Los juzgados deber¨¢n usar todos sus medios antes de utilizar a los Mossos como carteros
Las reiteradas protestas policiales obligan a crear un protocolo de actuaci¨®n
Los Mossos d'Esquadra no s¨®lo velan por la seguridad de los ciudadanos. Tambi¨¦n deben hacer funciones m¨¢s propias de un cartero por orden de los juzgados. Aunque les moleste: la ley les obliga a ello. Pero s¨®lo en algunos supuestos: cuando hay que citar a alguien para que comparezca de inmediato, cuando resulta imposible localizar a un individuo, o en las llamadas "citaciones conflictivas", por ejemplo, ante una persona violenta. En otros casos, los funcionarios judiciales deber¨ªan solventar la papeleta con los medios a su alcance. Deber¨ªan. Porque en la pr¨¢ctica no lo hacen y piden el auxilio de las fuerzas del orden con demasiada alegr¨ªa.
Justicia cree que los Mossos han de "integrar" el servicio de correo judicial
La secretaria de Gobierno del TSJC denuncia la "mala praxis" judicial
La carga de trabajo que soportan los agentes de polic¨ªa en tareas que, en principio, no les competen, no es un problema nuevo. Ya en 1894, la Guardia Civil expresaba por escrito su malestar y ped¨ªa que se limitara "a los casos absolutamente necesarios" su utilizaci¨®n como correo judicial. Su objetivo era no verse privados "de un tiempo precioso que el benem¨¦rito cuerpo necesita para llevar a cabo su misi¨®n social, protectora y ben¨¦fica", seg¨²n el pomposo y retorcido lenguaje decimon¨®nico.
El resto de cuerpos de seguridad han sufrido la misma condena. Los Mossos ejecutaron en 2006 alrededor de 55.000 requerimientos judiciales. Se desconoce cu¨¢ntos de ¨¦stos fueron obligatorios y cu¨¢ntos podr¨ªan haberse ahorrado. Y eso, s¨®lo en la ciudad de Barcelona. Un volumen de trabajo extraordinario que supone miles de horas y que trastoca la planificaci¨®n diaria, sostienen los mandos policiales.
En 2005, la polic¨ªa auton¨®mica expuso formalmente sus quejas durante una reuni¨®n y exigi¨® que se tomaran medidas. La secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), Maria Ant¨°nia Amig¨®, ha reaccionado ahora, dos a?os despu¨¦s de aquella petici¨®n. Amig¨® ultima un protocolo para corregir lo que considera "mala praxis" de numerosos secretarios judiciales. La secretaria de Gobierno, nombrada por el Departamento de Justicia, es quien posee las competencias para dar instrucciones a los funcionarios.
La citada mala pr¨¢ctica se resume en que los secretarios judiciales acuden directamente a los Mossos antes de agotar los medios de los que disponen. Un ejemplo: para consultar el domicilio de un individuo, los funcionarios pueden conectarse a las bases de datos de Hacienda y de la Seguridad Social. El objetivo del protocolo es que, en los casos en que el concurso de la polic¨ªa no sea obligatorio por ley, se recurra a sus servicios "s¨®lo en casos excepcionales y como ¨²ltima opci¨®n", detalla Amig¨®. La secretaria asegura que el informe se presentar¨¢ en un breve plazo de tiempo y resalta que ser¨¢ "de obligado cumplimiento".
La culpa de este mal end¨¦mico, ?es exclusiva de los funcionarios judiciales? Amig¨® opina que no y atribuye parte del problema a la "falta de recursos" designados por la Generalitat. "Debemos ver hasta qu¨¦ punto los cuerpos de auxilio judicial, encargados de hacer las notificaciones, son suficientes. Y comprobar la disponibilidad de medios de transporte". Coincide con ella, en este aspecto, la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja. En su opini¨®n, hay falta de medios materiales y personales, insuficiencia de plantilla y ausencia de servicio de taxi y transporte p¨²blico para practicar determinadas citaciones.
Frente a esas consideraciones, la secretaria de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia del Departamento de Justicia, ?ngels Vivas, sostiene que la responsabilidad es exclusiva de la judicatura. "Es algo que ha de resolver la Sala de Gobierno", dice. Tambi¨¦n rechaza, de forma tajante, que falten medios de transporte o recursos inform¨¢ticos, pese a las deficiencias reveladas por la juez decana. Vivas recuerda que la Generalitat prev¨¦ destinar 37 millones para infraestructuras tecnol¨®gicas de la futura Ciudad de la Justicia.
La secretaria de Justicia considera que ejercer de carteros ocasionales no tiene por qu¨¦ trastocar la organizaci¨®n de los Mossos. "Han de saber integrar ese servicio espor¨¢dico dentro de su programaci¨®n. Y si est¨¢n realizando, por ejemplo, una vigilancia, tambi¨¦n pueden hacer de paso la tarea que les ha pedido el juzgado", argumenta. Vivas no cree que vaya en contra de la calidad del servicio que prestan los Mossos, a pesar de las reiteradas protestas policiales en ese sentido.
Hay otras razones de fondo que tambi¨¦n explican la carga de trabajo de los Mossos, que en lo de va de a?o ya han atendido m¨¢s de 40.000 requerimientos (la mayor¨ªa, por orden de juzgados de instrucci¨®n y penales). Una de ellas fue la puesta en marcha de los juicios r¨¢pidos en 1992, que oblig¨® a recurrir con m¨¢s asiduidad a las fuerzas de seguridad. O la modificaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2003, que aument¨® los supuestos en los que se hace necesaria la mediaci¨®n policial.
Protestas y propuestas
Los Mossos d'Esquadra han tenido que protestar durante a?os para que la secretaria de la Sala de Gobierno del TSJC haya decidido poner orden. Pero antes de la elaboraci¨®n del protocolo, que estar¨¢ listo en unas semanas, desde otras instancias ya se hab¨ªan formulado propuestas. En 2005, el Departamento de Justicia propuso a la Sala de Gobierno que elaborase un protocolo, seg¨²n explica la secretaria ?ngels Vivas. El documento apuntaba algunas actuaciones de mejora. La Sala de Gobierno debati¨® el asunto en una sesi¨®n celebrada el 28 de marzo de 2006. S¨®lo dos decanatos -los de El Prat de Llobregat y Figueres- pusieron en duda "la competencia del Departamento de Justicia para examinar dicha materia", al entender que debe quedar "al criterio exclusivo de los jueces y tribunales correspondientes". En aquella ocasi¨®n, la sala acord¨® instar al departamento a promover, en la nueva oficina judicial, "la creaci¨®n de servicios comunes de notificaciones" en todos los partidos judiciales, "dot¨¢ndoles de los medios necesarios".
La juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, elabor¨® despu¨¦s un estudio para mejorar el llamado Servicio de Actas de Comunicaci¨®n (SAC) penal, que entreg¨® a los responsables de los departamentos de Justicia e Interior. "Lo tenemos en cuenta", dice Vivas, que, no obstante, ha encargado "otros estudios" externos sobre el mismo asunto. Sanahuja propone agilizar y extender el acceso a las bases de datos inform¨¢ticas, as¨ª como dotar a los funcionarios de agendas electr¨®nicas para mejorar la eficacia del servicio.
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