Bruselas investiga si las exenciones fiscales inmobiliarias de la Iglesia son ilegales
El Ejecutivo solicita m¨¢s tiempo para una respuesta que basar¨¢ en los Acuerdos de 1979
Bruselas ha solicitado informaci¨®n al Gobierno sobre "los beneficios fiscales de la Iglesia cat¨®lica". La Comisi¨®n Europea investiga las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia en sus actividades inmobiliarias. Concretamente, su objetivo es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava las obras que requieran autorizaci¨®n municipal. El Ejecutivo solicita m¨¢s tiempo para responder a Bruselas, aunque ya ha anticipado que su argumento jur¨ªdico se asienta sobre los acuerdos Espa?a-Vaticano de 1979.
"S¨®lo quer¨ªa comentar que hay una investigaci¨®n en curso sobre los beneficios fiscales de la Iglesia cat¨®lica [en Espa?a]. Decir que se est¨¢ averiguando si son justificados, o excesivos y constituyen una subvenci¨®n ilegal". La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, pronunci¨® ayer estas palabras sin que le preguntaran al respecto en un encuentro con un grupo reducido de periodistas en Madrid tras un homenaje a la fallecida Loyola de Palacio -quien fuera vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea-. Un portavoz de la Comisi¨®n precis¨® que la investigaci¨®n se centra en las actividades inmobiliarias de la Iglesia, sin dar m¨¢s datos.
La Comisi¨®n, que comenz¨® sus investigaciones el pasado julio, ha solicitado informaci¨®n al Gobierno sobre estos beneficios fiscales. A mitad de septiembre, el Ejecutivo pidi¨® m¨¢s tiempo a Bruselas para responder al requerimiento. Kroes declar¨® que tambi¨¦n indagan sobre una situaci¨®n similar en Italia.
La investigaci¨®n se ci?e al ICIO, seg¨²n el Ministerio de Hacienda. Este es un tributo de car¨¢cter municipal que grava la construcci¨®n de obras que requieran una licencia municipal.
El argumento jur¨ªdico que emplear¨¢ el Gobierno es que se enmarca en los acuerdos de 1979 entre Espa?a y el Estado de la Santa Sede, y que hay que respetarlo al ser un pacto anterior al de ingreso de Espa?a en la UE en 1986, seg¨²n Hacienda. El Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar public¨® en 2001 una orden en la que aclaraba que el ICIO se inclu¨ªa en las exenciones contemplados en el concordato. La Conferencia Episcopal Espa?ola renunci¨® ayer a dar su opini¨®n sobre la investigaci¨®n de Bruselas.
Renunciar a las cantidades que la Iglesia abonar¨ªa por el ICIO supone una importante p¨¦rdida econ¨®mica para los ayuntamientos. Este tributo aporta un 5% de los ingresos anuales de los ayuntamientos (unos 1.600 millones de euros, seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles en el Ministerio de Econom¨ªa, referentes a 2004). Lo abonan las personas o empresas que corran con los gastos de construcci¨®n de una obra y puede representar hasta un 4% de ese coste.
No es la Iglesia la ¨²nica exenta del pago. Las obras de las administraciones del Estado (incluidos puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles) escapan de la obligaci¨®n, lo que ha motivado protestas en los tribunales de los ayuntamientos. No hay estimaciones sobre cu¨¢nto podr¨ªa aumentar esta partida si todos pagaran, pero el ICIO constituye el m¨¢s cuantioso de los impuestos indirectos municipales.
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