El TSJ asume la investigaci¨®n a Alperi por prevaricaci¨®n

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la investigaci¨®n iniciada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero ocho de Alicante por supuestos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencia, falsedad, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y apropiaci¨®n indebida en la que est¨¢n imputados el diputado y alcalde de Alicante Luis D¨ªaz Alperi, aforado, miembros de la corporaci¨®n, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asumido la investigaci¨®n que se iniciara tras una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas irregularidades en la concesi¨®n de las licencias de construcci¨®n de varios aparcamientos subterr¨¢neos de Alicante. As¨ª consta en un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios explica las razones por las que la competencia pasa de un juzgado de instrucci¨®n al TSJ.

La denuncia presentada por Jos¨¦ Luis Vald¨¦s Fern¨¢ndez aportaba 21 documentos que recog¨ªan la tramitaci¨®n del expediente administrativo municipal sobre el concurso p¨²blico convocado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de 2003 para la construcci¨®n y explotaci¨®n de tres estacionamientos subterr¨¢neos. El concurso inicial sufri¨® una modificaci¨®n que supuso, a juicio del denunciante, un incremento de m¨¢s del 20% y que se aprob¨® sin el informe del Consejo Jur¨ªdico consultivo obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a la modificaci¨®n del contrato por el concesionario dejaron de tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto del alcalde sustituy¨® a la direcci¨®n t¨¦cnica y a la concejal¨ªa competente por la concejal¨ªa de Seguridad, ciudadan¨ªa, Tr¨¢fico y Transportes, que emiti¨® el informe que permit¨ªa las modificaciones que quer¨ªa el adjudicatario.

La Junta de Gobierno Local aprob¨® en sesiones de 14 de marzo y de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo informe del servicio de Econom¨ªa y Hacienda del consistorio, la ampliaci¨®n de la concesi¨®n en siete a?os y medio. Resultado: la Junta de Gobierno aprob¨® unas obras que costaban un 20% m¨¢s del presupuesto de Ejecuci¨®n de Contrata aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El quebranto econ¨®mico se estima en 2.268.060,94 euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumpli¨® la modificaci¨®n aprobada con relaci¨®n a la estructura perimetral del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos L¨®pez de Osaba, benefici¨¢ndose econ¨®micamente de ello.

Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucci¨®n de Alicante, se imput¨® a Luis D¨ªaz Alperi, alcalde de Alicante, diputado auton¨®mico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento T¨¦cnico de Tr¨¢fico y Planificaci¨®n viaria; Enrique Tom¨¢s Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e Hijos (mercantil que compr¨® terrenos a Terra M¨ªtica en el proceso de suspensi¨®n de pagos y se prepara para urbanizar el entorno del parque en cuatro a?os); Luis concepci¨®n Moscard¨®, concejal de Seguridad Ciudadana, Tr¨¢fico y Transportes cuando ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago Bern¨¢ldez Gazapo, director gerente de la constructora.

El problema de competencia se suscit¨® por la imputaci¨®n de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo deriv¨® al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por D¨ªaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentaci¨®n que componen las diligencias, la causa contin¨²a adelante con el magistrado Jos¨¦ Francisco Ceres Mont¨¦s como instructor.