Los arquitectos prev¨¦n graves da?os en el Teatro Romano si se interviene

El Teatro Romano de Sagunto est¨¢ en conversaciones de calle, en el discurso pol¨ªtico, en reflexiones de t¨¦cnicos. Y no por su belleza, ac¨²stica, aforo o programa. El Tribunal Supremo le ha dado presente a una ruina del siglo I al confirmar que las obras de rehabilitaci¨®n que firmaran en los a?os noventa Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, deben desaparecer, son ilegales. No ha sido una sorpresa. 17 a?os en los tribunales y un primer fallo en el mismo sentido en 1993 hac¨ªan presagiar este final. Fue el abogado y m¨¢s tarde diputado auton¨®mico del PP Juan Marco Molines quien llev¨® a los tribunales la rehabilitaci¨®n que la Administraci¨®n socialista aval¨® en su d¨ªa para dar utilidad al teatro, propiedad del Estado y de gesti¨®n auton¨®mica. Grassi y Portaceli vistieron de vanguardia el objetivo de recuperar la volumetr¨ªa y la disposici¨®n espacial de los teatros propias de la cultura del Imperio Romano. Eso supuso cambios de est¨¦tica, color y materiales. Tuvieron por igual defensores y detractores.

"Es imposible retornar el teatro a su estado original", afirma Llisterri

Gim¨¦nez: "Es incre¨ªble el apego que tiene a las ruinas la derecha"

La rehabilitaci¨®n se hizo. Y el teatro tiene, desde hace a?os, actividad y programa. Pero aquello, dijeron los jueces, no fue una rehabilitaci¨®n, sino una reconstrucci¨®n que modific¨® el aspecto del monumento. Y esa circunstancia no estaba amparada por la Ley Estatal de Patrimonio Hist¨®rico, de 1983. Marco Molines consigui¨® que los jueces pusieran negro sobre blanco que se ejecut¨® un proyecto fuera de la ley. No contento con ello, con el PP ya en el Ayuntamiento de Sagunto y en la Generalitat, dio un paso m¨¢s y pidi¨® en 2003, una vez confirmado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) por el Supremo, la ejecuci¨®n de la sentencia. El tribunal dio primero seis meses. Pero los recursos ampliaron ese plazo hasta los 18, como quer¨ªa el Consell. El Consistorio de Sagunto, que volv¨ªa en ese momento a ser socialista, recurri¨®. Y ha perdido. El Supremo ha dicho que las obras deben revertirse en 18 meses. El PP tiene un serio problema con muy dif¨ªcil escapatoria.

Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, ha anunciado que no se actuar¨¢ sin consenso entre las administraciones implicadas. Son dos: Ayuntamiento, del PP, y Generalitat, del PP. ?Consenso? ?Sobre qu¨¦? Los juristas tienen claro que es un callej¨®n sin salida. La ejecuci¨®n de sentencia es inexcusable. La sala es la responsable de velar que en 18 meses, periodo que puede extenderse por razones t¨¦cnicas, se cumple lo que dict¨®.

Profesionales de la arquitectura rechazan una nueva intervenci¨®n. El arquitecto Vicente Guallart, padre del proyecto Soci¨®polis, considera que "la actuaci¨®n que se hizo en el Teatro Romano de Sagunto forma parte ya de la historia". Seg¨²n ¨¦l, "las condiciones que tiene ahora son mejores de las que ten¨ªa antes". Guallart cree que "ejecutar la sentencia pone en riesgo una estructura que ya estaba seriamente da?ada". Y saca una conclusi¨®n: "Hay una primera lecci¨®n que debemos aprender: las leyes son muy importantes. La Ley de Patrimonio que estaba en vigor cuando se plante¨® este asunto era ultraconservadora. Ten¨ªa una visi¨®n muy restrictiva. Las leyes no pueden hacerse con visi¨®n a corto plazo. Deben hacerse con perspectiva, ser flexibles. Es muy complicado usar criterios jur¨ªdicos sobre criterios t¨¦cnicos. Esperemos que el Colegio de Arquitectos act¨²e con similar contundencia a como lo ha hecho en materia de urbanismo".

Fabi¨¢n Llisterri, arquitecto, ex decano del Colegio de Arquitectos valenciano, es tajante: "La reversi¨®n no es posible. Es imposible retornar el teatro a su estado original. Estamos en un Estado de Derecho y las sentencias est¨¢n para cumplirlas. Pero es imposible cumplirla si en la literalidad de la misma dice que se devuelva al estado original". Es consciente de la dificultad que se ha planteado. "?Qu¨¦ se puede hacer? No para sortear a la justicia, sino para cumplir con el fallo. La demolici¨®n necesita un proyecto. No creo que ning¨²n arquitecto firme que no se producir¨¢n da?os en la piedra original y asuma las responsabilidades que se deriven si ello es as¨ª. Hay que hacer un proyecto realista, no uno en el que se mienta. Y lo tiene que aprobar la comisi¨®n de Patrimonio. Devolver la obra a su estado original s¨®lo quitando la obra a?adida es imposible. Otra cosa es que se devuelva reconstruyendo despu¨¦s de quitar lo que se a?adi¨®. Si lo que se pretende es que el teatro quede como estaba, aunque no con las piedras originales, bueno. Pero eso es otro proceso. Si nos ponemos ortodoxos, no hay quien firme el proyecto. Es necesaria voluntad pol¨ªtica. Saldremos perdiendo si se toca. Quedar¨¢ peor de lo que estaba", afirma.

Emilio Gim¨¦nez, arquitecto del IVAM, es contundente. "Si se ejecuta la sentencia, ser¨¢ una mierda lo que salga, sobre todo si se la encargan a algunos arquitectos, mal¨ªsimos, que se oyen por ah¨ª". Entiende que "los jueces se han quitado este asunto de encima diciendo que no entraban a valorar si la rehabilitaci¨®n era buena o no". Y concluye: "Es incre¨ªble el apego que tiene la derecha a las ruinas, se ha burlado de la racionalidad, de la ilustraci¨®n, para crear ese ambiente de novela g¨®tica". El Colegio Oficial de Arquitectos no ha dicho a¨²n nada. Pero anuncia: "El colegio se inhibir¨¢, har¨¢ como los jueces, usar¨¢ su mismo lenguaje para ser pol¨ªticamente correcto".

A los t¨¦cnicos les parece una sentencia que no es ejecutable. Algunos juristas consultados consideran que no hay escapatoria. As¨ª lo expresa el letrado Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Morales: "La ejecuci¨®n de sentencia no admite m¨¢rgenes de interpretaci¨®n. Dice lo que dice, no otra cosa. Yo entiendo que cuando habla de dejarlo en el estado previo incluye que ese trance se reconstruya aquello que por la reversi¨®n se vea da?ado. Y no hay nada que acordar entre nadie, hay que cumplir lo que dice la sala, que es adem¨¢s quien vela porque se cumpla lo que ha dictado, al margen de que la parte que present¨® la demanda pueda comunicar, en el caso de que se produjera, un incumplimiento. Le corresponde a la Generalitat, no hay licencia que dar, hay que cumplir un fallo. Y no vale cumplirlo a medias, eso seguir¨ªa siendo un incumplimiento".