El Gobierno central le recuerda a la Comunidad sus obligaciones con la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Gobierno de la Comunidad y el Ejecutivo central. En una situaci¨®n de total bloqueo de esta ley en Madrid, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, G¨¢dor Ongil, y la secretaria de Estado de la misma ¨¢rea, Amparo Valcarce, se reunieron ayer para abordar el problema. Mientras, 200.000 madrile?os dependientes (23.000 de grado tres, el m¨¢ximo) esperan a que se aplique la Ley de Dependencia, aprobada el pasado diciembre.

La reuni¨®n celebrada ayer fue solicitada por Ongil "para urgir el desarrollo del reglamento de la normativa" y los 23 millones de euros que Madrid recibir¨¢ del Estado para aplicar la Ley de Dependencia. La secretaria de Estado record¨® a Ongil los deberes que debe hacer el Gobierno regional para cobrar esos 23 millones reservados para el colectivo de dependientes de la regi¨®n en este ejercicio. La Comunidad, que como el resto de las regiones tiene transferidas las competencias en este ¨¢mbito, destina 730 millones para cubrir esta atenci¨®n. Ongil se quej¨® despu¨¦s del "tono" de Valcarce, que, dijo, le hizo "cr¨ªticas sin fundamento".

Seg¨²n fuentes de su departamento, Valcarce le record¨® a Ongil que tiene que comunicar al ministerio "los datos sobre las personas cuyo grado de dependencia ya ha sido valorado por la Comunidad". A finales de septiembre, el Gobierno regional aseguraba que, de las 9.000 solicitudes recibidas, se hab¨ªan evaluado 3.600, ya que s¨®lo hay 64 expertos dedicados a ello. Valcarce tambi¨¦n le record¨® a la consejera que tiene que presentar "un informe con los servicios y prestaciones que ya ha facilitado la Comunidad". Y, por ¨²ltimo, debe enviar "los proyectos para la financiaci¨®n de la atenci¨®n de las personas dependientes que se encuentran dentro del nivel m¨¢s alto, a las que atender¨¢ la ley en primer lugar", explicaron fuentes de su secretar¨ªa.

Por su parte, Ongil explic¨® que la secretaria de Estado tiene "un importante desconocimiento de c¨®mo se financian los servicios p¨²blicos en la regi¨®n", y dijo haber reprochado a Valcarce la insuficiencia de los 23 millones destinados a Madrid. "En la transmisi¨®n de los datos estamos cumpliendo, atendiendo y valorando a todo aquel que nos lo ha solicitado", recalc¨®.

Las discusiones entre ambas administraciones afectan tambi¨¦n a qui¨¦n deb¨ªa desarrollar el famoso reglamento -la aplicaci¨®n de la ley estatal espec¨ªfica para la regi¨®n-, un tap¨®n dial¨¦ctico que mantiene a miles de familias madrile?as en vilo, a la espera de una evaluaci¨®n que determine su grado de dependencia y la ayuda.