UPD, partido nuevo, viejos t¨®picos

En los a?os noventa, un grupo de personas, formado por intelectuales, periodistas y pol¨ªticos, denunci¨® muchas de las supercher¨ªas ideol¨®gicas del nacionalismo vasco (referencias a un pasado m¨ªtico, apelaci¨®n a derechos colectivos, primac¨ªa de la comunidad sobre los individuos, ejercicio constante del victimismo, etc¨¦tera). Fue en su momento un soplo de aire fresco que sirvi¨® para cuestionar actitudes que se daban por buenas en el ¨¢mbito pol¨ªtico.

Con el paso del tiempo, sin embargo, algunos de los protagonistas m¨¢s destacados de aquel movimiento fueron radicalizando y simplificando sus ideas originales, configur¨¢ndose en ciertos c¨ªrculos intelectuales y pol¨ªticos un conjunto de t¨®picos sobre los llamados nacionalismos perif¨¦ricos que resultan tan insostenibles como aquellos que defienden los propios nacionalistas.

Estados Unidos no ser¨ªa un Estado de derecho seg¨²n los argumentos de los promotores de UPD

Es elocuente el silencio de este partido sobre el renacido nacionalismo espa?ol de la derecha

La acumulaci¨®n de errores y lugares comunes es evidente en el ideario de Uni¨®n, Progreso y Democracia (UPD), el nuevo partido encabezado por Rosa D¨ªez y Fernando Savater. En las p¨¢ginas de este diario se han publicado en las ¨²ltimas semanas algunos art¨ªculos propagand¨ªsticos sobre este partido. Vale la pena analizar sus propuestas, pues se presentan como soluciones sencillas y expeditivas a problemas muy complejos. M¨¢s all¨¢ de la simpat¨ªa o antipat¨ªa que puedan despertar el proyecto o las personas del nuevo partido, lo importante es determinar si las ideas que defienden son soluciones aceptables.

Uno de los planteamientos m¨¢s desconcertantes del nuevo partido consiste en identificar el Estado de derecho con la igualdad de derechos en todo el territorio estatal. Es perfectamente leg¨ªtimo apostar por la uniformidad y el centralismo, pero no hace falta para ello apropiarse de un concepto como el del Estado de derecho, que es neutral en cuanto a la organizaci¨®n territorial del poder. El Estado de derecho consiste en que los gobernantes cumplan la ley, evitando abusos de poder, y en que los ciudadanos disfruten de unos derechos fundamentales que, en la mayor¨ªa de los pa¨ªses, se recogen en una constituci¨®n escrita. Hasta el momento, ning¨²n Gobierno ha modificado o violado los derechos fundamentales de los espa?oles. Otra cosa, que ya no tiene nada que ver con el Estado de derecho, es que pueda haber desigualdad entre territorios en cuanto a derechos no fundamentales. La igualdad ante la ley no quiere decir que la ley sea la misma en todo el territorio.

Nuestro ordenamiento constitucional permite que las comunidades aut¨®nomas puedan avanzar en distintas direcciones y a distintos ritmos en cuanto a las prestaciones y derechos no fundamentales que ofrecen a los ciudadanos de sus territorios. Si una comunidad aut¨®noma decide, por ejemplo, dar una renta m¨ªnima a quien carece de ingresos, o suprimir el impuesto de sucesiones, nada le impide hacerlo. Normalmente, las diferencias entre unas comunidades y otras se deben al hecho de que en cada regi¨®n haya mayor¨ªas de distinto signo pol¨ªtico. Por ejemplo, las gobernadas por el Partido Popular (PP) son las que menos prestaciones sociales tienen, porque as¨ª lo decide la mayor¨ªa de los ciudadanos en esos territorios.

Habr¨¢ gente a la que no le guste la disparidad resultante entre unas regiones y otras, pero eso nada tiene que ver con el Estado de derecho. En pa¨ªses federales como Estados Unidos, la mayor¨ªa de edad, la pena de muerte, el derecho a abortar, el divorcio, los impuestos, las normas de tr¨¢fico y otras muchas cuestiones var¨ªan de Estado a Estado. De acuerdo con los argumentos que propalan los promotores del nuevo partido, Estados Unidos no ser¨ªa un Estado de derecho.

Resulta tambi¨¦n asombroso leer textos recientes de Fernando Savater sobre el partido nuevo en los que se habla de un fantasmal "derecho hist¨®rico a permanecer unidos e iguales en el Estado espa?ol". Eso es oponerse a los nacionalistas vascos o catalanes... rob¨¢ndoles directamente sus ideas. Si alguien defiende el "derecho hist¨®rico" a permanecer unidos, no podr¨¢ objetar nada a quienes reclaman el derecho opuesto, el "derecho a separarse". Ni permanecer unidos ni separarnos son derechos ciudadanos, se mire como se mire. Ser espa?ol no es un derecho, sino un hecho pol¨ªtico, que a unos disgusta, a otros entusiasma y a algunos deja indiferente. Tanto la uni¨®n como la separaci¨®n son proyectos pol¨ªticos, no derechos.

Esta tesis sobre "el derecho a permanecer unidos e iguales" es el pretexto para combatir el nacionalismo vasco y catal¨¢n no con argumentos, sino con una buena dosis de nacionalismo espa?ol. De ah¨ª el silencio elocuente de los ide¨®logos de este partido sobre el renacido nacionalismo espa?ol de la derecha. Ni una palabra por su parte sobre el nuevo "orgullo patri¨®tico" que es tan evidente en ciudades como Madrid, con el uso de la bandera espa?ola hasta en el collar de los perros. Ni una palabra, como no sea de cari?osa reconvenci¨®n, sobre los excesos "patri¨®ticos" de los dirigentes del Partido Popular.

Tanta preocupaci¨®n por la igualdad jur¨ªdica de los espa?oles contrasta con la escasa atenci¨®n que se presta a la igualdad real entre los ciudadanos. Por supuesto, sobre pol¨ªticas sociales de igualdad no se ha o¨ªdo tampoco una palabra al nuevo partido. Y todav¨ªa peor: jam¨¢s se menciona el hecho de que la descentralizaci¨®n territorial haya supuesto una reducci¨®n de las desigualdades econ¨®micas entre territorios.

Las regiones m¨¢s pobres de Espa?a son hoy menos pobres en relaci¨®n con la media nacional que hace veinte a?os. La convergencia entre territorios se ha acelerado en estos ¨²ltimos quince a?os, justo cuando los efectos del sistema auton¨®mico se han agudizado. Es simplemente una falsedad afirmar que la descentralizaci¨®n est¨¦ produciendo mayor desigualdad.

El nuevo partido reclama la adhesi¨®n a la Constituci¨®n como instrumento con el que combatir los excesos de los nacionalismos. Sin embargo, es precisamente la Constituci¨®n de 1978 la que hace posible el desarrollo auton¨®mico que, seg¨²n ellos, rompe el Estado de derecho y elimina la igualdad entre las personas. De ah¨ª que, en una extra?a pirueta, propongan una reforma centralista de esa Constituci¨®n que, seg¨²n ellos, es la base de nuestra convivencia.

No son s¨®lo enmiendas a la Constituci¨®n que devuelvan al Estado central competencias perdidas lo que necesita Espa?a, seg¨²n los ide¨®logos del nuevo partido. No; ellos se?alan que, adem¨¢s, es necesario aprobar medidas de "regeneraci¨®n democr¨¢tica". El t¨¦rmino elegido es tremendista. Si hay que "regenerar", es porque algo est¨¢ "degenerado" en nuestro sistema. Aunque no son capaces de precisar lo que est¨¢ podrido, proponen reformas de gran calado que son una garant¨ªa de desastre. Por ejemplo, apuestan por un cambio en el sistema electoral que impida a los partidos nacionalistas tener presencia -o una importante presencia- en el Parlamento espa?ol. Medida, sin duda, de profundas convicciones democr¨¢ticas. Pero no est¨¢ de m¨¢s recordar que son precisamente los partidos nacionalistas de algunas comunidades aut¨®nomas los que tienen una representaci¨®n parlamentaria m¨¢s ajustada a su peso electoral, frente al PP y el PSOE, que est¨¢n sobre-representados, e Izquierda Unida, que est¨¢ manifiestamente infra-representada.

Si en Espa?a los partidos nacionalistas han sido cruciales en la gobernabilidad, es porque los ciudadanos no han querido apoyar partidos de centro que pudieran actuar de bisagra. Fracas¨® el Centro Democr¨¢tico y Social (CDS) de Adolfo Su¨¢rez y fracas¨® la Operaci¨®n Roca. El apoyo a los nacionalistas es minoritario en el conjunto de Espa?a, pero es mayoritario en algunos territorios. Contra eso no puede lucharse con reformas institucionales, salvo que estemos dispuestos a sacrificar los elementos m¨¢s esenciales de nuestra democracia.

La entrada de partidos nuevos en una democracia no supone necesariamente una mejora del sistema (baste recordar el GIL o la lista de Ruiz-Mateos). Depende de las posiciones que defiendan. Y en el caso del partido de D¨ªez y Savater, su mercanc¨ªa ideol¨®gica parece claramente averiada.

Ignacio S¨¢nchez-Cuenca es profesor de Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense y coautor, con Jos¨¦ Mar¨ªa Calleja, del libro La derrota de ETA.