Una oportunidad para la educaci¨®n

No es necesario creer ciegamente en la capacidad de transformaci¨®n social de las leyes para aceptar que en Catalu?a hay una necesidad legislativa en el ¨¢mbito de la educaci¨®n. De entrada porque hay que corregir el vac¨ªo que el ejercicio del autogobierno catal¨¢n ha mantenido desde su inicio en este campo. Pero lo m¨¢s relevante son los m¨¢rgenes de mejora y progreso que la educaci¨®n debe recorrer en Catalu?a.

Hay que huir del catastrofismo y el fatalismo. Hoy nuestro sistema educativo es m¨¢s s¨®lido y mejor que hace tres d¨¦cadas. Hemos recorrido un trayecto importante, no sin contradicciones ni contratiempos, con logros indiscutibles como la obligatoriedad de la educaci¨®n hasta los 16 a?os. Es una medida impulsada por el Gobierno socialista y que cont¨® con apoyo del resto de las formaciones de izquierdas y en Catalu?a tambi¨¦n de CiU, que desde su posici¨®n al frente del Gobierno de la Generalitat impuls¨® con una agilidad y decisi¨®n la reforma educativa que contrasta a¨²n hoy con algunas comunidades aut¨®nomas que no la han completado. Todo ello est¨¢ en el "haber" de la pol¨ªtica educativa catalana, sin que esta afirmaci¨®n quiera ocultar dudas sobre la idoneidad de algunas medidas de la reforma educativa (por ejemplo la no integraci¨®n en un ¨²nico centro de la primaria y la secundaria) ni tampoco errores en su aplicaci¨®n (el m¨¢s relevante, los escasos recursos presupuestarios en educaci¨®n de la Generalitat desde la d¨¦cada de 1980). En cualquier caso, las cosas buenas no nos deben hacer olvidar los mediocres resultados en alg¨²n caso, malos en otros e incluso p¨¦simos en determinados indicadores que obtiene nuestro sistema educativo si lo comparamos con otros vecinos.

Un reto de la ley es hacer posible que las escuelas tengan autonom¨ªa para crear equipos docentes

Una nueva ley no va a modificar por arte de magia esos resultados objetivamente mejorables. Pero s¨ª debe permitir poner los cimientos para un desarrollo de pol¨ªticas que se intuyen necesarias y que hoy no se pueden desarrollar por falta de base legislativa. Uno de los primeros aciertos del consejero Maragall y su equipo es haber asumido el proyecto como una ley de pa¨ªs. Como tambi¨¦n hay que celebrar la disponibilidad de la oposici¨®n, con Irene Rigau como cabeza visible, para acordar el contenido de la ley. Lo peor que nos podr¨ªa suceder despu¨¦s de tantos a?os sin ley catalana de educaci¨®n es que ahora nos diera por imitar la din¨¢mica espa?ola de confrontaci¨®n permanente en las propuestas educativas y que en cada periodo de alternancia gubernamental al nuevo Gobierno catal¨¢n le diera por hacer su propia ley educativa. La insistencia en algunas medidas y la persistencia en algunos objetivos, m¨¢s all¨¢ del color pol¨ªtico del Gobierno de turno, se presentan como realidades imprescindibles para acabar logrando un horizonte de calidad. La estabilidad legislativa en el campo de la educaci¨®n en Finlandia en las ¨²ltimas d¨¦cadas es probablemente una variable para conocer las razones del ¨¦xito de dicho sistema.

El Pacto Nacional por la Educaci¨®n, suscrito en abril de 2006 por la pr¨¢ctica totalidad de los agentes de la comunidad educativa catalana (con la excepci¨®n nada menospreciable de la Ustec) est¨¢ en la base de la nueva ley y tambi¨¦n es lo que debe posibilitar de verdad que ¨¦sta sea una ley de pa¨ªs, es decir, de amplio consenso parlamentario. La apuesta del Pacto Nacional por la Educaci¨®n era ambiciosa e implicaba con certeza medidas innovadoras y, por tanto, pol¨¦micas en tanto que se propon¨ªa la modificaci¨®n del status quo de muchos de los agentes de la comunidad educativa actual (profesorado, titularidades, equipos directivos, municipios, Administraci¨®n educativa, etc¨¦tera).

El binomio equidad-excelencia que deber¨ªamos alcanzar en los pr¨®ximos 10 a?os requiere modificar de ra¨ªz algunas din¨¢micas perversas que hoy gobiernan el sistema educativo catal¨¢n. Si la aprobaci¨®n de una ley catalana tiene sentido es para sentar las bases legales para esa modificaci¨®n de las din¨¢micas que afectan y merman a la calidad de nuestra educaci¨®n, impidiendo la excelencia y minimizando la equidad.

Romper con la dualizaci¨®n del sistema educativo es una necesidad irrenunciable. Hay que poner en valor y dar contenido a la idea del Servicio P¨²blico Educativo que el Pacto Nacional recogi¨® como marco en el que tanto las escuelas de titularidad p¨²blica como privada desarrollasen su labor educativa. Todo ello con el apoyo necesario de la Administraci¨®n para evitar que el mercado act¨²e libremente generando ineficiencia social. Si el presupuesto no permite garantizar la gratuidad plena en todas las escuelas concertadas, habr¨¢ que discriminar positivamente y garantizar desde la Administraci¨®n que en algunas zonas se pueda ofrecer a cualquier familia, al margen de su procedencia y su estado econ¨®mico, la selecci¨®n de una escuela p¨²blica o concertada sin coste econ¨®mico diferencial.

El otro reto relevante de la ley es hacer posible que todas las escuelas dispongan de una autonom¨ªa equivalente para configurar su proyecto curricular, crear equipos docentes, acabar con la inestabilidad o rotaci¨®n de los mismos y poner las bases para una profesionalizaci¨®n en la direcci¨®n del centro. Hoy falta capacidad y posibilidad de ejercer liderazgo ante los alumnos y entre los compa?eros, faltan oportunidades para una carrera profesional de los docentes -que a los 20 a?os en ejercicio ya no disponen de est¨ªmulos profesionales adecuados-, y un dise?o de autonom¨ªa de los centros que lejos de ser el origen de desigualdades, sea una fuente de estimulaci¨®n constante, calidad evaluable y la garant¨ªa de proximidad con el entorno. ?sas son s¨®lo algunas de las razones que hacen que la futura ley sea una oportunidad para la educaci¨®n en Catalu?a.

Jspicanyol@hotmail.com