La lengua como arma arrojadiza

La andadura de la Constituci¨®n espa?ola como encarnaci¨®n del consenso que alcanzaron los espa?oles durante la Transici¨®n parece tocar a su fin. En este momento el texto constitucional se halla bajo el fuego cruzado de los que proponen superarlo en un sentido federalizante y de los que, en sentido opuesto, m¨¢s que una reforma constitucional postulan una contrarreforma constitucional, que d¨¦ marcha atr¨¢s en el desarrollo del Estado auton¨®mico, reduciendo abiertamente la autonom¨ªa a la descentralizaci¨®n. Y todo ello sin olvidar a los que, simplemente, ya no desean vivir bajo ninguna Constituci¨®n espa?ola.

En fechas recientes se ha presentado en sociedad un nuevo partido pol¨ªtico que hace precisamente de la contrarreforma constitucional su principal bandera. Si el posible impacto electoral de Uni¨®n, Progreso y Democracia (UPD) es todav¨ªa una inc¨®gnita, su impacto medi¨¢tico y pol¨ªtico son evidentes: acaso temeroso de la competencia que supone UPD, uno de los dos grandes partidos espa?oles ya ha corrido a apropiarse tanto de la filosof¨ªa del nuevo partido (donde UPD dice que la base de la ciudadan¨ªa democr¨¢tica es "la libertad en igualdad", el PP proclama que Espa?a es una "naci¨®n de ciudadanos libres e iguales") como de la propuesta de reforma constitucional como instrumento para el cierre definitivo del modelo territorial.

?Espa?a tiene una sola lengua? ?No son espa?oles el catal¨¢n/valenciano, el gallego y el euskera?

B¨¦lgica, Suiza y Finlandia son ejemplos de democracias multiling¨¹es

Adem¨¢s de cerrar el modelo territorial, la propuesta de reforma constitucional que preside el manifiesto de UPD se centra en la "mejora y refuerzo de los derechos y obligaciones individuales, que deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos del pa¨ªs". Al parecer, el art¨ªculo 139 de la Constituci¨®n es insuficiente como garant¨ªa de esa igualdad: "Todos los espa?oles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Y probablemente es insuficiente porque el art¨ªculo 139 no ha impedido que el Tribunal Constitucional, un ¨®rgano no precisamente "sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas", lo interprete de un modo que excluye la estricta igualdad. En su sentencia 46/1991, el Tribunal Constitucional se pronunci¨® sobre la constitucionalidad de una ley del Parlamento de Catalu?a seg¨²n la cual durante el proceso de selecci¨®n los aspirantes a funcionarios auton¨®micos en esa comunidad deb¨ªan acreditar el conocimiento oral y escrito de la lengua catalana. Pues bien, he aqu¨ª lo que dispuso nuestro Alto Tribunal al desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto: "El establecimiento de un r¨¦gimen de cooficialidad ling¨¹¨ªstica en una parte de territorio del Estado no contradice el principio de igualdad de los espa?oles en todo el territorio nacional, ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monol¨ªtica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones". No se trata de un pronunciamiento aislado, sino toda una l¨ªnea jurisprudencial cuyo ¨²ltimo reflejo es la reciente sentencia sobre el Estatuto valenciano, seg¨²n la cual "la pluralidad y la diversidad de ordenamientos son rasgos consustanciales al Estado auton¨®mico y su realidad no puede, por definici¨®n, ser contraria a la Constituci¨®n, que es, al cabo, la norma que la hace posible".

La referencia a cuestiones ling¨¹¨ªsticas por parte de UPD no es fortuita, porque en su propuesta de estricta igualdad este partido reserva una posici¨®n crucial a la lengua castellana, considerada imprescindible "como veh¨ªculo de entendimiento general y debate de las cuestiones que ata?en a toda la comunidad", bajo la creencia de que una lengua com¨²n es el "instrumento pol¨ªtico para la realizaci¨®n dial¨¦ctica de la democracia". Este postulado niega impl¨ªcitamente la realidad de las democracias multiling¨¹es, como B¨¦lgica o Suiza, que funcionan perfectamente en ausencia de una lengua com¨²n. Lo de "perfectamente" puede resultar chocante para B¨¦lgica, que atraviesa una profunda crisis, pero no deber¨ªa serlo: la crisis belga no es causada por la ausencia de una lengua com¨²n, y en cualquier caso ning¨²n actor pone en duda el car¨¢cter triling¨¹e del Estado belga, que adem¨¢s del neerland¨¦s y franc¨¦s reconoce el alem¨¢n como lengua oficial. Si B¨¦lgica no convence, pi¨¦nsese en Suiza, una de las democracias m¨¢s antiguas, m¨¢s estables y m¨¢s pr¨®speras del continente europeo, donde el debate de las cuestiones que ata?en a todos los suizos discurre en tres lenguas oficiales (alem¨¢n, franc¨¦s e italiano). Que el multiling¨¹ismo no est¨¢ re?ido con la excelencia lo ilustra de manera certera Finlandia, que una vez m¨¢s encabeza con holgura el ranking del Informe PISA, con 63 puntos por encima de la media de la OCDE y 15 m¨¢s que en el a?o 2003. Pocos comentaristas del Informe PISA han recordado que Finlandia reconoce dos lenguas nacionales (fin¨¦s y sueco): el hecho de hablar dos lenguas distintas no ha impedido a los parlamentarios finlandeses debatir y aprobar la legislaci¨®n en que se fundamenta un sistema educativo que es la admiraci¨®n del mundo entero. En fin, el postulado de la lengua com¨²n tambi¨¦n niega la realidad de nuestra Uni¨®n Europea, para la cual el "instrumento pol¨ªtico para la realizaci¨®n dial¨¦ctica de la democracia" es precisamente el multiling¨¹ismo. Pero lo m¨¢s remarcable de este postulado no es que contradiga la actividad de Rosa D¨ªez o la de los actuales eurodiputados del PP, que debaten sobre cuestiones que ata?en a todos los europeos en ausencia de una lengua com¨²n europea; lo m¨¢s remarcable es que nos lleve sin demasiado disimulo de la estricta igualdad entre los ciudadanos espa?oles a su estricta jerarquizaci¨®n.

En su manifiesto UPD propone "el escrupuloso cumplimiento del derecho a la escolarizaci¨®n en la lengua materna, atacado y negado en varias comunidades aut¨®nomas". Para empezar, la propuesta supone otra reforma constitucional, aunque UPD se olvide de presentarla como tal, porque nuestro Tribunal Constitucional tambi¨¦n ha declarado que del art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n, que regula el derecho a la educaci¨®n, no se desprende el derecho a recibir la ense?anza en la lengua materna del interesado, lo cual faculta a los poderes p¨²blicos (en este caso de Catalu?a) las lenguas de comunicaci¨®n en la ense?anza (STC 337/1994). El problema de esta propuesta es que, aunque mencione la "lengua materna", en realidad se refiere exclusivamente el castellano. (Si el derecho se aplicara realmente a la lengua materna de cada cual, y los derechos individuales "deben ser estrictamente iguales para todos los ciudadanos", deber¨ªamos encontrar a Rosa D¨ªez defendiendo el derecho a escolarizarse en catal¨¢n/valenciano, gallego o euskera a los espa?oles de esas lenguas maternas residentes en Madrid -un derecho, por cierto, que hasta ahora no hab¨ªa demandado nadie-). He aqu¨ª, pues, que UPD plantea una doble tipolog¨ªa de ciudadanos en su marco de estricta igualdad: los espa?oles de lengua materna castellana, que tendr¨¢n derecho a escolarizarse en su lengua est¨¦n donde est¨¦n, y los espa?oles de otras lenguas maternas, cuyo igual derecho no se contempla. Y si esto no es un s¨ªntoma inequ¨ªvoco de jerarquizaci¨®n de los ciudadanos en funci¨®n de sus lenguas, v¨¦ase la defensa de la prevalencia de la lengua "com¨²n" sobre la "particular" (terminolog¨ªa preconstitucional incluida), una prevalencia que conlleva descartar el conocimiento de una lengua "particular" como requisito para ejercer empleos p¨²blicos -en contra, una vez m¨¢s, de la acreditada jurisprudencia constitucional-. La doble tipolog¨ªa es inequ¨ªvoca: habr¨¢ unos ciudadanos espa?oles que siempre tendr¨¢n la garant¨ªa de poder comunicarse en su lengua con los empleados p¨²blicos y otros ciudadanos, no menos espa?oles, privados de esa misma garant¨ªa.

Lo inquietante de este asunto no es que aparezca un partido nuevo con tan enga?osos postulados. Es m¨¢s inquietante que uno de los dos grandes partidos de Espa?a, con posibilidades serias de gobernar, los incorpore a su programa pol¨ªtico. Y, puestos a concretar, lo m¨¢s inquietante de todo es lo que dijo Mariano Rajoy en la conferencia pol¨ªtica del PP del pasado mes de noviembre: "Si las autonom¨ªas defienden su lengua, Espa?a tendr¨¢ que defender la suya". Disculpen ustedes: ?Espa?a tiene una sola lengua? ?Acaso habr¨¢ que reformar tambi¨¦n el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n, para sustraer al catal¨¢n/valenciano, gallego y euskera su condici¨®n de lenguas espa?olas?

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona