La Junta derriba por orden judicial las primeras viviendas ilegales de C¨®rdoba

La excavadora dio la primera dentellada al ladrillo a las diez y media de la ma?ana. Y, unos minutos despu¨¦s, s¨®lo quedaban cascotes en el solar. Sobre los escombros se sent¨® Jes¨²s Casas, el due?o de la parcela. Su chal¨¦ de la urbanizaci¨®n ilegal Pedrique de Obejo (C¨®rdoba) fue el primero en caer ayer.

Luego, las m¨¢quinas acabaron con cuatro edificaciones m¨¢s de la misma parcelaci¨®n. Se trata de las cinco primeras casas ilegales que se derriban en la provincia de C¨®rdoba tras una orden judicial. Es un hecho hist¨®rico para la Junta de Andaluc¨ªa, encargada de ejecutar la sentencia de demolici¨®n y empe?ada ahora en poner frena al urbanismo desordenado en la comunidad. Y es una tragedia para las cinco familias que viv¨ªan o pasaban los fines de semana all¨ª y que, seg¨²n dicen, pagaron entre 60.000 y 90.000 euros por unas parcelas en las que sab¨ªan que no se pod¨ªa construir al estar en suelo no urbanizable.

La Polic¨ªa auton¨®mica impidi¨® que hubiera altercados durante la operaci¨®n de demolici¨®n y restauraci¨®n del terreno. S¨®lo uno de los moradores, Antonio Alonso, tuvo que ser evacuado en una ambulancia al sufrir un ataque de ansiedad. ?l y su mujer eran los ¨²nicos que resid¨ªan de forma habitual all¨ª.

La demolici¨®n de ayer se produjo tras una sentencia del Juzgado de lo Penal, de 1 de noviembre del 2006, confirmada en marzo por la Audiencia.El fallo conden¨® al promotor a un a?o y ocho meses de prisi¨®n, a una multa de 2.520 euros y a hacerse cargo del derribo de las edificaciones, algo que finalmente no ha ocurrido, por lo que la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, que hab¨ªa reservado para este a?o seis millones de euros para hacer frente a demoliciones, ha costeado la operaci¨®n.

Los cinco moradores de las casas han intentado frenar los derribos hasta el ¨²ltimo momento en el Tribunal Constitucional. Ayer se quejaron de que, durante todo el proceso judicial, ellos no han estado personados, ya que el promotor no mencion¨® que hab¨ªa vendido las parcelas a terceros. "Hemos pagado el pato nosotros", dijo ayer Fernando Lora, uno de los afectados.

El abogado de los cinco parcelistas, Rafael Aranda, reconoci¨® ayer que entre el promotor y sus clientes s¨®lo existe un contrato de compraventa que no fue registrado, aunque indic¨® que han aportado facturas bancarias que acreditan la transacci¨®n. Aranda anunci¨® que demandar¨¢n al constructor por presunto delito de estafa.