando sus oponentes se cohesionan y fortalecen, cuando sus apoyos externos pierden el inter¨¦s por sustentarlos, sus soportes sociales se evaporan, y les carcomen sus disidencias internas, entonces les llega su ¨²ltima hora. Y es sabido que, tras su ca¨ªda, y a veces incluso un poco antes los m¨¢s avisados, afloran tantos ne¨®fitos dem¨®cratas que si todos ellos, antes, hubieran luchado por la libertad tanto como despu¨¦s pregonan, seguro que la dictadura no habr¨ªa prosperado.

Los dictadores prudentes no viajan. Hubo uno que solo sali¨® de su pa¨ªs una vez para ver al alem¨¢n que no nombrar¨¦, en Hendaya, y despu¨¦s a su amigo portugu¨¦s. Pero los menos sensatos, m¨¢s soberbios, y menos previsores, se aventuran en viajes de imprevisibles consecuencias. As¨ª le ocurri¨® a Fujimori en Chile, en noviembre de 2005, al final de un desdichado (para ¨¦l) exceso de osad¨ªa, concluido en su propio pa¨ªs el pasado 21 de septiembre.

Y as¨ª le hab¨ªa ocurrido anteriormente a Pinochet, en Londres, en 1998. En esta ocasi¨®n, los acontecimientos se desencadenaron a ra¨ªz de una genial propuesta de Carlos Castresana a la asamblea de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, celebrada en Barcelona, determinante de la querella formulada por la asociaci¨®n a t¨ªtulo particular, ya que, como es bien sabido, en aquel tiempo, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y la Fiscal¨ªa General del Estado no estaban dispuestas a valorar negativamente a este tipo de criminales. Este impulso procesal fue asumido por Baltasar Garz¨®n con una determinaci¨®n y un acierto que le han dado justa fama. De ello ha derivado una inflexi¨®n hist¨®rica para la persecuci¨®n internacional de los criminales a que nos venimos refiriendo.

El Auto de Garz¨®n de 18 de octubre de 1998 desencaden¨® un proceso de extradici¨®n que culmin¨® con la resoluci¨®n de 24 de noviembre del Tribunal de Apelaciones de la C¨¢mara de los Lores, no reconociendo la inmunidad a Pinochet, y acordando que prosiguiera el proceso de extradici¨®n de Garz¨®n, con base en el argumento, sin duda obvio, de que los cr¨ªmenes de asesinatos masivos, torturas y tomas de rehenes no son actos propios de un jefe de Estado, en cuya condici¨®n pret¨¦rita basaba Pinochet su defensa.

Cuando el ex dictador debe ser juzgado en su propio pa¨ªs, recuperada la democracia, no puede evitarse que todos los ojos se fijen en los ¨®rganos judiciales comprometidos en ese juicio.

Las transiciones de las dictaduras a las democracias son distintas, como son distintas entre s¨ª las dictaduras, o las democracias. Como antes se se?al¨®, los dictadores se arropan con sectores de apoyo, y con instituciones que conforman, o deforman, a su imagen y semejanza. Entre estas instituciones, no hay que olvidarlo, est¨¢n los ¨®rganos judiciales. Sostener que estos instrumentos de poder, compuestos por personas de carne y hueso con sus convicciones, no necesaria y universalmente democr¨¢ticas, con sus experiencias, y con sus escalafones burocr¨¢ticos, hayan de dar una respuesta susceptible de satisfacer a unos y otros, a dictadores y oprimidos, es ilusorio.

Lo deseable es que los ¨®rganos judiciales act¨²en con serenidad, con distancia, desde las garant¨ªas para los acusados. Las que ellos negaron anteriormente, ante estos mismos ¨®rganos. Pero esta misma din¨¢mica entra?a razonables susceptibilidades. La eliminaci¨®n de los servidores del antiguo r¨¦gimen, incluidos jueces y fiscales, por el tr¨¢mite de la depuraci¨®n, m¨¢s o menos encubierta, como ocurri¨® en la Alemania Oriental tras la unificaci¨®n, puede ser injusta, en muchos casos, y adem¨¢s suele ser administrativa y econ¨®micamente inviable. La absorci¨®n, sin m¨¢s, de los ¨®rganos de poder procedentes de las dictaduras, incluidos los judiciales, tambi¨¦n puede producir problemas de resistencias, resentimientos y nostalgias. As¨ª mismo, debe convenirse que el juicio justo que merece cualquier dictador, como cualquier otro criminal, es incompatible con toda suerte de venganza. Aun en el supuesto extremo del modelo de transici¨®n de "cambio de tortilla", la justicia de represalia, de venganza, de "aplicarles su propia medicina" es inaceptable desde la perspectiva de la justicia democr¨¢tica, y, m¨¢s concretamente, desde la salud de la democracia.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es fiscal jubilado. Ha sido fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.