Papeles parados en Madrid y Murcia

En teor¨ªa, la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid contrat¨® a 60 personas para hacer cumplir la Ley de Dependencia. Sin embargo, nadie ha visto el resultado de su trabajo. Ni una sola de las evaluaciones te¨®ricamente realizadas, que deben contener el grado de dependencia de la persona atendida y sus necesidades, ha sido elevada al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Seg¨²n aseguran fuentes del ministerio, tampoco han presentado el anexo de inversiones, es decir, los detalles del proyecto o proyectos en los que quieren invertir los 23 millones de euros que el Gobierno ha reservado para atender a los 23.300 dependientes que se calcula que hay en esta regi¨®n. "Hacemos las baremaciones, aunque no volquemos los datos", se?ala un portavoz de la comunidad aut¨®noma. ?Por qu¨¦? No hay respuesta para eso. Tampoco permiten conocer a ninguno de los 60 t¨¦cnicos que supuestamente se dedican a esas labores "en turnos de ma?ana y tarde de siete horas", aseguran en la Comunidad.

Tampoco hay posibilidad de conocer la sede en la que trabajan en la Direcci¨®n General de la Coordinaci¨®n de la Dependencia: "Es que est¨¢n muy ocupados en este momento, tienen muchas solicitudes", justifican. La comunidad ha recibido unas 10.000 peticiones, seg¨²n datos de un informe elaborado por el sindicato Comisiones Obreras. Sin embargo, no han sido resueltas. Al menos, no oficialmente: no las conoce el ministerio ni las conocen los sindicatos, pese a que han solicitado la informaci¨®n. La comunidad insiste en que "no hay ning¨²n ocultismo, sino total transparencia" y en que est¨¢n esperando que "el Gobierno firme el convenio de colaboraci¨®n".

Murcia es la otra comunidad aut¨®noma acusada por el ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, de no colaborar. Tampoco ha entregado un solo dato al ministerio sobre las evaluaciones ya realizadas. La Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Social, Mujer e Inmigraci¨®n de esta comunidad asegura, sin embargo, que se han presentado 13.000 solicitudes en la regi¨®n y que 5.000 valoraciones han sido ya concluidas. Al igual que Madrid, tambi¨¦n est¨¢n pidiendo un convenio con el ministerio y se reunir¨¢n con el Gobierno central el pr¨®ximo mes de noviembre, informa M¨®nica C. Belaza.

Mientras tanto, el ministerio asegura no saber de qu¨¦ hablan estas comunidades cuando piden "convenios". "Seg¨²n la ley hay dos tipos de ayudas", se?ala un portavoz. "Unas autom¨¢ticas, que se conceden por cada evaluaci¨®n realizada de la que tenemos conocimiento (170 o 250 euros), y que ya se est¨¢n pagando a las comunidades que nos han presentado sus solicitudes resueltas; y luego est¨¢ la partida destinada para impulsar la implantaci¨®n de la norma en las distintas comunidades y que en el caso de Madrid es de 23 millones de euros. Para recibir esta partida deben presentar un proyecto de gasto suficientemente detallado, para que se sepa en qu¨¦ y c¨®mo se va a emplear ese dinero. Desde la Comunidad de Madrid no se ha presentado ninguna de las dos cosas".