Cuatro a?os en el cargo con la corrupci¨®n en los talones

La justicia no es r¨¢pida. Y el sistema jur¨ªdico espa?ol dispone de toda una serie de recursos para garantizar los derechos y la defensa de los presuntos autores de un delito. En ocasiones, esas garant¨ªas se convierten en el arma m¨¢s apropiada para dilatar y dilatar procedimientos judiciales. El abogado del l¨ªder del Partido Popular en Castell¨®n y presidente de la Diputaci¨®n Provincial, Carlos Fabra, es experto en eso, seg¨²n han reconocido algunos de sus compa?eros. Incluso, los que comparten defensa o acusaci¨®n con ¨¦l.

En diciembre de 2003, Vicente Vilar, empresario y amigo de Carlos Fabra, present¨® una querella contra el presidente de la Diputaci¨®n castellonense, del PP, en la que le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos. La mediaci¨®n que supuestamente ejerc¨ªa Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura estaba encaminada a tratar de acelerar autorizaciones para la fabricaci¨®n de los productos fitosanitarios del propio Vilar.

Desde que empez¨® a tramitarse el caso han pasado siete jueces por el Juzgado de Nules

Un empresario le acus¨® de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos

En medio de esta trama se desenvolv¨ªan dos empresas. Una del propio Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castell¨®n cobraba importantes cantidades de dinero en concepto de asesor¨ªa de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran las esposas del dirigente pol¨ªtico y el empresario de los fitosanitarios.

Un a?o despu¨¦s de la creaci¨®n de Artemis 2000, Fabra tuvo unos ingresos extraordinarios en sus cuentas de 931.000 euros, aunque declar¨® a Hacienda que hab¨ªa cobrado 73.000 y consigui¨® 3.000 euros de devoluci¨®n en la declaraci¨®n de la renta. La Agencia Tributaria le abri¨® un expediente por un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros por el que ahora est¨¢ tambi¨¦n imputado.

Casi cuatro a?os despu¨¦s de que se destapara el esc¨¢ndalo, el conocido como caso Fabra sigue en su fase inicial, con interrogatorios a testigos a¨²n por celebrar, al margen de la pr¨¢ctica de m¨²ltiples pruebas que, con meses de dilaci¨®n, se van aprobando. Todas ellas se incluyen en la investigaci¨®n derivada de la imputaci¨®n a Carlos Fabra ante la posible comisi¨®n de varios delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica (tr¨¢fico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios) y un fraude fiscal. Adem¨¢s de la ralentizaci¨®n que ha supuesto la resoluci¨®n de los recursos presentados, sobre todo por el l¨ªder del PP, el procedimiento judicial ha sufrido otras dificultades.

El caso Fabra se instruye en un juzgado "de pueblo" que habitualmente no es m¨¢s que una plaza "de paso" para los jueces. Desde que empez¨® a tramitarse la querella presentada contra Fabra, han pasado por el juzgado de Nules hasta siete jueces distintos que se han tenido que responsabilizar de las actuaciones. En el caso de los fiscales, el procedimiento fue asumido, en un principio, por el entonces fiscal jefe de Castell¨®n, Javier Arias, quien tuvo una sonada intervenci¨®n durante el primer interrogatorio a Carlos Fabra a quien pregunt¨®: "?Usted arriesgar¨ªa su carrera pol¨ªtica y profesional por la cuesti¨®n de tr¨¢fico de influencias m¨¢xime estando tan pr¨®ximas las pr¨®ximas elecciones generales y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aqu¨ª?".

Tras esas elecciones, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n apart¨® del caso a Arias y asumi¨® la investigaci¨®n en junio de 2004. Desde entonces, han sido cuatro los fiscales que han tenido que estudiar las cada vez m¨¢s abultadas diligencias. Tantos han sido los cambios que el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, lleg¨® a reconocer en un momento que ¨¦stos pod¨ªan "perturbar la marcha del proceso".

En cualquier caso, quienes se han mantenido en su sitio son los representantes de la Uni¨®n de Consumidores, los representantes de los usuarios, en consecuencia, de los ciudadanos, que apenas tres meses despu¨¦s de iniciarse el procedimiento solicitaron personarse en la causa. En este caso, se acept¨® que lo hicieran como acci¨®n popular y no como acusaci¨®n particular. Esta f¨®rmula se utiliza porque realmente lo que ejerce la UCE no es una acusaci¨®n a favor de los intereses de un particular sino la defensa de los derechos de todos y la protecci¨®n de la legalidad, el servicio p¨²blico y el respecto a la ley.

As¨ª, argumentaron su legitimizaci¨®n para personarse en el caso abierto contra el presidente de la Diputaci¨®n Provincial de Castell¨®n alegando que entre sus fines se encuentra la defensa del consumidor y de los usuarios, tambi¨¦n en el ¨¢mbito de las Administraciones p¨²blicas, y expusieron la posibilidad de un menguado control en la autorizaci¨®n de registros de productos fitosanitarios y, en consecuencia, el peligro que esto pod¨ªa suponer para el consumidor. Adem¨¢s, arguyeron que, de probarse la alteraci¨®n en el normal funcionamiento de la Administraci¨®n se estar¨ªa alterando tambi¨¦n el sistema al que son sometidos los usuarios. La Uni¨®n de Consumidores se?al¨® que la "¨²nica intenci¨®n y finalidad" era "ayudar al tribunal en las presentes diligencias de instrucci¨®n e investigaci¨®n".

El caso es que la UCE ha sido durante estos a?os la parte m¨¢s activa en la investigaci¨®n del llamado caso Fabra. Entre otras cosas, solicit¨® los interrogatorios a los ex ministros del Gobierno de Aznar que intervinieron en alguna de las reuniones o encuentros en los que se trataron los fitosanitarios de Vilar, reclam¨® la intervenci¨®n de peritos que estudiar¨¢n las cuentas de Carlos Fabra y logr¨® que en una sola causa se acumulara la acusaci¨®n por los supuestos delitos de tr¨¢fico de influencias y por fraude fiscal ya que, tal como indicaron, ambas pueden estar ¨ªntimamente ligadas y ser origen y consecuencia.

Los representantes de la UCE son reacios a aparecer p¨²blicamente y a expresar sus valoraciones sobre el procedimiento judicial abierto en Nules. Consideran que la acci¨®n de la organizaci¨®n debe limitarse ¨²nicamente a la defensa de la legalidad ante la posibilidad de que ¨¦sta se haya alterado con pr¨¢cticas contrarias al derecho. Su intenci¨®n es que se restaure el orden normativo y se penalice a quienes hayan podido pervertir y alterar servicios p¨²blicos.

En una cosa coinciden con Fabra, en su deseo de que el caso no se eternice m¨¢s. Porque, despu¨¦s de casi cuatro a?os de investigaci¨®n, sigue habiendo un cargo p¨²blico, que revalid¨® su puesto en las ¨²ltimas elecciones municipales del 27 de mayo y sigue cobrando del erario p¨²blico, al que la sospecha de corrupci¨®n le pisa los talones. Siete jueces le han investigado tras comprobar que exist¨ªan m¨²ltiples indicios de que Fabra hubiera cometido varios delitos mientras. El procedimiento judicial al que est¨¢ sometido no tiene plazos, fechas ni visos de pronta resoluci¨®n. Sea en el sentido que sea.