El 'caso Sogecable'

Resulta dif¨ªcil olvidar, al hilo del recuerdo del fallecido presidente del Grupo PRISA, Jes¨²s de Polanco, los meses dif¨ªciles, inciertos, peligrosos, que le toc¨® vivir en primer¨ªsima persona, durante el llamado caso Sogecable. No fue una an¨¦cdota. El caso Sogecable fue un ataque directo y feroz contra los intereses del Grupo PRISA desencadenado por fuerzas pol¨ªticas o sociales que pusieron todo el empe?o del mundo en utilizar una excusa insignificante para organizar un proceso criminal en toda regla contra el Consejo de Administraci¨®n de Sogecable.

Fue un aciago ejemplo de instrumentalizaci¨®n de la justicia para la satisfacci¨®n de intereses particulares, algo en lo que algunos accionistas no ya minoritarios sino marginales de determinadas sociedades cotizados se han convertido en especialistas, como un conocido y obsesivo abogado recientemente fallecido. Se ha dicho siempre -y nunca se ha desmentido- que la instrucci¨®n penal -con toda la parafernalia de un Juzgado Central de Instrucci¨®n de la Audiencia Nacional- fue incitada o dirigida desde el Gobierno en el poder o -m¨¢s bien- desde alg¨²n n¨²cleo concreto de ese Gobierno o del partido que lo sustentaba. No lo s¨¦. Lo cierto es que alguna fuerza poderosa mov¨ªa los resortes de aquel desdichado juez, de aquel fiscal imprevisible -que por sistema se opon¨ªa a todas las solicitudes de sobreseimiento- y de aquellos extravagantes y marginales abogados que tuvieron en vilo, durante meses, a todos los consejeros de Sogecable, incluidos no s¨®lo los altos directivos de PRISA, sino tambi¨¦n los representantes en el consejo de accionistas como Grupo March, BBVA y Bankinter. Aquel incidente rompi¨® para muchos, quiz¨¢s de manera irremediable, la credibilidad del partido pol¨ªtico de referencia o -mejor dicho- la de quienes entonces estaban al frente del mismo. En los saraos de algunos amigos muy pr¨®ximos al entonces presidente del Gobierno, encumbrados por ¨¦l a la presidencia de grandes empresas todav¨ªa entonces p¨²blicas, el juez G¨®mez de Lia?o era jaleado como un h¨¦roe.

Deber¨ªamos saber alg¨²n d¨ªa qui¨¦nes movieron las cuerdas del gui?ol en ese oscur¨ªsimo episodio

Tengo a la vista, cuando escribo estas l¨ªneas, la querella firmada por el procurador de Jes¨²s Cacho Cort¨¦s, el 29 de abril de 1997, a la que luego se adhirieron otros, "al tener noticia de la incoaci¨®n" por el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional de las diligencias previas n¨²mero 54/97-10 referentes a "id¨¦nticos o semejantes hechos". ?Qui¨¦n inst¨® esas diligencias? ?La denuncia de Jaime Campmany como hecho aislado? ?Qui¨¦n concit¨® la voluntad del instructor, la del fiscal y la de la parte querellante?

La excusa era nimia: la "supuesta apropiaci¨®n" de los dep¨®sitos entregados en concepto de fianza por los suscriptores de Canal + al alquilar los descodificadores. Seg¨²n los querellantes esos dep¨®sitos deb¨ªan de haberse contabilizado de manera diferente a como lo hizo la empresa y deber¨ªan haber quedado inmovilizados. Sobre tan peregrina argumentaci¨®n, desmentida por auditores y asesores y por los propios clientes de la plataforma, se mont¨® una querella de chiste por "delitos de apropiaci¨®n indebida, estafa y delito societario de falsedad" que, incre¨ªblemente, fue admitida a tr¨¢mite por el juez G¨®mez de Lia?o, alentada por el Ministerio Fiscal y que provoc¨® multitud de sesiones en la Audiencia Nacional -en la mayor¨ªa de las cuales estuve presente-, recursos y apelaciones, para finalizar en la condena firme del juez por parte del Tribunal Supremo por delito de prevaricaci¨®n y el vergonzante indulto que posteriormente le concedi¨® el Gobierno.

Antes de que todo esto sucediera, Jes¨²s de Polanco, Carlos March y varios administradores m¨¢s de Sogecable tuvieron que soportar dur¨ªsimos interrogatorios en los que Lia?o y el fiscal interven¨ªan apostillando y endureciendo en muchos casos las preguntas de las acusaciones particulares e imponiendo a diestro y siniestro medidas cautelares notoriamente desproporcionados, todas las cuales la Sala de la Audiencia Nacional anulaba con posterioridad. Recuerdo perfectamente cuando decidi¨® retener el pasaporte del se?or March y la habilidad con la que Juan Luis Cebri¨¢n a trav¨¦s de un incidente de recusaci¨®n m¨¢s que justificado, consigui¨® evitar declarar ante el juez que -se dijo entonces- estuvo a punto de decretar su prisi¨®n cautelar. No lleg¨® a tanto el entonces juez, pero s¨ª extendi¨® todo lo que pudo el alcance de las medidas econ¨®micas y el efecto sorpresa con el que pretend¨ªa tener bajo presi¨®n en todo momento a los imputados.

El 20 de junio de 1997, despu¨¦s de toda una ma?ana de interrogatorio y declaraci¨®n, en la que Polanco hizo gala de un temple y un aplomo extraordinarios, y frisando ya el fin de la ma?ana de ese viernes, la secretar¨ªa del juzgado notific¨® la imposici¨®n al declarante de un aval de 200 millones de pesetas que deber¨ªa ser depositado en el Juzgado a la mayor brevedad posible. Algunas acusaciones pretendieron elevar el aval a 4.000 millones de pesetas. Eran m¨¢s de las dos y media de la tarde y todo el mundo en el juzgado daba por hecho que el aval no pod¨ªa ser constituido hasta el siguiente lunes por la ma?ana, lo que supon¨ªa para el interesado el grave riesgo de ser detenido cautelarmente en cualquier momento. No hubo lugar. Ante la sorpresa del secretario, 15 minutos despu¨¦s de ser notificado el auto y antes de que la Secretar¨ªa del Juzgado cerrara a las tres de la tarde, el aval de Bankinter -autorizado y preparado de antemano con la cifra en blanco- fue firmado y entregado por m¨ª al secretario, que no tuvo m¨¢s remedio que aceptarlo y dar por constituida la garant¨ªa, no sin antes requerirme para que le justificara el car¨¢cter solidario de mi poder de representaci¨®n y la suficiencia de l¨ªmite, requisitos que obviamente se cumpl¨ªan. No s¨¦ qu¨¦hubiera sucedido en otro caso. A Polanco se le impuso adem¨¢s la obligaci¨®n de comparecer en el juzgado los d¨ªas 1 y 15 de cada mes, estar en todo momento a disponibilidad del mismo y no ausentarse del territorio nacional sin autorizaci¨®n del juez, que, al menos en una ocasi¨®n, le fue denegada.

Por cierto, nunca me encontr¨¦ en las reuniones con Polanco al magnate prepotente que describen sus adversarios. M¨¢s bien, todo lo contrario: Jes¨²s era un se?or amable, un pasiego inteligent¨ªsimo, campechano, divertido y franco, que, por citar un ejemplo, nos firm¨® enseguida las contragarant¨ªas bancarias de rigor como cualquier cliente de a pie.

Hay otra an¨¦cdota del caso que no me resisto a dejar de comentar. En aquellos d¨ªas vino a visitarme a mi despacho de Bankinter, por otro asunto, un familiar muy ¨ªntimo del juez. Al hacerle part¨ªcipe yo de nuestra preocupaci¨®n por la probable comparecencia en la Audiencia Nacional del representante del banco en el consejo de Sogecable -tambi¨¦n imputado como todos los dem¨¢s- me llam¨® al poco tiempo para decirme que estuvi¨¦ramos tranquilos, que nuestro representante nunca iba a ser llamado a declarar -lo que as¨ª sucedi¨® por rara excepci¨®n- y que el asunto no iba contra nuestros intereses. Desde luego que no.

A Jes¨²s de Polanco este episodio, tan arbitrario, le amarg¨® profundamente durante un tiempo. No deber¨ªa caer el silencio sobre el atropello tan grave que sufrieron los consejeros de Sogecable. Deber¨ªamos saber alg¨²n d¨ªa qui¨¦nes movieron las cuerdas del gui?ol en ese oscur¨ªsimo episodio de nuestro reciente pasado. Mi recuerdo y mi respeto tambi¨¦n para dos de los abogados que formaron parte del equipo de abogados y que ya no est¨¢n con nosotros: el incombustible y eficaz Diego C¨®rdoba y mi inolvidable amigo Santiago Ilundain, que defend¨ªa, con su proverbial maestr¨ªa en lo mercantil y en lo fiscal, a los auditores igualmente imputados.

Rafael Mateu de Ros es abogado.