Horizontes perdidos de la transici¨®n

Lenta, pero inexorablemente, aflora un debate historiogr¨¢fico y pol¨ªtico sobre la forma en que se realiz¨® la transici¨®n de la dictadura a la democracia en Espa?a, y c¨®mo ¨¦sta afect¨® al sistema de libertades p¨²blicas que le sigui¨®.

En los ¨²ltimos a?os, asistimos a un calculado intento por convertir dicha restauraci¨®n en una historia rosa donde todo depender¨ªa tanto de la voluntad personal del sucesor de Franco como de algunos de sus m¨¢ximos colaboradores. Esta historia light viene a banalizar la aportaci¨®n -an¨®nima en muchos casos- de cuantos sufrieron torturas, c¨¢rcel, expulsiones, trabajos forzados, exilio... y que, entre miedo, sudor, sangre y l¨¢grimas, se jugaron el tipo cuando no era pol¨ªticamente correcto presumir de ello. Hoy s¨ª que sobran los antifranquistas de pin.

De esta forma, el culto a determinadas personalidades contrasta con el silencio y la falta de reconocimiento hacia el esfuerzo de miles de personas, que tuvieron un gran protagonismo en la resistencia organizada al franquismo. El esp¨ªritu de reconciliaci¨®n y concordia tiene un pecado original: no puede enterrar dicha aportaci¨®n. Ni permitir que se ridiculice, a?ado.

A diferencia de lo sucedido en Alemania o Italia, aqu¨ª el r¨¦gimen autoritario no fue derrotado. M¨¢s bien, fue adecu¨¢ndose a una nueva realidad, resultado de una presi¨®n nacional e internacional, a sabiendas de que hab¨ªa que maquillar el futuro del Estado. La reforma era preferible a la ruptura. Ello explica que la transici¨®n fuera m¨¢s favorable a las derechas, y que la izquierda, por el contrario, d¨¦bil por la represi¨®n, en algunos instantes claves, optara por aceptar el sistema, las formas y los representantes que se le impon¨ªa. De haber existido entre esta dualidad un mayor equilibrio medi¨¢tico, social e institucional; de haberse depurado ej¨¦rcito, funcionarios, jueces y cuerpos de seguridad; si se hubieran exigido responsabilidades, muy probablemente la realidad hubiera sido distinta.

A punto de aprobarse el proyecto de ley que otorga derechos y ofrece medidas a quienes padecieron persecuci¨®n o violencia a causa de los hechos derivados del golpe fascista de 1936, cabe aplaudir sus intenciones sin que la voluntad de reencuentro deba significar anestesia colectiva. Sin embargo, se hace necesario denunciar que Manuel Jos¨¦ Garc¨ªa Caparr¨®s, asesinado en las calles de M¨¢laga el 4 de diciembre de 1977, quede fuera de esta ley, cuando la misma pone como fecha l¨ªmite para ser beneficiario el 6 de octubre de ese mismo a?o (?). Desconocemos por qu¨¦ esta ¨²ltima fecha no se ha fijado en el hito que marca la aprobaci¨®n de la carta magna.

As¨ª las cosas, cabe pensar que la citada ley es un punto de partida, y no de llegada, en el fomento de la memoria democr¨¢tica desde las pol¨ªticas p¨²blicas, y que por rechazar todos los organismos y leyes represivas de la dictadura, no debe marginar la suma de esfuerzos individuales y colectivos que significa. Afortunadamente, se ha superado el concepto de bando que, a¨²n siendo pretendidamente igualitario, en realidad, resulta peyorativo por cuanto equiparaba las leg¨ªtimas instituciones de la Rep¨²blica con las derivadas del levantamiento militar como causa primera que provoca la guerra fraticida. La supuesta equidistancia entre estos hechos que, en realidad, justifica la ausencia de condena a este origen de la contienda, no puede comparar vencedores ni vencidos, ya que s¨®lo los primeros rompieron las reglas democr¨¢ticas e hicieron de la violencia arma pol¨ªtica de Estado.

Con la Ley de Amnist¨ªa de octubre de 1977, una de las primeras medidas pol¨ªticas del primer gobierno democr¨¢tico con el respaldo de los grupos parlamentarios, se consigui¨® b¨¢sicamente dos cosas. En primer lugar, vaciar las prisiones de los presos de la oposici¨®n, incluso, de algunos que hab¨ªan cometido delitos de sangre. En segundo lugar, se aprob¨® con gran opacidad, una especie de punto final para los responsables pol¨ªticos del r¨¦gimen anterior. Dos art¨ªculos en concreto, impidieron perseguir a los torturadores y a aquellos que hubiesen cometido abuso de poder durante la dictadura.

En cualquier caso, resulta alarmante escuchar a determinados creadores de opini¨®n p¨²blica afirmar que gracias al r¨¦gimen franquista, o bien se trajo el desarrollo a Espa?a, o peor todav¨ªa, fue posible un tr¨¢nsito pac¨ªfico a la democracia que vivimos. La memoria hist¨®rica es un patrimonio colectivo que atestigua la lucha por las libertades democr¨¢ticas y los derechos sociales, y al velar por ella, hay que hacerlo con minuciosidad y rigor. Lo contrario es un flaco favor al futuro que merecemos.

Manuel Ruiz Romero es doctor en Historia y especialista en la Transici¨®n