El fiscal sostiene que Roca pag¨® 63.000 euros de la casa de Urqu¨ªa

Las acusaciones contra el juez Francisco de Urqu¨ªa, imputado por cohecho y prevaricaci¨®n en una pieza separada del proceso por corrupci¨®n conocido como caso Malaya, se van conociendo con cuentagotas.

En las ¨²ltimas diligencias de la investigaci¨®n sobre las que se ha levantado el secreto, el fiscal anticorrupci¨®n Juan Carlos L¨®pez Caballero sostiene que el presunto cerebro de la trama de corrupci¨®n y ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, pag¨® 63.000 euros de la vivienda del magistrado, con el que manten¨ªa una "estrecha relaci¨®n de amistad".

El informe policial propon¨ªa la detenci¨®n de Urqu¨ªa, aunque finalmente el juez Miguel ?ngel Torres acord¨® desglosar el caso y dejarlo en manos de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), la competente para entender una causa en la que est¨¢ implicado un juez.

El fiscal justifica esa relaci¨®n de amistad asegurando que el juez, apartado de la carrera judicial desde julio, asesor¨® a Roca en temas judiciales y relaciona una de sus decisiones, concretamente la suspensi¨®n cautelar de un programa de televisi¨®n de Crist¨®bal Toro en el que se hablaba del patrimonio del ex asesor de Urbanismo, con el pago de 63.000 euros por parte de Roca. Seg¨²n la investigaci¨®n policial, el dinero se entreg¨® como parte del pago de la actual vivienda del juez, situada en la urbanizaci¨®n marbell¨ª Azalea Beach.

El fiscal incide en que Roca negoci¨® las condiciones de compra del actual domicilio de Francisco de Urqu¨ªa e incluso redact¨® el contrato, documento que la polic¨ªa encontr¨® en uno de los despachos del ex asesor de Urbanismo. La transacci¨®n se hizo seg¨²n las instrucciones que Roca dio en una conversaci¨®n telef¨®nica intervenida el 17 de marzo de 2006. El precio de venta final era de 423.000 euros, pero se escritur¨® en 360.000. Seg¨²n los investigadores, los 63.000 euros restantes los entreg¨® Roca a nombre del juez.

Las imputaciones se basan en una serie de conversaciones telef¨®nicas que Roca mantuvo con otras personas, como el vendedor de la casa o un amigo que supuestamente ten¨ªa en com¨²n con el juez Urqu¨ªa. Los investigadores les han dado contenido cotej¨¢ndolas con apuntes de la contabilidad del ex asesor de Urbanismo y documentos incautados durante los registros. La polic¨ªa reclam¨® en su informe al juez que, adem¨¢s de ordenar la detenci¨®n de Urqu¨ªa, citara como imputados al propietario de la vivienda, Jos¨¦ Mar¨ªa del Pino, y a la secretaria del juez suspendido, Mar¨ªa Jos¨¦ Lovera.

"Una vez m¨¢s se pone de manifiesto el despliegue delictivo de la estructura criminal de Juan Antonio Roca", consideran los investigadores policiales en uno de sus informes. "En esta ocasi¨®n, se da una vuelta de tuerca m¨¢s y se detecta una clara penetraci¨®n (presuntos pagos a una autoridad judicial a cambio de resoluciones favorables) en un ¨®rgano jurisdiccional, cuesti¨®n b¨¢sica pues ataca a un pilar b¨¢sico y esencial del estado de Derecho", a?aden.

El juez Urqu¨ªa ha acudido en dos ocasiones a declarar ante la sala del TSJA que instruye su caso. El pasado 8 de octubre el padre del juez suspendido present¨® documentaci¨®n con la que se pretende justificar los pagos de la entrada de la vivienda, situada en una de las zonas m¨¢s lujosas de Marbella. El padre del juez declar¨® como testigo a petici¨®n de su hijo.

Tambi¨¦n acudieron a declarar la esposa del juez imputado y el responsable de una sucursal bancaria, quienes explicaron al instructor de d¨®nde proced¨ªa el dinero utilizado para los pagos hipotecarios de la vivienda comprada por Urqu¨ªa.