Ciudadanos de cristal

El derecho a la intimidad y la vida privada son el santuario de la persona. Pero no emergieron de la nada; al contrario, son el resultado de un largo proceso hist¨®rico, en el camino se derram¨® mucha sangre, sudor y l¨¢grimas para convertir al siervo en ciudadano. Pero la necesidad de defenderse de los enemigos sigue siendo una amenaza para la sociedad civil. Un maestro mas¨®n como Benjamin Franklin, en su Patria de las Libertades, con gran clarividencia, advirti¨® de ese peligro. "Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad".

Ahora, Internet y las dem¨¢s tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y comunicaci¨®n nos ofrecen un mundo impensable hace tan s¨®lo unos a?os, que deber¨ªa conducirnos a la sociedad del conocimiento, pero no olvidemos que tambi¨¦n son medios que permiten acceder con una precisi¨®n cada vez mayor, y de forma imperceptible, a los aspectos m¨¢s ¨ªntimos de nuestras vidas. Un uso irracional de esos medios, bajo el pretexto de la Seguridad, har¨ªa realidad la amenaza del ciudadano de cristal, cada vez m¨¢s transparente ante el Poder, en una nueva sociedad de la vigilancia, que progresivamente se distancia de las libertades que dice defender.

Una nueva ley de vigilancia nos har¨¢ transparentes ante la polic¨ªa

Mantenernos alerta contra aquellas tentaciones pol¨ªticas que, al albur de la seguridad, pretenden sacrificar derechos individuales debe ser ahora nuestro reto, pues, como dec¨ªa El Roto, en una reciente vi?eta, "cada vez que oigo hablar de seguridad me entra el p¨¢nico".

Tocqueville, entusiasmado por lo bien que se hab¨ªa asentado la democracia, escribi¨® que EE UU era el pa¨ªs donde el futuro llegaba antes. Es el mismo pa¨ªs que, ahora, tras el 11-S, y bajo el eslogan de "Un Mundo m¨¢s seguro" y con la USA Patriot como referente, est¨¢ desarrollando una legislaci¨®n restrictiva de los derechos civiles, sobre todo en lo referente a la intimidad.

En Europa, ese futuro ya ha llegado y se manifiesta en la Directiva 2006/24/CE, que establece la obligaci¨®n para las compa?¨ªas de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telef¨®nicas y de Internet de todos los ciudadanos. Mediante la interpretaci¨®n de estos datos se producen injerencias de alta intensidad en la privacidad, ya que los desplazamientos de las personas pueden ser vigilados, e, incluso los comportamientos, las relaciones personales y los gustos, pueden ser analizados. Y todo ello sin que el ciudadano d¨¦ motivo alguno para ser tratado como sospechoso, pero puede sentirse intimidado aun actuando dentro de la Ley. En esa vigilancia estatal hay un riesgo de abuso y muchas personas pueden tener el sentimiento de ser observadas.

Espa?a ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que ser¨¢ aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado pol¨¦mica alguna, sin duda porque su gesti¨®n y desarrollo no ha trascendido a la opini¨®n p¨²blica, y no por la falta de inter¨¦s de los ciudadanos.

El proyecto carece de garant¨ªas sobre la utilizaci¨®n de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorizaci¨®n judicial para la entrega de la informaci¨®n sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa informaci¨®n, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la polic¨ªa no los jueces.

Esta ausencia de control judicial permitir¨¢ que se reinvente la pr¨¢ctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscal¨ªa General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospecci¨®n desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qu¨¦ se quiere descubrir.

Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnolog¨ªa para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democr¨¢tico exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso las medidas a utilizar, adem¨¢s de respetuosas con el r¨¦gimen de garant¨ªas, deben ser p¨²blicas y conocidas, pues es la ¨²nica forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Seguridad s¨ª, pero no a costa de derechos que tanto han costado conseguir.

Pedro Mart¨ªnez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.