Violentar la Constituci¨®n indefinidamente

No puede caber duda alguna. El art¨ªculo 122.3 de la Constituci¨®n establece taxativamente que el Consejo General del Poder Judicial "estar¨¢ integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir¨¢, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco a?os". Y, como no pod¨ªa ser menos, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial estipula lo mismo, con un matiz: "nombrados por un periodo de cinco a?os por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el ministro de Justicia". M¨¢s a¨²n, si se contin¨²a la lectura de esta ley, se ver¨¢ que, s¨®lo tres art¨ªculos m¨¢s adelante, el legislador recuerda que el CGPJ "se renovar¨¢ en su totalidad cada cinco a?os". De nuevo, pues, un tiempo determinado -cinco a?os- establecido no de cualquier manera, sino por la Constituci¨®n y por ley org¨¢nica.

Por m¨¢s que se siga leyendo la Constituci¨®n o la LOPJ, no se encontrar¨¢ ning¨²n art¨ªculo que permita a los miembros del Consejo prorrogar indefinidamente su condici¨®n y seguir en el puesto como si tal cosa, percibiendo una retribuci¨®n fijada "por toda la duraci¨®n de su mandato". Esta corruptela no tiene base legal alguna, porque la ley, que marca con toda claridad el t¨¦rmino del mandato, no pod¨ªa admitir la posibilidad de una pr¨®rroga. Al contrario, precisamente para que no cupiera esta posibilidad y para garantizar que ning¨²n miembro de este alto ¨®rgano del Estado se haga el longuis y se quede en su puesto por m¨¢s tiempo del que marca la Constituci¨®n, ordena a su presidente que, con seis meses de antelaci¨®n, se dirija a las C¨¢maras interesando que por ¨¦stas se proceda a la elecci¨®n de los nuevos vocales.

Cinco a?os: ¨¦se es todo el tiempo que los veinte jueces, magistrados, abogados y otros juristas de reconocida competencia pueden ser miembros del Consejo. Si permanecen un d¨ªa m¨¢s en su vocal¨ªa ya se est¨¢ violentando la Constituci¨®n y la ley org¨¢nica cuyo cumplimiento ellos mismos tienen la obligaci¨®n y la responsabilidad de garantizar y vigilar. Estar¨ªan, por as¨ª decir, actuando al margen de la Constituci¨®n y de la ley. Tal vez no sea delito flagrante seguir en funciones por tiempo ilimitado; pero un esc¨¢ndalo s¨ª que lo es, un esc¨¢ndalo diario y pleno, es decir, en todas las acepciones del t¨¦rmino admitidas por la Academia en su diccionario. ?C¨®mo pueden unos se?ores y unas se?oras que no cumplen la ley que rige su propio estatuto actuar como vocales del Consejo encargado de que la ley se cumpla?

Se dir¨¢: es responsabilidad de los pol¨ªticos. Pues claro que es responsabilidad de los pol¨ªticos. Pero a los pol¨ªticos tambi¨¦n hay que obligarles al cumplimiento de la ley. Y tal como est¨¢n las cosas, con el Tribunal Constitucional perdido el rumbo en el laberinto de las abstenciones y recusaciones y con este Consejo General obligado a mantenerse en vida m¨¢s tiempo del marcado por la Constituci¨®n, ya ten¨ªa que haber sonado hace tiempo el momento de las soluciones dr¨¢sticas. Los magistrados, jueces, abogados y dem¨¢s juristas que lo forman, sean del color que fueren, por poca autoestima que conserven, ten¨ªan que haber plantado cara hace tiempo a los pol¨ªticos, haberse encerrado a pan y agua y haber respondido a los jefes que les obligan a seguir trabajando: preferir¨ªa no hacerlo, como aquel bendito Bartleby, que se ech¨® a morir antes que realizar trabajos extra para su patrono. Su tiempo ha terminado va ya para un a?o, y no es cierto que su mandato pueda ser prorrogado. Pr¨®rroga es continuar por un tiempo determinado. Y con la Constituci¨®n y la ley en la mano, eso no es posible. De modo que, bajo la consigna de preferir¨ªamos no hacerlo, todo el mundo a casa.

Dicho esto, moderaci¨®n y un poco de sind¨¦resis, no vaya a ser que le acusen a uno por incitaci¨®n al desacato. Pero, la verdad, cuando un partido que cada dos por tres conjura el esp¨ªritu o fantasma de la transici¨®n -la ¨²ltima, para oponerse a la ley de reparaci¨®n y ampliaci¨®n de derechos de las v¨ªctimas de la guerra y de la dictadura- decide que aqu¨ª no se mueve ni un vocal del CGPJ sencillamente porque no le da la gana, algo habr¨¢ que hacer, alg¨²n resorte habr¨¢ que mover para poner fin a esta escandalosa situaci¨®n mientras se revisa por en¨¦sima vez el mecanismo que la permite y aun la fomenta. Lo que no puede durar por m¨¢s tiempo es que como a los inefables diputados Rajoy, Zaplana y Acebes, tr¨ªo dirigente del Partido Popular, les interesa mantener la composici¨®n de un Consejo elegido en 2002, lleguemos a 2008 con veinte magistrados, jueces, abogados y juristas violentando la Constituci¨®n indefinidamente.