Un canon contaminado

El debate sobre el canon digital sufre tal contaminaci¨®n que entorpece la b¨²squeda de una soluci¨®n socialmente bienvenida. Espa?a, como la mayor¨ªa de pa¨ªses de la Europa comunitaria, salvo el ¨¢rea anglosajona, admite que quien acceda legalmente a una obra cultural obtenga una copia para su uso privado. Ello comporta que el autor deba ser resarcido por este consumo no retribuido de su trabajo.

La propiedad intelectual no est¨¢ en discusi¨®n, pero en el planeta de la cultura los derechos que comporta est¨¢n matizados y una prueba de ello es que se trata de una propiedad temporal que termina en el dominio p¨²blico. Este particular estatuto de las obras culturales induce err¨®neamente a aceptar cualquier traj¨ªn gratuito de las mismas, opci¨®n que no se plantea cuando se compra un yogur en el supermercado. No se discute la remuneraci¨®n del autor, pero no est¨¢ resuelto c¨®mo ampararla.

El pago de una compensaci¨®n por la copia privada se ha separado formalmente de un resarcimiento al autor por la merma de ingresos que producen las descargas gratuitas de obras en Internet. Al margen de su consideraci¨®n legal -pirater¨ªa para unos; intercambio amistoso para otros- el canon no ha de estar calculado con este fin. Aunque es dif¨ªcil cuantificar con precisi¨®n el lucro cesante que supone la copia privada, que la factura anual del canon suponga m¨¢s de cien millones de euros de ingresos para las sociedades de gesti¨®n induce a pensar que se ha buscado, por esta v¨ªa, una compensaci¨®n por el fen¨®meno de las descargas, que plantea problemas de otra ¨ªndole. Defender al mismo tiempo un canon indiscriminado y que las descargas son pirater¨ªa puede conducir a la legitimaci¨®n involuntaria de esta ¨²ltima.

La antipat¨ªa ciudadana por el canon se sustenta en varias circunstancias. El canon cohabita en el mercado con obras protegidas por sistemas anticopia. Es un mecanismo recaudatorio que pagan todos los compradores, incluso quien no disfrutar¨¢ de copias privadas, y se aplica adem¨¢s a algunas m¨¢quinas no dedicadas primordialmente a este fin. Ello, sin contar los eternos debates sobre c¨®mo administran y distribuyen estos ingresos las sociedades de gesti¨®n. Por otra parte, los fabricantes contrarios al canon tendr¨ªan que reconocer que son precisamente los usos digitales gratuitos los que tiran del mercado de sus aparatos.

En la Europa continental, la mayor¨ªa de pa¨ªses aplica un canon, pero difieren las cantidades, los soportes, qui¨¦n fija la cuant¨ªa y qui¨¦n lo administra. En Finlandia es el Gobierno quien decide las tarifas, qu¨¦ organizaci¨®n lo cobra y c¨®mo se distribuye. En Noruega, lo paga el Estado. Sea cual sea el final de la enmienda que se debate hoy, Espa?a debe repensar global y serenamente la cuesti¨®n para no dejar en el desamparo a los creadores, a la industria cultural, y conseguir a la vez que quien paga, en funci¨®n de su actividad, lo vea como un acto de justicia.