Los compromisos que hay detr¨¢s del pacto

El Pacto Nacional por la Vivienda firmado el pasado lunes por la Generalitat y 34 entidades supone el compromiso de los firmantes para lograr que la vivienda deje de ser la principal preocupaci¨®n de los ciudadanos. Despu¨¦s de las negociaciones, toca arremangarse. Las m¨¢s de 200 p¨¢ginas que integran el documento detallan qui¨¦n debe hacer qu¨¦ y c¨®mo para lograr los cinco retos que se marca. Uno: crear vivienda social y fomentar el alquiler. Dos: impulsar la rehabilitaci¨®n del parque de viviendas existente. Tres: mejorar el alojamiento de los mayores. Cuatro: prevenir la exclusi¨®n social residencial. Y cinco: garantizar el acceso a una vivienda digna a los colectivos m¨¢s desfavorecidos. Para que no quede en papel mojado, los que siguen son los deberes que los firmantes tienen en la agenda.

La Generalitat: gesti¨®n, suelo y celeridad

Adem¨¢s de capitanear el barco del pacto -con la creaci¨®n de una Comisi¨®n de Seguimiento y otra entre departamentos del Gobierno-, y costearlo en un 81%, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda se compromete a movilizar suelo para levantar vivienda protegida y a agilizar los farragosos tr¨¢mites del planeamiento para que se construya cuanto antes. Puede declarar sectores de urbanizaci¨®n prioritaria donde se dedique m¨¢s del 60% de los pisos nuevos a vivienda protegida y apostar mayoritariamente por el alquiler. Adem¨¢s, aumentar¨¢ las subvenciones para compra y urbanizaci¨®n de suelo destinado a pisos de protecci¨®n y las ayudas a los colectivos con m¨¢s problemas para costearse la vivienda.

Los ayuntamientos: planificar y ejecutar

La planificaci¨®n del uso del suelo para futuras necesidades de viviendas sociales es el primer compromiso de los ayuntamientos. Si son capitales de comarca o tienen m¨¢s de 5.000 habitantes deben ponerse las pilas para tener dentro de 20 a?os el 15% del parque residencial en pisos sociales. De no hacerlo, ser¨¢n sancionados. Si el suelo es suyo, deber¨¢n destinar un m¨ªnimo del 40% de los pisos nuevos a vivienda protegida (si proviene de recalificaciones, el 60%). En cualquier caso, se les invita a incrementar las reservas para pisos sociales m¨¢s all¨¢ del 30% que fija la Ley de Urbanismo y pueden aumentar la densidad siempre que destinen el sobrante a viviendas de protecci¨®n oficial (VPO). Tambi¨¦n se comprometen a agilizar los tr¨¢mites urban¨ªsticos, y una vez iniciado un proyecto deben fijar plazos al promotor e intervenir si no los cumple. Cuando entre en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda, los ayuntamientos podr¨¢n ejercer el derecho de tanteo y retracto (compra preferente). Otro encargo que tienen es descubrir viviendas en mal estado, abandonadas o en situaci¨®n an¨®mala, como en sobreocupaci¨®n.

Cajas de ahorros: pr¨¦stamos preferenciales y obra social

El principal cometido de las cajas de ahorros en el pacto es abrir l¨ªneas de cr¨¦dito preferencial. Pr¨¦stamos para promotores que compren suelo para VPO, para construir (con especial atenci¨®n al r¨¦gimen de alquiler), para incrementar la rehabilitaci¨®n, o a tipo fijo para facilitar el acceso a la vivienda y evitar los sustos de las subidas de tipos. Tambi¨¦n se comprometen a publicitar productos preferenciales para compra de VPO y a mejorar las hipotecas inversas para personas mayores. Adem¨¢s, colaborar¨¢n con la Administraci¨®n en los avales para compra de primera vivienda. Las obras sociales de las entidades se comprometen a evaluar los programas que cofinancian con las administraciones y a incrementar la financiaci¨®n de la red de viviendas de inclusi¨®n.

Cooperativas: nuevos modelos de protegida

Las cooperativas que construyen vivienda protegida, mayoritariamente vinculadas a los sindicatos, tienen el encargo de estudiar nuevos modelos de gesti¨®n, participaci¨®n y r¨¦gimen de tenencia de viviendas sociales. El pacto prev¨¦ la creaci¨®n de figuras in¨¦ditas en Catalu?a, como los pisos concertados (a precio intermedio entre los sociales y los libres), los pisos con opci¨®n a compra y las cooperativas de derecho a uso. En esta modalidad, de origen n¨®rdico, si finalizada la protecci¨®n un cooperativista decide vender su piso, recupera la inversi¨®n, pero no la vivienda f¨ªsicamente, con el objetivo de no diezmar el parque social.

Promotores y constructores: promover y construir

Aunque suene obvio, el principal compromiso de los promotores es promover, y el de los constructores, construir. Los propietarios del suelo deben desarrollarlo con celeridad o ceder su desarrollo a otros promotores, p¨²blicos o privados, que garanticen que har¨¢n obras inmediatamente. En el caso de los promotores, la futura Ley fija que deben ceder el 20% de los edificios que levanten en suelo urbano (dentro de una ciudad) a pisos sociales. Durante las negociaciones para sumarse al pacto, la Asociaci¨®n de Promotores logr¨® que estas cesiones s¨®lo les afecten cuando el edificio tenga m¨¢s de 5.000 metros cuadrados y no m¨¢s de 2.000 como preve¨ªa la primera redacci¨®n. Los constructores tambi¨¦n se comprometen a fomentar la instalaci¨®n de nuevos sistemas energ¨¦ticos y han logrado revisar la fiscalidad de las obras de rehabilitacion. Vale la pena destacar que el sector de la construcci¨®n y el de la promoci¨®n han calculado que la materializaci¨®n del pacto les garantiza el 20% del negocio en los pr¨®ximos 10 a?os, los de vigencia del acuerdo.

Vecinos: participaci¨®n ciudadana

Al contrario que otros agentes a quienes la Generalitat acudi¨® para sumarlos al pacto, las asociaciones de vecinos, como las de consumidores, casi tuvieron que alargar la cabeza para estar en ¨¦l, y llegaron a quejarse ante un trato que consideraron "de interlocutores de segunda". De acuerdo con el texto definitivo, las asociaciones de vecinos participar¨¢n en las mesas locales de vivienda y en la elaboraci¨®n de los criterios de adjudicaci¨®n de viviendas sociales.

Notarios y registradores: control y transmisiones

Control es la palabra que resume su papel en el pacto. Notarios y registradores tienen el encargo de controlar y notificar las transmisiones de vivienda protegida (donde existe el fraude, al vender pisos que todav¨ªa no est¨¢n descalificados), as¨ª como controlar las compraventas de locales que no tienen c¨¦dula de habitabilidad y se anuncian como vivienda. En el plano t¨¦cnico y como conocedores de la ley, est¨¢n llamados a estudiar la complejidad del derecho de tanteo y retracto, una posibilidad que el pacto otorga a los ayuntamientos, pero que es de gran complejidad jur¨ªdica.

Administradores y API: prestigiar el alquiler

Uno de los deberes m¨¢s interesantes que tienen los administradores de fincas y los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) es colaborar en prestigiar el alquiler entre posibles inquilinos y dando a conocer a los propietarios las garant¨ªas que las nuevas normativas les confieren. Por ejemplo el "aval alquiler", del que se encarga la Administraci¨®n y da cobertura al propietario en caso de da?os o impagos. Aunque forma parte de la ley y no del pacto, los API est¨¢n especialmente satisfechos del registro de profesionales que prev¨¦ la futura normativa, una herramienta que no obligar¨¢ a la colegiaci¨®n (que es competencia del Gobierno central) pero s¨ª a cierto control de los intermediarios en la compra y venta de pisos. Ahora no existe y cualquier persona con un m¨®vil y una tarjeta de visita puede dedicarse a ello.

Aparejadores y arquitectos: rehabilitaci¨®n y habitabilidad

El segundo reto del pacto, la rehabilitaci¨®n, es el que m¨¢s trabajo dar¨¢ a los colegios de aparejadores y arquitectos. Como profesionales que muchas veces tienen la ¨²ltima palabra ante la ejecuci¨®n t¨¦cnica de cualquier obra (firman, por ejemplo, los visados de los proyectos), deben establecer un sistema de inspecciones t¨¦cnicas de edificios y otro de control de las condiciones de habitabilidad.

Entidades sociales: el ¨²ltimo escal¨®n

Entidades como, por ejemplo, C¨¢ritas y Just¨ªcia i Pau, ambas firmantes del pacto, ejercen desde hace a?os lo que los objetivos cuatro y cinco del pacto escriben negro sobre blanco: la asistencia a los colectivos m¨¢s vulnerables a la exclusi¨®n residencial. Inmigrantes sin papeles, personas sin techo son los principales. Adem¨¢s, son entidades que gestionan la mayor¨ªa de los pisos de inclusi¨®n, viviendas con alg¨²n grado de tutela pensadas para colectivos para quienes es b¨¢sico tener resuelto el alojamiento en su proceso de inserci¨®n social, como ex reclusos, ex toxic¨®manos y discapacitados.