Interior desiste de regular a los confidentes

El Gobierno no ha hallado base legal ni f¨®rmula alguna para regular la figura del confidente policial ni para crear un fichero de informadores de las fuerzas de seguridad. La creaci¨®n de esta base de datos era una recomendaci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria del 11-M, tras comprobarse que dos implicados en los atentados, Jos¨¦ Emilio Su¨¢rez Trashorras y Raf¨¢ Zouhier, ambos condenados, eran chivatos de polic¨ªa y Guardia Civil, respectivamente. "No hemos encontrado la forma de ordenar este asunto", asegura un alto cargo del Ministerio del Interior.

La comisi¨®n del 11-M recomend¨® una regulaci¨®n "legal y reglamentaria" de la figura de los confidentes policiales que tasara la relaci¨®n de ¨¦stos con sus controladores. Adem¨¢s, reclamaba la creaci¨®n de una base de datos para que hubiera un control de sus identidades, de sus informaciones y del dinero que deb¨ªan cobrar por su trabajo.

Pero, dos a?os y medio despu¨¦s de esa recomendaci¨®n, nada se ha podido hacer. La principal dificultad estriba "en la falta de definici¨®n legal y, en consecuencia, de cobertura de tales actividades", asegura Interior. Se ha acudido a la legislaci¨®n comparada para hallar una f¨®rmula. "Y hay muy poco porque es muy dif¨ªcil regular eso", aseguran fuentes del ministerio.

El trabajo de los confidentes se considera "clave y vital" en determinados ¨¢mbitos delictivos, pero especialmente en asuntos de terrorismo. La variedad de confidentes y confidencias, no obstante, dificulta una regulaci¨®n ¨²nica. No es lo mismo un peque?o delincuente de barrio que se chiva del traficante que compite con ¨¦l (Trashorras) que un no delincuente que, por ejemplo, informa de los planes terroristas que est¨¢n elaborando los amigos que ha hecho en la mezquita (el caso del confidente llamado Cartagena).

La legislaci¨®n espa?ola no define la figura del informador policial o del colaborador de la justicia. "Antes de poder crear una base de datos de este tipo habr¨ªa que definir las personas que se pueden incluir" en esa relaci¨®n, indican fuentes del Interior.

El problema fundamental es que el confidente, lo que en el argot policial se conoce como un chota, est¨¢ "en los l¨ªmites de la legalidad". Es normalmente un chorizo y, a la vez, una pieza clave contra el delito. Entonces, ?c¨®mo se equilibran los particulares intereses del confidente con el inter¨¦s p¨²blico que para un agente policial puede tener la informaci¨®n que el anterior facilita? De hecho, la relaci¨®n entre chivato y polic¨ªa supone un riesgo jur¨ªdico para el agente del orden.

Por ello, y aunque no se atisba f¨®rmula alguna, Interior sigue buscando la manera de dar una cobertura legal a esta relaci¨®n. Pero si los agentes se arriesgan a caer, a rozar el delito, los confidentes se juegan su vida en caso de ser descubiertos. Es precisamente la seguridad personal del informador otro de los motivos alegados, en este caso por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los confidentes, por definici¨®n, "ponen en riesgo su vida al estar directamente vinculados al medio delictivo", seg¨²n Interior. "Su confianza, factor esencial para posibilitar la adecuada obtenci¨®n de informaci¨®n, est¨¢ estrictamente vinculada a la seguridad personal que reciben". Los funcionarios policiales consideran que crear un registro, un fichero de confidentes, aunque sea de consulta limitada, "supondr¨ªa un menoscabo de la confianza" del confidente en su controlador, lo que mermar¨ªa "la operatividad de esa figura". Interior admite que "algo habr¨¢ que hacer", pero que "no hay una salida f¨¢cil".