Absuelta la abogada juzgada por una estafa masiva a inmigrantes

La Audiencia de Vizcaya ha absuelto a una abogada de Bilbao que hab¨ªa sido acusada en el primer juicio celebrado en Euskadi por una estafa masiva a inmigrantes. La sentencia, dictada el pasado viernes, no concede credibilidad a los hechos relatados por los denunciantes (49 ecuatorianos, aunque la investigaci¨®n policial hab¨ªa elevado el supuesto fraude a 127) por sus "m¨²ltiples contradicciones". Adem¨¢s, no ve ning¨²n delito de estafa de la letrada, Pilar Jim¨¦nez, por que cobrase 600 euros a cada inmigrante por tramitar sus documentos para regularizar su situaci¨®n, peticiones que fueron luego desestimadas por la Administraci¨®n.

La actitud de la procesada "resultar¨¢ quiz¨¢ reprochable profesional o dentol¨®gicamente por lucrarse a cuenta de esos anhelos, de esos equ¨ªvocos y de esos estados de opini¨®n ilusos. Pero, desde luego, no est¨¢ incurso en delito de estafa", se?ala el fallo de la Secci¨®n Segunda de la Audiencia vizca¨ªna.

Los hechos denunciados ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2003. El juez instructor consider¨® que la letrada cobr¨® a cada uno de sus clientes una media de 600 euros, "pese a que conoc¨ªa perfectamente" que ninguno de ellos cumpl¨ªa los requisitos de regularizaci¨®n y sab¨ªa tambi¨¦n que para presentar las solicitudes en Vizcaya deb¨ªan residir en este territorio, cuando en realidad viv¨ªan en Navarra. Agreg¨® que las peticiones eran "modelos estandarizados, sin aporte de justificaciones documentales y se?alando domicilios en Bilbao inexistentes".

Testimonio "err¨¢tico"

La Audiencia estima que en este caso "concurren razones suficientes para no dar plena credibilidad y verosimilitud a los testimonios de los denunciantes". Uno de los principales argumentos de los inmigrantes -la promesa de que obtendr¨ªan su documentaci¨®n- es desestimada en la sentencia: "Tampoco se acredita fuera de toda duda razonable que ¨¦sta [la abogada] les asegurase su legalizaci¨®n".

Los tres jueces que han examinado el caso consideran que el relato de los hechos, pese a las dificultades de expresi¨®n de los inmigrantes o su bajo nivel cultural, "no resulta consistente por err¨¢tico y contradictorio".

Incluso si se diera credibilidad a las denuncias, agrega que no existe enga?o porque los inmigrantes pagaron por sus expectativas "m¨¢s o menos injustificadas", pero sin probarse que la abogada "iba a utilizar medios ileg¨ªtimos para conseguir la legalizaci¨®n, de lo que no consta que nunca hiciera jactancia". La resoluci¨®n, que declara las costas judiciales de oficio, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.