Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas

A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consum¨® la demolici¨®n de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas.

"Est¨¢ complicado", reconoc¨ªa a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" est¨¢n realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignaci¨®n resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ?ad¨®nde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aqu¨ª, que no molestamos a nadie", dec¨ªa Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.

Sobral conf¨ªa en poder resolver la situaci¨®n sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Conseller¨ªa de Vivenda que firmar¨¢ la pr¨®xima semana. El documento "permitir¨¢ la financiaci¨®n de nueve viviendas", a las que la Xunta aportar¨¢ 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se f¨ªan. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de di¨¢logo del propio regidor, del que dicen se "est¨¢ portando muy bien".

El pasado jueves, Sobral solicit¨® al juez que lleva el caso un aplazamiento que, seg¨²n inform¨®, le fue denegado. Han pasado siete a?os desde que se inici¨® el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociaci¨®n de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumaci¨®n de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ah¨ª que las cr¨ªticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esper¨®n, que lleva 20 a?os denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.

A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, s¨®lo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Polic¨ªa Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que m¨¢s revuelo levant¨®, en el poblado de arriba, donde las caras a¨²n maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del d¨ªa anterior. All¨ª, el patriarca Adolfo Casal manifest¨® su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 a?os en pie. "Si es ilegal, ?por qu¨¦ no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo s¨¦ que aqu¨ª se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Adem¨¢s, la situaci¨®n viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no ten¨ªan ad¨®nde ir y que no hab¨ªan llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que ¨¦ste dijo despu¨¦s. La gr¨²a apenas tard¨® 20 minutos en echar abajo la casa y los m¨¢s peque?os encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.

En el poblado de abajo la demolici¨®n se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcci¨®n de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de c¨®mo Enrique Jim¨¦nez, su mujer y sus tres hijos pod¨ªan vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que ¨²nicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el a?o 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, as¨ª como en una segunda planta. "Ah¨ª vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va ¨¦l nosotros nos vamos detr¨¢s", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situaci¨®n.