Valedores de la Corona

La decisi¨®n de perseguir penalmente a dos caricaturistas de la revista El Jueves, condenados a sendas multas por injurias a los pr¨ªncipes de Asturias, supuso el inicio de una sucesi¨®n de incidentes que culmin¨® en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, cuando el Rey mand¨® callar abruptamente al presidente venezolano, Hugo Ch¨¢vez. Entre un episodio y otro tuvieron lugar los disturbios en los que se quemaron fotos del jefe del Estado, se conoci¨® el contenido de una ¨¢spera conversaci¨®n entre el Monarca y la presidenta de la Comunidad de Madrid y las relaciones con Marruecos han sufrido un deterioro cuyo alcance s¨®lo se conocer¨¢ cuando Rabat d¨¦ alguna indicaci¨®n de cu¨¢ndo y con qu¨¦ instrucciones se propone enviar de vuelta a su embajador. En m¨¢s de tres d¨¦cadas de reinado, la figura del Rey nunca hab¨ªa acaparado tanto protagonismo, sobre todo tanto protagonismo envuelto en pol¨¦mica.

La Constituci¨®n de 1978 estableci¨® un sistema de Monarqu¨ªa parlamentaria en el que el Rey reina, pero no gobierna. A efectos pr¨¢cticos, eso significa que es el Gobierno el que asume la responsabilidad pol¨ªtica por los actos del Monarca, seg¨²n se establece en el art¨ªculo 64 de la Constituci¨®n a trav¨¦s de la f¨®rmula jur¨ªdica del refrendo. Se trata de un equilibrio delicado en el que, hasta ahora, don Juan Carlos hab¨ªa cumplido de manera impecable con la parte del pacto constitucional que le correspond¨ªa. Incluso en situaciones dif¨ªciles, como las que se complac¨ªa en provocar el ex presidente Aznar en cada ocasi¨®n en la que, p¨²blica y arrogantemente, exhib¨ªa el sometimiento constitucional del jefe del Estado a las decisiones pol¨ªticas del Ejecutivo.

El refrendo parece estar deterior¨¢ndose en los ¨²ltimos tiempos, quiz¨¢ como resultado de la presi¨®n a la que la Monarqu¨ªa est¨¢ siendo sometida desde diversos ¨¢ngulos, empezando por cierta prensa sensacionalista y de ultraderecha, siguiendo por fuerzas pol¨ªticas extremistas de diverso signo y terminando por el untuoso cinismo de una parte de la Conferencia Episcopal. Sea cual sea el grado de responsabilidad que cupiese atribuir a la Corona, es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de reconducir al cauce institucional las relaciones entre la jefatura del Estado y el Ejecutivo. En la adecuada gesti¨®n de esas relaciones radica una de las m¨¢s importantes garant¨ªas para el funcionamiento interno del sistema pol¨ªtico de 1978 y tambi¨¦n para la eficacia del papel internacional que la Constituci¨®n reconoce al Monarca, en especial en relaci¨®n con los pa¨ªses iberoamericanos.

Se incurre en una subrepticia contradicci¨®n cuando, como viene haciendo el Partido Popular, una fuerza pol¨ªtica pretende presentarse como su ¨²nico y m¨¢s resuelto garante: tanto riesgo representa para la Monarqu¨ªa que algunos partidos la rechacen como que otros compitan por obtener el monopolio de su defensa. El resultado es siempre que la jefatura del Estado pasa a ser objeto de controversia pol¨ªtica, algo que no se deber¨ªa trivializar si se tiene en cuenta que, en la Constituci¨®n de 1978, la Monarqu¨ªa parlamentaria y el pacto de las libertades no aparecen como dos elementos separados. Plantearse la viabilidad de uno exigir¨ªa asumir la tarea de renegociar el otro, algo definitivamente inviable dada la fractura pol¨ªtica que se ha instalado en Espa?a.

Los dos grandes partidos har¨ªan bien en dejar en paz los asuntos relacionados con la forma de Estado, colaborando para sacarlo del primer plano y evitando una insensata competici¨®n electoral para ver qui¨¦n es el mayor valedor de la Corona. En estricta correspondencia, ser¨ªa bueno que la Corona quedara de nuevo resguardada por la eficaz discreci¨®n mantenida durante las tres d¨¦cadas m¨¢s pr¨®speras y estables de nuestra historia.