El Gobierno lleva al Constitucional la ley matrimonial de r¨¦gimen foral
Camps cree que las ayudas al alquiler joven de Zapatero invaden competencias
El Gobierno central acord¨® ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley valenciana de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial. El recurso del Gobierno supone un serio tropiezo para la primera ley auton¨®mica con la que el Consell, que preside Francisco Camps, intenta recuperar el derecho foral valenciano.
El Ejecutivo central discute c¨®mo se regula la separaci¨®n de bienes
Rambla sostiene que el Consell debe gestionar toda la ayuda a la vivienda
Esta ley de R¨¦gimen Econ¨®mico Matrimonial, que fue aprobada en las Cortes Valencianas con el apoyo del PP y Esquerra Unida y la oposici¨®n del PSPV, recupera la costumbre foral que fijaba la separaci¨®n de bienes en los matrimonios, en vez del r¨¦gimen de gananciales que preside el derecho castellano en vigor. La ley elaborada por el Consell, y contestada desde sus primeros compases, tiene tal complejidad de instauraci¨®n que incluy¨® una disposici¨®n adicional retrasando su entrada en vigor hasta abril de 2008. Aunque una vez sea de aplicaci¨®n, todos los nuevos matrimonios formalizados en la Comunidad Valenciana -a no ser que se pida expresamente el r¨¦gimen de gananciales de la legislaci¨®n estatal- se regular¨¢n por esta nueva carta de derechos y obligaciones.
El recurso del Gobierno al Constitucional cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. En la argumentaci¨®n del recurso, el Ejecutivo recuerda que el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n establece que, en el ejercicio de la competencia auton¨®mica, se requiere que el derecho que vaya a ser objeto de conservaci¨®n, desarrollo y modificaci¨®n tenga una necesaria vigencia, sin que pueda ampliarse ilimitadamente a cualquier materia objeto de regulaci¨®n pasada.
El Consell argumenta que el nuevo Estatuto de autonom¨ªa reconoce la competencia de las instituciones valencianas para recuperar los fueros abolidos en 1707. El derecho foral, a diferencia del vasco o el catal¨¢n, no est¨¢ recogido en la Constituci¨®n y el nuevo Estatuto de autonom¨ªa valenciano es la primera ley de rango org¨¢nico donde se recoge la posibilidad legal de recuperar normas forales, aunque siempre al amparo de la Constituci¨®n espa?ola.
El Gobierno discrepa, fundamentalmente, de los art¨ªculos referidos al r¨¦gimen legal de la separaci¨®n de bienes, la carta de nupcias y las capitulaciones matrimoniales. Tambi¨¦n se cuestiona la introducci¨®n de figuras como la german¨ªa -una figura jur¨ªdica que permite a los c¨®nyuges aplicar el r¨¦gimen de gananciales a determinados bienes- y determinadas reglas relacionadas con la compensaci¨®n del trabajo dom¨¦stico.
Por su parte, el Consell replic¨® ayer iniciando el tr¨¢mite para llevar ante el Constitucional el decreto que regula la renta b¨¢sica de emancipaci¨®n de los j¨®venes -las ayudas para alquilar una vivienda- que concede el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, explic¨® que el Ejecutivo valenciano ha interpuesto requerimiento de incompetencia al Gobierno por la renta de emancipaci¨®n. Este es el primer tr¨¢mite para acudir con posterioridad al Constitucional.
Seg¨²n Rambla, estas ayudas del Gobierno a los j¨®venes para que accedan a una vivienda son una "injerencia constitucional" en las competencias de la Generalitat en materia de vivienda.
"Lo que est¨¢ haciendo el Gobierno de facto", prosigui¨® Rambla, "es sustraer competencias auton¨®micas de titularidad exclusiva". El vicepresidente primero argument¨® que lo razonable ser¨ªa que el Estado transfiriera estos fondos destinados a subvenciones a las autonom¨ªas para que las mismas puedan disponer de las ayudas lo antes posible para adaptarlas a las peculiaridades de sus respectivos territorios.
Rambla asegur¨®, no obstante, que el inicio del tr¨¢mite para solicitar la inconstitucionalidad no supondr¨¢ la paralizaci¨®n de las ayudas que destina el Gobierno a los ciudadanos en la Comunidad Valenciana.
El alto tribunal no avala el trasvase del Ebro
El Tribunal Constitucional no avala el trasvase del Ebro que reclama el Consell y el PP. La sentencia emitida por el alto tribunal el pasado jueves rechaza el recurso del Gobierno de Arag¨®n al art¨ªculo 17 del Estatut que recoge el derecho de los valencianos al agua procedente de cuencas excedentarias, pero indica que su validez no supone imposici¨®n alguna al Estado. Id¨¦nticos argumentos utiliza la sentencia del TC que rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el mismo art¨ªculo por el gobierno de Castilla-La Mancha.
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, introdujo ayer matices en el discurso popular. Si inicialmente el fallo del Constitucional fue acogido con alborozo por el Consell y por el PP al considerar que avalaba la reivindicaci¨®n del trasvase del Ebro, ayer Rambla habl¨® de la necesidad de que el Gobierno "se implique" y desarrolle las leyes estatales necesarias para hacer posible el trasvase.
Por su parte, la portavoz socialista en temas de agua en el Congreso de los Diputados, Juana Serna, acus¨® al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de precipitarse en la interpretaci¨®n del fallo del Tribunal Constitucional.
"A d¨ªa de hoy el trasvase del Ebro no se va a hacer porque es una antigualla y, adem¨¢s, el programa AGUA del Gobierno socialista trae m¨¢s agua".
Serna argument¨® que el trasvase del Ebro, que no hubiese llevado agua a Alicante hasta el a?o 2016 y m¨¢s cara, s¨®lo ha servido para generar una nueva guerra del agua en Espa?a y en el seno del propio PP. La diputada socialista contrast¨® esta situaci¨®n con el programa AGUA, que tiene un car¨¢cter "pac¨ªfico".
La parlamentaria exigi¨® a Camps y al l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, que sean leales con las instituciones.
La diputada de Izquierda Unida por Valencia, Isaura Navarro, manifest¨® ayer, tras conocer el contenido de la sentencia del Constitucional, que el art¨ªculo del Estatut que regula el derecho de los valencianos al agua sobrante es "un panfleto sin derechos exigibles"
Navarro recalc¨® que el alto tribunal considera el art¨ªculo 17 del Estatut constitucional pero no obliga al Estado a realizar trasvases, por lo que la transferencia de caudales sobrantes continuar¨¢ regulada por la legislaci¨®n estatal.
"Es un principio program¨¢tico para influir en los poderes p¨²blicos", dijo Navarro, que compar¨® el art¨ªculo 17 del Estatut con el art¨ªculo de la Constituci¨®n que reconoce el derecho de los espa?oles a una vivienda digna. Es decir, un derecho no exigible.
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