Bruselas amenaza con denunciar a Espa?a por la ley catalana de comercio
La Comisi¨®n Europea amenaz¨® ayer a Espa?a con denunciarla ante la justicia comunitaria si no modifica la legislaci¨®n que regula en Catalu?a el establecimiento de grandes superficies comerciales, informa Efe. El Ejecutivo comunitario anunci¨® el env¨ªo de un "dictamen motivado" -el segundo paso del procedimiento de infracci¨®n de la Uni¨®n Europea- que da a Espa?a dos meses para responder a los requisitos de cambios necesarios en la citada normativa.
Bruselas considera que la legislaci¨®n referente al impuesto de las superficies comerciales de m¨¢s de 2.500 metros cuadrados y a la apertura de nuevos establecimientos infringe la libre competencia en el mercado comunitario. La Comisi¨®n afirma que las normas catalanas no cumplen el art¨ªculo 43 del tratado comunitario sobre libertad de establecimiento.
Asimismo define estas dos leyes que regulan las grandes superficies en Catalu?a como "un procedimiento complejo y restrictivo, que no se justifica en consideraciones de ¨¢mbito econ¨®mico".
La tasa que se aplica a las superficies de m¨¢s de 2.500 metros cuadrados fue aprobada en 2000 por la Generalitat catalana, a¨²n bajo el Gobierno de CiU, para corregir y compensar el impacto territorial y medioambiental de la implantaci¨®n de los grandes centros comerciales, y fue posteriormente denunciada por la Asociaci¨®n Espa?ola de Grandes Empresas de Distribuci¨®n (Anged).
La decisi¨®n del Ejecutivo de Bruselas no ha pillado por sorpresa al Departamento de Innovaci¨®n, Universidad y Empresa, teniendo en cuenta que las cr¨ªticas de la Comisi¨®n Europea se arrastran desde hace siete a?os, pese a las modificaciones que ha sufrido la normativa del sector. En diciembre de 2005, el Parlament aprob¨® la Ley de Equipamientos Comerciales, que s¨®lo permitir¨¢ abrir grandes superficies en las "tramas urbanas consolidadas" de las poblaciones. Las tiendas medianas de electrodom¨¦sticos, electr¨®nica y deportes requerir¨¢n licencia de la Generalitat, adem¨¢s de la de los ayuntamientos. La Generalitat espera a conocer el contenido preciso del dictamen antes de valorar la decisi¨®n.
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