Rumanos en Italia
Criminalizar a un colectivo por los delitos de algunos de sus miembros es indecente
Los primeros ministros de Italia y Rumania han acordado un pu?ado de medidas para enfriar la crisis abierta tras el asesinato de una mujer en Roma a manos de un rumano. La repercusi¨®n social y emocional del hecho ha llevado al Gobierno de Prodi a aprobar por v¨ªa de urgencia un decreto ley que concede poderes discrecionales a la polic¨ªa y aplica a los ciudadanos comunitarios los mismos supuestos que hasta ahora permit¨ªan expulsar a los extracomunitarios. El texto, que invoca motivos de seguridad o incompatibilidad con la convivencia, parece hecho a medida de los gitanos procedentes de Rumania, en los que se focaliza una crisis que Bucarest considera a un paso de alentar el racismo en el seno de la propia UE.
El proyecto de expulsi¨®n, que ha iniciado su tramitaci¨®n parlamentaria, no s¨®lo afronta cr¨ªticas de constitucionalistas que consideran que puede violar la ley fundamental. Divide tambi¨¦n al propio Ejecutivo. El alcalde de Roma, Walter Veltroni, que como sucesor designado a la jefatura del centro-izquierda necesita mostrar su rostro m¨¢s en¨¦rgico, a?ade le?a al fuego al se?alar que son rumanos -m¨¢s de medio mill¨®n, el mayor grupo inmigrante en Italia- el 75% de los detenidos por delitos serios este a?o. Los argumentos de Veltroni, que juega sus cartas electorales en la convicci¨®n de que el d¨¦bil Gobierno puede caer en cualquier momento, son a su vez una bendici¨®n para la derecha, que inmediatamente ha asumido un debate que la beneficia. Si Berlusconi afirma que impondr¨ªa una moratoria a la entrada de rumanos, su aliado Gianfranco Fini propugna expulsiones masivas. El l¨ªder posfascista quiere que se ponga en la frontera a 20.000, y no s¨®lo a delincuentes.
Los estados emocionales cargados suelen ser malos consejeros en pol¨ªtica. Prodi, que descarta las expulsiones en masa, por lo dem¨¢s incompatibles con la legislaci¨®n de la UE, se ha excedido en un terreno delicado y potencialmente explosivo. Italia, por doloroso que le resulte el asesinato de Giovanna Reggiani, no puede criminalizar a un colectivo por los delitos, aunque sean abyectos, de algunos de sus miembros. Son la polic¨ªa y los jueces quienes deben lidiar con los maleantes, sean gitanos rumanos o italianos. Cualquier otra aproximaci¨®n es pol¨ªticamente oportunista e intr¨ªnsecamente indecente.
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