El peor ejemplo

Dos operaciones contra la corrupci¨®n urban¨ªstica han provocado la detenci¨®n del alcalde de la localidad murciana de Totana, Jos¨¦ Mart¨ªnez Andreo, del PP, y de otras 11 personas, entre ellas la secretaria municipal y el jefe de la Polic¨ªa Local, acusadas de cohecho, falsificaci¨®n de documento p¨²blico, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n y blanqueo de dinero. La gravedad de las acusaciones, sostenidas por la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa de Delitos Urban¨ªsticos y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Totana, tiene dos lecturas inmediatas. La primera recuerda las enormes proporciones que ha adquirido el delito urban¨ªstico en los ayuntamientos y la consiguiente p¨¦rdida de credibilidad de las autoridades locales ante la opini¨®n p¨²blica. Existe el riesgo evidente de que los ciudadanos identifiquen a los cargos locales con el latrocinio, el enriquecimiento ilegal y la destrucci¨®n del paisaje urbano. La segunda es m¨¢s positiva, puesto que las instituciones p¨²blicas encargadas de fiscalizar el desempe?o de comunidades y ayuntamientos est¨¢n demostrando una notable eficacia.

Pero de nuevo aparece en el caso de Totana un elemento pol¨ªtico perturbador. El Partido Popular no s¨®lo no se escandaliz¨® de que un afiliado suyo est¨¦ (presuntamente) implicado en una trama corrupta -actitud que hubiera llevado a la expulsi¨®n inmediata del partido-, sino que, por boca de Eduardo Zaplana, lleg¨® a insinuar que la detenci¨®n de sus militantes se deb¨ªa a un perverso inter¨¦s del Gobierno en desprestigiar al primer partido de la oposici¨®n. Como en los casos de Telde o Andratx, el PP niega la realidad bajo el falso principio de que s¨®lo se debe actuar pol¨ªticamente contra las personas con sentencia firme.

El PP se equivoca al confundir responsabilidad penal con responsabilidad pol¨ªtica. Otros partidos que afrontaron y afrontan casos de corrupci¨®n -la delincuencia urban¨ªstica no es patrimonio de ning¨²n grupo en particular- reaccionaron con la expulsi¨®n de los implicados y transmitieron el inequ¨ªvoco mensaje de que los servidores p¨²blicos implicados judicialmente en casos delictivos deben abandonar la vida pol¨ªtica, por respeto a los votantes. La doctrina de los populares no trasluce la misma firmeza y desdice su reiteradamente proclamado compromiso contra la corrupci¨®n.