El derecho al m¨®vil

"Uy, peligro", exclama divertida Mar¨ªa Jes¨²s mientras juega al buscaminas. "Dos, dos, tres", advierte el m¨®vil. No puede ver en la pantalla los n¨²meros que le indican que est¨¢ a punto de activar una bomba y perder la partida. Es ciega. Pero el tel¨¦fono se los lee. Lleva instalado el mobile speak, lo ¨²ltimo en tecnolog¨ªa para m¨®viles pensados para personas con alguna discapacidad.

"Antes, s¨®lo me serv¨ªa para hacer y recibir llamadas, no pod¨ªa ni mandar mensajes, ni siquiera ver cu¨¢nto me quedaba de bater¨ªa", comenta. Ella est¨¢ a la ¨²ltima en este tipo de avances, ya que es la directora del centro de nuevas tecnolog¨ªas de la Organizaci¨®n Nacional de Ciegos (ONCE). All¨ª cargan el mobile speak a los afiliados que lo soliciten. Pero no todos los terminales son compatibles con el programa. El primer requisito es que sea de tercera generaci¨®n. Adem¨¢s, tiene que tener un sistema operativo especial, el symbian, que permite instalar aplicaciones.

Conscientes de estas dificultades, los operadores han lanzado ofertas que venden el paquete completo. Lo han hecho en colaboraci¨®n con distintas asociaciones a precios atractivos. Movistar lo ofrece desde 109 euros y Vodafone cobra s¨®lo el tel¨¦fono. A cambio, exigen un contrato de, al menos, 18 meses.

Responsabilidad. Es la respuesta a la pregunta del porqu¨¦ al impulso de este tipo de dispositivos. "Tenemos que vender m¨®viles para todos, nuestro deber es garantizar la accesibilidad universal. Al final acaba siendo un beneficio para todos", asegura con convicci¨®n Daniel Tapias, de Telef¨®nica Movistar. Un deber moral que pronto ser¨¢ tambi¨¦n legal. Y es que en el a?o 2013 todas las empresas estar¨¢n obligadas a vender terminales adaptados a personas con cualquier tipo de discapacidad.

Pero no todo lo explica la filantrop¨ªa. Est¨¢ en juego un mercado de 3,5 millones de clientes potenciales, m¨¢s sus respectivos familiares y amigos. Seg¨²n un estudio reciente elaborado por la Universidad de Deusto y Telef¨®nica, el 90% de los minusv¨¢lidos usa el m¨®vil. Hablamos pues de un jugoso pastel y de un mercado muy competitivo. De ah¨ª que las empresas incentiven la infidelidad aplicando un peque?o descuento a quienes abandonen otra compa?¨ªa para unirse a la suya. Es lo que llaman portabilidad en el argot de la telefon¨ªa.

"Falta informaci¨®n, mucha gente no sabe que existen aplicaciones y servicios espec¨ªficos", se queja Bego?a G¨®mez, de la asociaci¨®n de Familiares y Amigos de Personas Sordas (FIAPAS). Es una queja constante. Por eso muchas organizaciones permiten a los interesados probar estos dispositivos en sus sedes. "Aqu¨ª dejamos usar el lazo de inducci¨®n, y la mayor¨ªa de la gente sale encantada", comenta.

El lazo inductivo es un cable que se conecta al m¨®vil y que se coloca alrededor del cuello. Sirve para eliminar las interferencias que causa el m¨®vil en las personas con implantes auditivos, aunque s¨®lo ayuda a quienes tengan implantes con bobina de inducci¨®n. Para personas con sordera profunda es m¨¢s ¨²til el blackberry. Se trata de un dispositivo con un teclado similar al de los ordenadores que permite navegar por Internet y utilizar un servicio de chat.

Las compa?¨ªas se preparan para el futuro. Un real decreto que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminaci¨®n de los discapacitados obligar¨¢ a los operadores a vender dispositivos accesibles para cualquier tipo de discapacidad, y las compa?¨ªas tendr¨¢n de plazo hasta el a?o 2013 para aplicarlo. Este real decreto desarrolla la conocida como Ley Liondau, aprobada en diciembre de 2003 y que establec¨ªa la "accesibilidad universal". No impone ninguna tarifa, ni las asociaciones lo piden, seg¨²n Luis Cayo, director ejecutivo del Comit¨¦ Espa?ol de Personas con Discapacidad, CERMI: "No pedimos caridad, somos consumidores, como todo el mundo. No queremos tarifas especiales, s¨®lo que haya servicios para todos".

Este decreto que debi¨® aprobarse hace a?o y medio. La raz¨®n del retraso, seg¨²n Cayo, es "el rechazo de las comunidades aut¨®nomas, porque tienen las competencias. Pero es que la discapacidad ha dejado de ser parte de los asuntos sociales, eso se ha superado. Ahora se entiende como un derecho que debe garantizar el Estado".

En palabras de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, con la regulaci¨®n de las empresas se completa lo que ella llama "el c¨ªrculo virtuoso": legislaci¨®n, innovaci¨®n (Instituto Nacional de Tecnolog¨ªas de la Comunicaci¨®n) e implicaci¨®n de las empresas.