Que dimitan. Todos

El presidente accidental del Tribunal Constitucional, Vicente Conde, ha reconocido en una carta dirigida a sus colegas que la instituci¨®n se encuentra en una grave situaci¨®n, sin precedentes, en la que resulta dif¨ªcil tomar decisiones. Conde contempla dos salidas igualmente extra?as. Una, implica la paralizaci¨®n del recurso de inconstitucionalidad y tendr¨ªa el "grav¨ªsimo inconveniente" de admitir que es posible bloquear el Tribunal desde fuera.

La otra supondr¨ªa convocar un pleno con la participaci¨®n de todos los magistrados recusados, que intervendr¨ªan en el enjuiciamiento de sus propias recusaciones y de las de los dem¨¢s miembros puestos en duda. Conde no explica por qu¨¦, en ese caso, no asistir¨ªan al pleno la propia presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas, y el vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jim¨¦nez, que se abstuvieron en temas relacionados con sus cargos.

De cualquier forma, Conde reconoce que ese camino no tiene base legal precisa, sino que m¨¢s bien contradice el criterio seguido hasta ahora por el propio Tribunal.

Seguramente somos bastantes los ciudadanos a los que se nos ocurre una tercera salida. Que dimitan, todos ellos. Que los miembros del Tribunal Constitucional hagan una m¨ªnima demostraci¨®n de respeto por la instituci¨®n que encarnan y que presenten un¨¢nimemente su dimisi¨®n, de manera que las otras instituciones del Estado no tengan m¨¢s remedio que hacer frente a la crisis y designen a 12 nuevos miembros, 12 nuevos juristas que sepan cu¨¢l ha sido la lamentable causa por la que sus predecesores han tenido que abandonar el cargo, y que obren en consecuencia.

La situaci¨®n de desprestigio y descr¨¦dito de una instituci¨®n que debi¨® ser preservada especialmente de las manipulaciones sectarias y que ha ca¨ªdo de lleno en semejante lodazal es responsabilidad de los pol¨ªticos que han promovido esa condici¨®n, pero sus miembros no pueden pretender que los ciudadanos pasemos por alto su propia y grave responsabilidad individual, la responsabilidad de expertos, elegidos te¨®ricamente por su reconocido prestigio, que han sido capaces de llevar a la instituci¨®n que prometieron defender a la peor crisis de su historia.

Los miembros del Constitucional no pueden alegar, como los del Consejo General del Poder Judicial, que son v¨ªctimas de un embrollo causado por los partidos. En el CGPJ existe ¨²nicamente un problema de renovaci¨®n de cargos, provocado desde fuera del Consejo. En el TC no es tanto un problema de renovaci¨®n como de confrontaci¨®n interna, de maniobras en la oscuridad protagonizadas por ellos mismos y de un ambiente podrido de trabajo que sus integrantes no han sabido atajar.

Son ellos, los miembros del TC quienes aceptaron abrir el juego de las recusaciones de origen pol¨ªtico con el caso P¨¦rez Tremps. Sin duda, unos miembros del Tribunal son mucho m¨¢s responsables que otros y algunos de ellos no se merecen que su carrera profesional quede manchada por esta desgraciada manipulaci¨®n. Es muy probable que no resulte justo atribuirles la misma culpa ni exigirles la misma responsabilidad. Pero, a estas alturas, y desde el punto de vista del prestigio de la instituci¨®n, ya da exactamente igual. M¨¢s importante que defender su propio honor, es decir, la cualidad moral que debi¨® llevarles al cumplimiento de sus propios deberes, importa defender al Tribunal. Aunque sea a trav¨¦s de un remedio de caballo.

Mejor eso, una verdadera crisis que obligue a los partidos a replantearse el funcionamiento del Tribunal Constitucional y que escalde a sus futuros integrantes, que una salida en falso que ti?a cualquiera de sus actuaciones futuras con argumentos pol¨ªticos malamente enmascarados tras d¨¦biles argumentaciones jur¨ªdicas. Mejor que terminemos pensando que estos integrantes del Constitucional fueron capaces, en el ¨²ltimo minuto, de ofrecer una soluci¨®n casi heroica, y no que se obcecaron hasta el final, por encima de la evidencia: no cuentan ya con el prestigio ni la confianza necesaria.

Quiz¨¢s, en el futuro, sea posible hacer caso a los ilustres autores que llevan a?os pidiendo que se elimine la posibilidad de que la minor¨ªa pol¨ªtica presente recursos de inconstitucionalidad contra leyes que no pudo modificar en el Congreso. Ese tipo de recurso no existe en la mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos y donde existe, se utiliza con cuentagotas. Muchos especialistas creen que el recurso de inconstitucionalidad, que est¨¢ en el origen de toda esta lamentable batalla que ha abierto el PP, deber¨ªa reservarse a las comunidades aut¨®nomas, al Gobierno, al Defensor del Pueblo y, quiz¨¢s, a las Cortes en pleno. Es decir, una nueva regulaci¨®n que reduzca el recurso de inconstitucionalidad a instrumento para dirimir conflictos territoriales.

Pero, de momento, lo urgente es recuperar la herencia de Manuel Garc¨ªa Pelayo, de Francisco Tom¨¢s y Valiente y de quienes fueron sus seguidores. Y eso ya no est¨¢ en manos de los partidos, sino de los actuales integrantes del tribunal.

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